Confirman condena en suspenso para Limardo

Confirman condena en suspenso para Limardo

Exfuncionario imputado por defraudar al Estado por más de 800.000 pesos fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso y a cumplir 300 horas de trabajo comunitario.

Gabriel Limardo fue además inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos públicos. La sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma presidida en este caso por el juez Marcelo Chironi aprobó de esta forma el acuerdo alcanzado en el marco de un juicio abreviado propuesto por el fiscal de Cámara, Fabricio Brogna López. De esta forma, luego que el imputado admitiera ser el autor del hecho, aceptara la calificación y la sanción respectiva quedaron atrás unos cuantos meses de investigación, un voluminoso expediente y casi un millón de pesos del Estado que fueron utilizados en su perjuicio.

En esta causa también fueron procesadas Myriam Noemí Mamani, Olga Amalia Asaroff, y Silvana Ayelén Traipe como partícipes necesarios del fraude. Se les imputó haber cobrado sueldos del Estado sin prestar servicios. Las tres pidieron a la Cámara el cumplimiento de una probation pero aún los jueces no se expidieron en torno a esa solicitud.

En este juicio abreviado sólo fue analizada la situación de Limardo, quien se desempeñó como director de Recursos Humanos del ministerio de Gobierno de Río Negro.

Limardo acordó una sanción en suspenso por el delito de “fraude en perjuicio de la administración pública con incumplimiento de los deberes de funcionario público” que ayer fue aprobada por la Cámara en lo Criminal de Viedma que además le ratificó la inhibición de sus bienes. Una vez firme la sentencia se remitirá al Fiscal de Estado para el recupero del dinero que se comprobó fue cometido el fraude en perjuicio de las arcas públicas.

En marzo del año pasado el juez penal de Viedma, Carlos Mussi, procesó al exfuncionario y a las tres mujeres que cobraron sueldos sin haber prestado el servicio.

Según las pericias, esta maniobra causó un perjuicio al Estado provinical de 830.000 pesos, 751.000 por los sueldos cobrados por las directoras y 79.000 de las cargas previsionales que pagó el Estado por las 11 incorporaciones irregulares al Servicio Penitenciario. En este caso se lograron recuperar 422.000 pesos que habían sido destinados para esos salarios.

Además el juez dictó la falta de mérito a Angel Luis Avaca, Felisa Yolanda Hernández, Viviana Beatriz Quiñenao, Elisa Ester Quiñenao, Guillermo Claudio Rezzonico, Tiago Gregorio Hernandez y Florencia Noemi Traipe que fueron incorporados sin que cumplieran los requisitos (aprobación del curso, documental personal y contrato de servicio) al Servicio Penitenciario Provincial. Estas personas coincidieron en señalar que antes de estas designaciones trabajaron con Limardo en la empresa de limpieza que él tenía.

Mussi responsabilizó a Limardo de haber designado mientras se desempeñó como director de Recursos Humanos a tres personas como funcionarias y de incorporar falsamente a otras 11 como estudiantes graduados aptos para su ingreso en el Servicio Penitenciario, incluyendo la falsificación de documentación que permitió el cobro de fondos públicos.

Para el juez los procesados “mantuvieron una conducta conciente, engañosa, manipuladora y simuladora, valiéndose, en el caso de Limardo del lugar de privilegio y estratégico que ocupaba en el ejercicio de su función, quien después de montar una organizada puesta en escena habria logrado engañar a sus dependientes, funcionarios, y Organismos de Control para consumar el delito de la defraudación agravada por haber sido cometido en contra de la Administración Pública”.

Agregó que Limardo habría confeccionado documentos falsos que en fotocopia simulaban representar los decretos que designaron a Mamani, Asaroff y Traipe en las direcciones de Despacho; Control de Gestión del ministerio de Gobierno; y de Control Territorial de la entonces Secretaría de Seguridad y Justicia, respectivamente.

Mussi consideró que “mientras Limardo fraguó los decretos, las imputadas Mamani, Asaroff y Traipe, cobraban los haberes sin haber trabajado” y fue muy crítico con la falta de control de los sectores que tienen la obligación de hacerlo en el Estado. Sostuvo que “el expediente que tramitaba Limardo burló los organismos de control, a través de certificaciones falsas del imputado, aprovechando su lugar de privilegio en trámite y su rol de director de Recursos Humanos de Gobierno e interino en la misma área de Seguridad y Justicia”.