Colombia extraditó a 14 jefes paramilitares a EE. UU.

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BOGOTÁ (AP/AFP) _ En una sorpresiva medida, el gobierno del presidente Alvaro Uribe extraditó ayer a Estados Unidos a 14 encarcelados paramilitares, en un operativo aplaudido por Washington, pero intensamente criticado por la oposición y los parientes de las víctimas de esos bandas armadas, que estiman que ahora nunca se sabrá la verdad y que el gobierno intenta abortar las investigaciones de la Corte Suprema sobre los vínculos de decenas de políticos oficialistas y las fuerzas armadas con estos grupos armados.

Televisoras locales divulgaron imágenes de la llegada del avión a la terminal de Opa Loka, en Miami, cuando al menos una decena de los 14 extraditados descendían con las manos esposadas y después escoltados a cada lado por un agente de la agencia antidrogas estadounidense, DEA.

Entre los extraditados están Salvatore Mancusso, que fue portavoz de los paramilitares; Rodrigo Tovar Pupo (alias 'Jorge 40'), uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha; y Diego Fernando Murillo (alias 'Don Berna'), un antiguo lugarteniente del abatido capo del narcotráfico Pablo Escobar que en los años 90 se sumó a las AUC.

Mark R. Trouville, agente especial de la DEA a cargo del operativo, dijo que de los 14 extraditados, dos se quedaban en Miami, ocho irían a la capital Washington, uno a Nueva York, otro a Texas y dos a Tampa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Washington dio garantías al gobierno de Colombia de que «no pedirá la cadena perpetua para ninguno de los acusados, sino que pedirá penas de cárcel de varios años». «Estas extradiciones son otro paso sustancial adoptado por el gobierno de Colombia, en cooperación con Estados Unidos, para enjuiciar a quienes apoyan a organizaciones terroristas y envían drogas ilegales a este país'', dijo el secretario de Justicia estadounidense Michael B. Mukasey.

Unas horas antes Uribe dijo en un mensaje en cadena de radio y televisión que tomó la decisión porque el grupo de paramilitares incumplió reglas, acordadas en su desmovilización. «Unos seguían reincidiendo en el delito, otros no cooperaban debidamente con la Justicia, y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega», aseguró Uribe .

Aseguró además que Bogotá pidió y Estados Unidos aceptó que tanto funcionarios colombianos como ciudadanos de este país puedan enviar representantes a los juicios en aquella nación.»El país ha sido generoso con ellos, pero el gobierno no puede tolerar la reincidencia en el delito'', dijo el presidente , destacando que la extradición no significaba que el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares, iniciado a partir del 2003, hubiera acabado porque, dijo, al menos otros 600 miembros de esas bandas seguían en prisión y colaborando con la justicia.

Al someterse a la llamada ley de Justicia y Paz, los paramilitares se desarmaron, acordaron entregar sus bienes mal habidos para reparar a las víctimas y confesar sus crímenes para poder dar a parientes de desaparecidos y asesinados el derecho constitucional a conocer la verdad. Al cumplir esas normas, la ley les daba como beneficio una pena máxima de ocho años de prisión y suspender sus procesos de extradición, si los hubiera pendientes. El Fiscal General Mario Iguarán, dijo que debido a las confesiones de jefes encarcelados se han podido ubicar a 450 cadáveres de víctimas de estas bandas, dando así «satisfacción, en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura sicológica'' por no saber el paradero de sus seres queridos.