Correa y los docentes

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ANÁLISIS

En septiembre del 2009, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador anunció que iniciaría una huelga indefinida en rechazo a la decisión del gobierno de despedir a los maestros que declinaran ser evaluados. El sistema de evaluación fue incorporado como una estrategia del gobierno de Rafael Correa para mejorar la calidad de la educación. El presidente de Ecuador advirtió que serían despedidos los profesores de enseñanza pública que acaten el llamado de sus líderes a un paro nacional indefinido. “Maestro que no va a clases –ya tienen la experiencia con la evaluación, saben que no jugamos–, que se quede en su casa, porque será separado” de su empleo, advirtió el mandatario en un discurso dirigido al país. La advertencia de Correa tenía un fuerte respaldo constitucional. El apartado 15 del artículo 326 de la Constitución de Ecuador establece que “se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”.