Consenso anticorrupción

Un tema recurrente en foros empresarios y académicos, como el de IDEA realizado esta semana en Mar del Plata, es la escasa capacidad de la dirigencia de nuestro país para lograr consensos básicos en políticas de largo plazo sobre temas estructurales como salud, educación o justicia.

Esta semana, juristas y organizaciones civiles de un amplio espectro ideológico presentaron una detallada propuesta a los candidatos presidenciales sobre un tema que ha quedado desplazado del centro del debate público por la grave crisis económica y social del país: la corrupción en los distintos niveles del Estado.

En un documento de más de 50 páginas, instituciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano, juristas como el excamarista radical Ricardo Gil Lavedra, el excandidato del kirchnerismo para integrar la Corte Roberto Carles, o la académica Natalia Volosin, autora del libro “La máquina de la corrupción”, propusieron unas 70 reformas administrativas, legales y políticas de corto, mediano y largo plazo para encarar un problema que no reconoce fronteras ideológicas y que, contrario a lo que muchos piensan, no se reduce a un problema ético sino que es clave para nuestro desarrollo.

Dicen los conocedores de los pasillos de Comodoro Py que las decisiones de fiscales y jueces federales son más exactas que las encuestas para predecir elecciones, ya que anticipan con precisión quirúrgica los cambios en el poder. Así, como en el apogeo del macrismo en el 2017, hubo una oleada de procesamientos de funcionarios K por coimas y negociados, antes y después de las PASO que dieron amplia ventaja al peronismo hubo una catarata de fallos que parecen hechos a la medida de quien piensan será el nuevo inquilino de la Casa Rosada.

La excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Souza cerró una larga lista de empresarios y exfuncionarios arrestados hace poco con bombos y platillos. De 79 encarcelados por distintas investigaciones, hoy quedan 14. Y si bien es cierto que hubo abusos en el uso de la prisión preventiva y arbitrariedades al conducir las declaraciones de los “arrepentidos”, la nueva actitud del poder judicial pareciera ser “cajonear” otra vez en forma oportunista el esclarecimiento de hechos de corrupción gravísimos que existieron sin ninguna duda. Denuncias contra el presidente o funcionarios macristas salen del letargo y adquieren ahora un ritmo inusitado.

En este marco, los firmantes de la propuesta consideran que la campaña es una buena oportunidad para impulsar un compromiso interpartidario sobre este tema que, pese a todo, se mantiene entre las principales preocupaciones de la opinión pública.

La batería de medidas propuesta es muy extensa para detallarla aquí. El trabajo se estructura en 16 ejes temáticos que afectan a los tres poderes del Estado, que van desde la ética en la función pública, la regulación de los conflictos de intereses y el ingreso al servicio público a reformas penales y procesales para trasparentar y acelerar las causas por corrupción, así como reestructurar los servicios de inteligencia, su financiamiento y control, para poner fin a sus lazos espurios con la política y la Justicia.

También hace hincapié en la prevención, como reforzar la autonomía y autarquía de los organismos de control, reformar el sistema de contrataciones y licitaciones públicas, ampliar el acceso a la información del Estado en todos sus niveles y regular el financiamiento de la política, entre otros. Las propuestas requieren modificar decretos, leyes y acordadas de la Corte, es decir fuerte consenso político.

Sería positivo que los candidatos pudieran analizar, pronunciarse o incluso comprometerse con esta agenda. Como señalan sus autores, la corrupción “impacta negativamente al conjunto de la sociedad, pero particularmente a los grupos y comunidades más desfavorecidas”, ya que las fallas institucionales que la habilitan “profundizan las desigualdades” y “alejan aún más a los sectores de poder de quienes ven vulnerados sus derechos”. Reduce “la cantidad, calidad y alcance de los recursos, bienes y servicios públicos” y dificulta la tarea de construir un país más justo y solidario.

(La propuesta del Acuerdo Social Anticorrupción puede descargarse aquí)