Contar y ocultar muertos
COLUMNISTAS
La tradicional necrofilia de la política argentina está signada por episodios surrealistas. Entre ellos sobresale el secuestro del cadáver de Eva Perón, que luego de 18 años fue devuelto a su cónyuge y utilizado en las ceremonias del inefable “brujo” José López Rega para empoderar a Isabelita que se hacían en Puerta del Hierro. Otro episodio resonante fue el secuestro de los restos del general Pedro Eugenio Aramburu, obra de un comando montonero durante la presidencia de Isabel Perón, para forzar el retorno del cadáver de Eva Perón que permanecía en España. Dentro de esta necromanía se inscribe la muy argentina costumbre de contar los muertos “de los otros” y ocultar los muertos “nuestros”.
La historiografía populista, al estilo de los libros de Rodolfo Puigrós, ha puesto el acento en contar los muertos producidos por la “oligarquía”. En este conteo sobresale la “Semana Trágica”, un enfrentamiento producido a tres bandas -entre anarquistas, Ejército y sectores nacionalistas de derecha- en el año 1919 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Según la fuente que se tome, los incidentes dejaron un saldo de entre 141 y 700 muertos. El peronismo utilizó siempre el hecho para acusar a los radicales de reprimir a los obreros y los radicales sostienen que el gobierno de Yrigoyen quedó en medio de una contienda entre sectores extremistas de derecha y anarquistas motivados por el éxito de la reciente Revolución de Octubre.
La “Patagonia rebelde” es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en la provincia de Santa Cruz, entre 1920 y 1921. Las huelgas obreras que pretendían el reconocimiento sindical fueron duramente reprimidas por un batallón del Ejército al mando del teniente Héctor Benigno Varela enviado por el presidente Yrigoyen. El episodio ha sido registrado en la película homónima dirigida por Héctor Olivera en 1974 y cuya exhibición fue luego prohibida durante algún tiempo por Perón. Se estima que entre 300 -fuentes radicales- y 1.500 obreros -fuentes anarquistas- fueron fusilados, hecho que cualquiera sea la magnitud real es sin duda execrable.
La respuesta de los anarquistas no se hizo esperar. El 27 de enero de 1923 un anarquista alemán de nombre Kurt Wilckens ultimó a Héctor Benigno Varela. Al poco tiempo, un joven de la Liga Patriótica Argentina y expolicía de Santa Cruz llamado Ernesto Pérez Millán asesinó de un disparo en la celda a Wilckens mientras dormía. Pérez Millán fue internado como “demente” en el Hospital Vieytes, donde llevó una vida tranquila hasta que fue asesinado por Esteban Lucich, un interno que aparentemente habría sido instigado por un profesor anarquista de origen ruso, Boris Wladimirovich, quien murió dos meses después como consecuencia de las torturas recibidas. Los anarquistas se vengaron haciendo estallar una bomba en el consulado italiano de Buenos Aires, que mató a nueve personas e hirió gravemente a muchas más.
Los kirchneristas -junto con sectores trotskistas- han agitado en multitud de ocasiones la supuesta responsabilidad del presidente Eduardo Duhalde en el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En realidad la denominada “Masacre de Avellaneda” fue protagonizada por policías de la provincia de Buenos Aires cuando era gobernador Felipe Solá, en un episodio de “gatillo fácil”. Los responsables -el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta- fueron condenados a cadena perpetua por doble homicidio, mientras que otros policías que ocultaron pruebas sufrieron condenas menores.
Los peronistas, en cambio, ocultan avergonzados la denominada por algunos grupos indigenistas “Masacre de Perón”. Es un episodio que se produjo en Formosa en 1947, en el segundo año del primer gobierno de Perón, cuando la comunidad aborigen de los pilagá se resistió a ser alojada en unas reducciones indígenas que se utilizaban para proveer de mano de obra barata a ingenios y algodonales. Según relatos de sobrevivientes, la Gendarmería Nacional disparó contra la multitud provocando la muerte de alrededor de 600 indígenas. En el año 2005 la Federación Pilagá interpuso una denuncia contra el Estado por “crímenes de lesa humanidad” que actualmente se está investigando en un juzgado Federal de Formosa.
Otro episodio que recientemente dio lugar a una intensa polémica se refiere al número de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983). La Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al finalizar la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, relevó 7.380 casos que, por denuncias posteriores, se elevaron a 8.961 personas. En el 2003 la Secretaría de Derechos Humanos, ante una consulta del diario Clarín, afirmó que habrían sido 13.000 los desaparecidos. Según Ceferino Reato la cifra real depurada es de 7.158 personas, un horror en cualquiera de los casos, puesto que todos han sido víctimas del terrorismo de Estado.
Los grupos defensores de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, siempre afirmaron que los desaparecidos fueron 30.000. Es una cifra estimativa que aparentemente lanzaron con fines propagandísticos las organizaciones de derechos humanos que reclamaban en Europa la solidaridad de esos países en plena dictadura militar. Se molestan e indignan cuando personas de reconocido prestigio en la lucha por los derechos humanos han salido a dar cuenta del error.
Lo que el peronismo mantiene en una penumbra es el número de desaparecidos y asesinados a manos de la Triple A durante los gobiernos de Juan D. Perón e Isabel Perón (1973-1976). La Triple A fue organizada por el secretario privado y luego ministro de Bienestar Social de Perón, José López Rega, en vida de Perón quien, por motivos obvios, no podía ignorar el hecho. Tras el fallecimiento de Perón operaron más desembozadamente y se estima en 700 el número de muertos y desaparecidos por esta organización. Se puede afirmar sin lugar a dudas que la técnica de desaparición forzada de personas fue inaugurada por este grupo paraoficial.
En una democracia, la tortura, el asesinato o la desaparición de una sola persona a manos de fuerzas operativas del Estado será siempre un escándalo. Si las muertes o desapariciones se multiplican, la conmoción seguramente será mayor, pero cualitativamente estamos ante episodios que merecen el mismo reproche moral. Desde esta perspectiva, en vez de llevar la contabilidad rigurosa de los muertos ajenos sería más honroso y digno iluminar, con la misma intensidad, todas las tragedias.
ALEARDO F. LARÍA
aleardolaria@rionegro.com.ar
ALEARDO F. LARÍA
COLUMNISTAS
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
