Con amigos como éstos…
A la larga -que en Argentina pueden ser dos días- a los dirigentes les sería aconsejable sobrerreaccionar frente a la crisis.
Un motivo por el cual la Argentina se ha transformado en el eslabón más precario de la cadena financiera internacional consiste en que lo que es considerado “políticamente viable” por los operadores radicales que a pesar de su escasa popularidad siguen manejando el aparato partidario tiene muy poco que ver con lo “económicamente viable”, inconveniente que dichos dirigentes siempre han tratado de soslayar asegurándonos que por razones filosóficas y morales lo político es intrínsecamente superior a lo económico y por lo tanto debería dominarlo en todo momento. Por desgracia, los planteos de este tipo, que todavía pueden oírse, sirven para nada más que convencer a quienes los formulan de que ellos mismos son pensadores excepcionalmente profundos dotados de una sensibilidad “humana” fuera de lo común. Sin embargo, en el mundo real, lugar en el que todos tenemos que vivir, la voluntad “principista” de los populistas que desde comienzos del siglo pasado llevan la voz cantante en la política nacional de rehusar tomar en cuenta las reglas económicas básicas sólo ha supuesto más miseria, atraso y desigualdad, de modo que a menos que cambien drásticamente su forma de pensar el país continuará hundiéndose.
Aunque en el curso de las semanas últimas muchos políticos parecen haber entendido que los eslóganes que han repetido una y otra vez desde hace décadas carecen de sentido, los debates parlamentarios en torno del megaajuste exigido más por el estado de las finanzas nacionales que por el gobierno han mostrado que no les está resultando fácil liberarse de sus actitudes habituales a pesar de que a esta altura deberían de ser conscientes de los perjuicios que han ocasionado. Puede que de haberse aprobado tres o cuatro meses antes las leyes resultantes hubieran sido suficientes como para ahorrarnos el colapso de confianza en las perspectivas nacionales que tanta consternación ha provocado aquí y en el exterior, pero esto no quiere decir que hayan sido adecuados como para impedir una caída catastrófica la semana que viene. Tal como están las cosas, cada triunfo de “lo político” hace que sea más probable una nueva serie de reveses económicos que pronto obliguen a los legisladores a discutir medidas que sean aún más antipáticas que aquellas que acabaran de repudiar. A la larga -lo que en el contexto argentino actual podría suponer en un par de días-, a los dirigentes les sería aconsejable sobrerreaccionar frente a la crisis porque si insisten en tratar de rehuirla lo único que lograrán es agrandarla. Es lo que han estado haciendo a partir de 1995 y es más que posible que haya llegado demasiado tarde la decisión reciente de actuar con más “realismo”.
Las muchas modificaciones del plan original que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa se ha visto constreñido a aceptar, calificándolas de “mejoras”, fueron impulsadas por radicales, frepasistas y peronistas que se proclamaban resueltos a defender a los pobres -es decir, a la inmensa mayoría- contra los que en su opinión se han propuesto castigarlos. Tal empeño sería admirable si no fuera por el hecho de que los responsables principales de la condición lamentable de la economía nacional son precisamente los líderes de la clase política. A través de los años, sus presuntos esfuerzos por impedir que los estatales, desocupados, trabajadores y empleados peor remunerados pagaran “los costos de la crisis” han tenido secuelas devastadoras para casi todos, en especial para los más vulnerables, de manera que es legítimo suponer que, una vez más, su resistencia a reconocer las dimensiones del desbarajuste que se ha concretado tendrán consecuencias contraproducentes. Es de esperar que no sea así, que en esta oportunidad las “concesiones” a las que se han resignado resulten ser suficientes. Si no lo son, el gobierno, trátese del actual o de un sustituto improvisado en medio de una crisis que sea por lo menos tan grave como la desatada por el desmoronamiento de la administración de la presidenta Isabel Perón, tendrá que aplicar medidas tan severas que en comparación las exigencias de máxima formuladas por Domingo Cavallo parecerán absurdamente blandas.