Ventajas de la tarjeta de crédito oficial

El lanzamiento del servicio de la tarjeta de crédito oficial constituye un beneficio exclusivo para los empleados públicos provinciales, donde ha sido el propio empleador (Estado provincial) el que lo propone, y se deberá tener en consideración que dicha propuesta no representa una erogación extraordinaria para el erario provincial.

En ese orden, se conoce que la misma está orientada a fomentar la competencia con otras tarjetas de crédito y/o entidades financieras, presumiendo una adhesión masiva de los agentes interesados en este atractivo ofrecimiento. Dentro de este análisis objetivo de valoración debemos mencionar cinco (5) ventajas sustantivas que la propuesta comprende en su contenido:

A) Adhesión voluntaria: quien la desea la solicita y quien no la acepta no le genera gastos de funcionamiento.

B) Autofinanciación del sistema que no requiere de endeudamiento por parte del Estado para la conformación del capital inicial, ni para su posterior funcionamiento.

C) Ofrecimiento de condiciones más favorables de acceso al crédito a los empleados que las impuestas por las demás tarjetas tradicionales o entidades bancarias.

D) Permanencia de los fondos dentro del erario provincial donde el giro de inversión, rentabilidad y ganancias usufructuadas permanecen dentro del territorio rionegrino, no existiendo migración de fondos fuera de la provincia.

E) Reinversión de fondos en el sistema. Lo ingresado se reinvierte obteniendo una mayor utilidad a favor del Estado, pudiendo engrosar la cartera crediticia para el otorgamiento de nuevos préstamos a empleados.

Con la valoración apuntada y la necesidad –por parte de los agentes públicos– de recurrir a fuentes de financiamiento adicionales más accesibles, la tarjeta de crédito oficial se convierte en un importante instrumento paliativo en la vida del empleado público provincial.

En ese mismo orden, desde el punto de vista de la defensa de los derechos del consumidor se puede deducir que, al irrumpir en el mercado, establece una suerte de competencia alternativa con las demás, y al pertenecer al propio Estado será éste el que la respalde, con la presunción de que la utilidad aplicada será inferior a la de cualquier otra entidad bancaria.

O sea, si ofrece la aplicación de una tasa de interés mensual diferenciado, descuentos y promociones para el nuevo servicio financiero, seguramente dispondrá de una mayor atracción al usuario que las existentes en el mercado, representando una alternativa válida de consumo. Los consumidores siempre bregamos por la competencia trasparente y, en este caso, se establece una nueva alternativa provista de alentadoras expectativas.

Asimismo, se puede afirmar que los magros haberes de los empleados impiden practicar giros comerciales de grandes dimensiones pero sólo debemos remarcar que la oferta está destinada a brindar una cobertura adicional a los agentes, además de las tarjetas tradicionales ya existentes en el mercado.

Por último, si la propuesta está dirigida a generar bienestar entre los agentes de la administración pública, bienvenida esta iniciativa, porque contribuye a la supervivencia del conjunto.

*Docente, exconcejal, fundador y 1º presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma