Condena por gastos sin justificar

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NEUQUÉN (AN).- Una condena por $ 546.934,41 impuso el Tribunal de Cuentas contra el intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, al declarar su responsabilidad administrativa patrimonial en la rendición de cuentas del 2006. “Se trata de cuatro grandes observaciones que se hicieron, una de las cuales era una obra de construcción de cloacas en el sector turístico. Ayer presentó un recurso de revisión que será analizado por el cuerpo en la reunión del jueves”, dijo a “Río Negro” el presidente del Tribunal, Hugo Acuña.

Aclaró que “es un acuerdo corriente, el trabajo es arduo porque estamos poniendo los expedientes al día después del fuerte parate que hubo por el conflicto con los empleados”, dijo Acuña. Describió el procedimiento legal que comenzó con una observación del auditor y el sumario donde se detecta un presunto perjuicio.

El acuerdo se libró el 16 de setiembre y fue publicado ayer en el Boletín Oficial. “Si no controvierte la prueba, habrá condena”, dijo Acuña.

Explicó que las observaciones referían a órdenes de pago que carecían de documentación respaldatoria para comprobarlas, por lo que se pidieron extractos bancarios. “Una de las observaciones detectó cerca de 90.000 pesos que no tenían respaldo; otra fue de obras públicas, ampliación de agua potable y construcción de veredas en viviendas sin documentación respaldatoria, que es el expediente de la orden de pago originada en un concurso de precios o contratación directa”, adujo. Puntualizó que la de mayor monto, unos 400.000 pesos, corresponde a una obra de saneamiento.

“De todas formas esta condena ha sido apelada, el único recurso contra una condena del TC es el de revisión, el recurso fue interpuesto ayer (por el jueves) y el cuerpo analizará si se acompañó la documentación requerida o no”, dijo.

Aclaró que este tipo de acuerdo “pasaron la primera avanzada” del Tribunal y se garantizó el respeto de los derechos a ser oído y de defensa que tiene el imputado. Aclaró que una vez que la condena queda firme tiene fuerza ejecutiva. El acuerdo establece un plazo de 20 días para que depositen en el Banco Provincia el monto detectado como presunto perjuicio.

Describió que si bien el Código Civil establece una década para la prescripción en el caso de la rendición a nivel provincial tiene un plazo de caducidad de cinco años. Rescató el trabajo que realiza la vocalía que atiende las cuentas de 13 municipios de primera, 11 de segunda, 13 de tercera y 21 comisiones de fomento.