Concejales rechazaron cambios a indicadores urbanos de la Vega Plana

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SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Tras más de tres años de reunir firmas y promover el derecho de iniciativa para derogar la controvertida ordenanza, que cambió los indicadores urbanos de la Vega Plana y su zona de humedales, los vecinos impulsores del proyecto se quedaron apenas con la promesa de trabajar por la revisión de la norma, luego de que los ediles rechazaran por mayoría el planteo del Foro para el Desarrollo Sustentable local. Esa organización había reunido más de 1.000 adhesiones para hacer uso por primera vez en la ciudad el derecho de iniciativa. Pero con ocho votos por el no y tres por el sí, la norma quedó ratificada. Como se apuntó, los ediles coincidieron en la necesidad de hacer modificaciones a su texto, tarea que sería encarada por el Ejecutivo municipal recogiendo varias de las quejas que dispararon la acción de los vecinos del foro, preocupados por los efectos de la urbanización en los humedales que actúan como reguladores hídricos naturales de la cuenca Lácar. Los bloques del MPN/MID, el Partido Vecinal Solidaridad Sanmartinense, la UCR y Crecer del Partido Justicialista rechazaron el proyecto de derogación, en tanto que por la afirmativa lo hicieron los ediles del oficialista Acuerdo Político. El dato no deja de ser curioso, ya que los concejales del “Acuerdo” votaron por el criterio contrario que el propio gobierno municipal del intendente Juan Fernández venía sosteniendo sobre la propuesta del foro. En efecto, el secretario municipal de Planeamiento, Alberto Pérez, había admitido que la norma merecía modificaciones, pero a la vez había afirmado que respecto de la anterior norma 3012, era mejor e incluso más restrictiva con vistas al cuidado del ambiente. Pérez había advertido que la derogación podría provocar un peligroso vacío legal en una materia tan sensible para la ciudad, como es el desarrollo de la Vega y sus humedales. El 24 de junio pasado el Foro formalizó la presentación del derecho de iniciativa ciudadana para la derogación de la norma. Entre las argumentaciones de los ediles que votaron por el no destacan los derechos adquiridos por los propietarios y el vacío legal que producirá la derogación. A su turno, los impulsores del derecho de iniciativa explicaron que la ordenanza se aprobó en 2009 sin audiencia pública previa, sin participación de los todos vecinos, sin previsiones sobre el manejo hídrico y de efluentes y sobre los efectos en la cuenca, entre otras objeciones.

Los vecinos solicitaban proteger los humedales de la urbanización.