Corrupción de menores: audios y videos, el contraataque de Iud y Ojeda
Los imputados cuestionaron el accionar de la Justicia y de la Senaf y apuntaron contra Luis Esquivel, actual presidente del Deliberante de SAO.
El legislador Iud y el intendente Ojeda ofrecieron una conferencia de prensa. Foto: Marcelo Ochoa.
El legislador provincial, Javier Iud; y el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda; imputados en una causa de corrupción de menores; pasaron al ataque y presentaron ante la Justicia audios y videos donde la menor que los acusó se desdice, según contaron los propios protagonistas.
Iud y Ojeda tenían la intención de presentar esa documentación a la prensa, pero más temprano este viernes y, ante la difusión que tomó el caso, se realizó una audiencia donde el juez Juan Brussino resolvió la prohibición para divulgar videos, imágenes o audios de esa prueba aportada por la defensa.
El legislador fue el vocero en un encuentro con periodistas, donde también estuvieron el jefe comunal y los abogados Emiliano Gallego y Guillermo Calfín; y recordó que “hace un año que estoy callado” y que “es la primera vez que voy a hablar de esta causa, sí lo hizo la parte acusadora, el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal (Paula) Rodríguez Fradsen”.
Iud enfatizó que “esta canallada, esta barbaridad ha arruinado nuestras vidas, todo con el consentimiento, con omisiones y acciones de parte del propio aparato estatal” y apuntó directamente contra la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que “curiosamente en la audiencia de la que venimos fue cuestionada tanto por esta parte como por la Defensoría de Menores”.
Reiteró que “gracias a lo canallesco que fue el accionar de este organismo estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero mucho más grave es que vamos a probar en este proceso que las víctimas, menores de edad, no reciben ninguna asistencia” y subrayó que “el Senaf y su equipo no sirven para nada”.
En su presentación también apuntó contra Luis Esquivel, actual presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, que es “el único político que nunca menciona la denunciante” y contó que hay tantas versiones de los hechos como operadores de la Senaf que prestaron declaración en la causa.
El video en cuestión fue presentado “hace como 25 días”, “entre la audiencia de formulación de cargos y el control de acusación” y aunque no fue difundido, “sí les podemos contar lo que dice la menor que nos denunció, que invocando a Dios dice que como Dios lo ve todo, dos personas inocentes no van a ir a la cárcel” también señala “tengo cargo de conciencia a veces”, “a Iud no lo conozco y así un montón de frases”, según dijo el legislador.
Sobre el contenido de la denuncia original contó que “el señor Luis Ojeda es acusado de cometer este delito en 2017, tenemos 10 testigos que acreditan que esa obra estaba en construcción” también “con documentación” y “en mi caso que el hecho habría sido cometido en un lugar abandonado desde hace seis años, certificado por la autoridad pública”.
Iud fue categórico al señalar que “todos los testimonios de la Senaf que dieron origen a este proceso son terribles” y “no se hasta donde vamos a llegar, pero sí se lo que nos queda: defender nuestras dignidad de todas las humillaciones que hemos recibido en este tiempo”.
Por último agregó que “la que confiesa es la que denuncia”, “la prueba se obtuvo de manera legal” y “es corolario de una serie de negativas del sistema judicial que no nos permitió el derecho de defensa que está incluido en la Constitucional Nacional”.
Por su parte, el abogado Gallego explicó que “no tenemos que perder de vista que la fiscalía tiene la obligación de actuar objetivamente, significa que si un fiscal tiene la prueba contundente de la inocencia de la persona que está persiguiendo no tiene otra alternativa que sobreseer, es decir, salirse del caso” y sobre le video mencionado sostuvo que “la fiscalía, no solo analizó las pruebas, sino que además se entrevistó con la persona que tomó los videos. Tienen conocimiento de cómo se gestó, de todo el contenido y está a disposición el instrumento con el que se gestó el video”.
La prohibición judicial
Ante un planteo de la Defensoría de Menores, el juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain prohibió la divulgación por cualquier medio del material fílmico y los audios que tomaron estado público, en el marco de la causa por corrupción de menores que tiene como imputados a Javier Iud y Luis Ojeda.
Tras escuchar los argumentos de la Defensora de Menores, de la Fiscalía y de la Defensa, el magistrado decidió prohibir la divulgación y ordenar que se borren los videos y audios publicados, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que tienen como protagonista a una menor víctima.
En la audiencia se reprodujeron de manera reservada los videos y audios, sin presencia de público.
Al resolver, el juez explicó que “el pedido de la Defensa de Menores es que no se divulguen -y lo que se divulgó sea borrado- imágenes que podían identificar a quien se presenta como víctima en el proceso”.
“Entiendo que este material fílmico, los audios, tienen el efecto de vincularse con la víctima del proceso. Como tienen ese efecto, voy a prohibir la divulgación del material, y voy a ordenar que se borren si se publicó, con el apercibimiento de desobediencia judicial”, aseguró el magistrado.
Recordó que “la imagen de quien es víctima en el proceso ha sido publicada anteriormente. Eso motivó una audiencia oportunamente. Y si bien no estableció quien la publicó, eso no resulta relevante para esta decisión. Con anterioridad, tendríamos la imagen de la víctima. Y ahora tendríamos los audios”.
Luego agregó que “la finalidad de la comunicación de los audios por parte de Iud y Ojeda es que entienden que está cercenado su derecho de defensa en el proceso porque la Fiscalía no atendieron los planteos respecto a la entidad de la prueba”.
“En esto soy respetuoso del derecho de defensa, pero en el marco del proceso. Y advierto que el ejercicio de defensa por fuera del proceso, con estos videos, violaría normativa internacional que el Estado la ha incorporado a su derecho interno”, explicó al dar a conocer su resolución.
De esta manera, “lo que tiene que hacer el Estado cuando advierte eso es protegerlos. Es posible que, como dice la defensa, haya otros casos en los que no se los protegió. Pero en esta audiencia debemos referirnos a esta cuestión y aquí viola una norma específica con raigambre constitucional”.
Finalmente, citó amplia normativa y directivas sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes, que obligan al Estado.
Comentarios