Confirman anomalías en la venta de regalías eléctricas

Horacio Jouliá se negó a declarar cuando lo llamó la comisión. Los elementos y testimonios recogidos por la Comisión Legislativa corroboran una primera irregularidad en la venta de las regalías hidroeléctricas que Río Negro efectuó en el primer gobierno de Pablo Verani.

Esa operación se investiga porque se acordó en 8 millones de pesos o dólares, pero estimaciones técnicas oficiales consignan que el monto debería ser muy superior. Pero, al margen de ese análisis, la Comisión ya habría determinado que no hay ningún elemento documental que justifique las retenciones de 700 mil pesos que por honorarios y tributos provinciales se realizaron sobre aquel pago a Río Negro. Rentas declaró no tener ni el contrato ni registros del ingreso de los 390 mil pesos que se contabilizan en la operación para impuestos al Estado rionegrino. Increíble.

En concreto, Río Negro convino recibir 8 millones de pesos o dólares, pero el depósito real fue de 7,3 millones, informando después Horacio Jouliá que los descuentos respondían a gastos a cargo de la provincia. Pero nada se sabe seriamente del destino de esos fondos. Por lo pronto, los 389 mil registrados para pagar impuestos en Río Negro nunca ingresaron al Estado provincial, según informaron los propios hombres de Economía en la Comisión Legislativa.

Esencialmente, la operación y la investigación ratifica la fragilidad de los organismos de control. El último: la Contaduría General registró el ingreso de 7,3 millones pero no tiene documentación de los 700 mil pesos. El contador General, Guillermo León admitió el error y que debería haber planteado alguna «observación».

La operación investigada por la comisión corresponde a la venta anticipada en 1996 de regalías hidroeléctricas a Energy Risk Managment Co, radicada en Bermuda. Fue una operación nada habitual y que no operó el DPA (organismo administrador de las regalías) sino que realizó el ex ministro Jouliá, que por esos días ocupaba la Secretaría de Relaciones Institucionales y que dependía en forma directa del gobernador.

La escasez financiera es la argumentación para explicar ahora esa operación. El primer alerta en la Comisión surgió cuando el DPA dictaminó que la provincia debió recibir 15,6 millones en lugar de los 8 millones pactados (ingresaron 7,3 millones).

La Comisión Legislativa está presidida por Fernando Chironi e integrada por otros ocho diputados: los radicales Wálter Azcárate, Alfredo Pega, Osbaldo Giménez y Víctor Hugo Medina, los peronistas Eduardo Rosso y Miguel González, Guillermo Wood del Interbloque y Guillermo Grosvald del MPP. Esa integración también analiza el convenio de provisión de energía que la ERSA firmó con la Turbine Power Co. Otros hechos energéticos que evalúa: la fusión por absorción entre EDERSA y Sodielec S.A.; y el funcionamiento de Transcomahue S.A.

En las últimas semanas, la Comisión consolidó -inicialmente- la «desaparición» de los 700 mil dólares retenidos a la provincia del monto pactado. Para esa conclusión, las afirmaciones de Economía – el secretario de Hacienda, Pablo Verani y el titular de Rentas, Graciano Bracalente- fueron concluyentes.

Explicaron que el impuesto de sello sólo lo hubiese pagado la empresa, pero que en Rentas no está registrado ese contrato -aforar, como se denomina- y mucho menos el pago del impuesto. Energy ni figura como contribuyente y por Ingresos Brutos no hay marco legal para gravar un contrato como ese.

A su turno, el contador León aseguró que recién supo de la operación cuando detectó el ingreso de 7,3 millones en las cuentas de Río Negro y que Jouliá luego informó por nota de los descuentos al monto de 8 millones iniciales. León admitió su error porque lo consideró un crédito cuando era una venta y que no logró después la documentación de aquellos gastos. Para peor, la Contaduría efectuó igualmente los asientos contables y después lo cerró sin ningún tipo de observación, según aceptó León ante los diputados.

La documentación (o falta) y los testigos en la Comisión corroboran distintas irregularidades en la operación de las regalías, inicialmente centradas en un «gasto» público de 700 mi pesos pero cuyo destino es todo un «misterio». Queda ahora desentrañar por qué se pactó en 8 millones cuando informes dicen de un valor muy superior. (AV)