Crece la participación de la Nación en la obra pública

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javier lojo

jlojo@rionegro.com.ar

radiografía neuquina (primera parte)

Es un secreto a voces que parte de las contrataciones en materia de obra pública, históricamente, han sido un nicho de corrupción en la Argentina.

Pero fue a partir del 2006 cuando esta percepción comenzó a manifestarse con mucha más intensidad.

Aunque se disponga de la obligatoriedad de licitar públicamente todos los contratos de obra, buscando con ello la mejor relación precio-calidad entre los distintos oferentes existentes, lamentablemente la realidad siempre termina siendo otra.

Neuquén, como otras tantas provincias, no queda fuera de todo este perverso esquema.

Durante décadas, todo el manejo de la obra pública en su territorio estuvo concentrado en manos del gobernador de turno. Pero con la llegada de la familia Kirchner a la administración central las reglas de juego comenzaron a cambiar.

Las estadísticas oficiales, avalando estos conceptos, muestran una participación cada vez mayor del gobierno nacional en la definición de las obras a ejecutar en suelo neuquino.

Todo indicaría que existe un acuerdo político no escrito en el que se establecería que los fondos que llegan de la administración central no pasan por las manos de la provincia. Este dinero se concentra, por lo general, en las famosas transferencias discrecionales que llegan del Ministerio de Planificación de la Nación. El acuerdo estipularía que el gobernador esta autorizado a retener el beneficio político de la obra –anuncio e inauguración con fotos en los medios– pero no el económico. Esa caja quedaría para la Nación.

Está claro que lo nuevo no es la presencia de corrupción en el Estado (nacional y/o provincial), sino el profundo debate que se debe dar sobre ella.

tres fuentes de financiamiento

Para entender el manejo de esta importante actividad económica hay que recurrir a los presupuestos provinciales.

Tres han sido tradicionalmente las fuentes de financiamiento que tiene Neuquén para sostener la ejecución de su obra pública: los fondos propios o provinciales, las transferencias del gobierno nacional y el endeudamiento público.

La evolución que han mostrado estas partidas en los últimos años resume, en parte, la tendencia mencionada.

Durante todo el 2007 el presupuesto neuquino disponía para el gasto en “construcción” algo más de 765 millones de pesos. De esta cifra sólo se llegó a ejecutar, por diversas razones, 372 millones, valor que representa el 49% de lo autorizado por la Legislatura.

Cuando se analizan sus fuentes de financiamiento se determina que el 57% de esos 372 millones salieron de los recursos provinciales, el 39% llegó de la mano de un mayor endeudamiento y sólo el 4% fue aportado por el gobierno nacional.

El cierre estadístico del 2011 detalla un panorama bastante distinto. Los fondos girados por la administración Kirchner el año pasado representaron el 39% del total de la obra pública ejecutada, creciendo su participación entre 2007/2011 en 35 puntos, mientras que la provincia cedió, en este mismo período, 20 puntos porcentuales.

Los datos presupuestarios muestran claramente cómo el gobierno nacional avanzó en estos últimos años sobre el control de la obra pública neuquina, quitando de la órbita del gobernador Sapag el manejo de estos importantes recursos.

Con un presupuesto cada vez más limitado, por la fuerte incidencia que tienen los gastos corrientes dentro de la caja neuquina, la provincia está delegando parte importante de la obra pública al gobierno nacional. Este tipo de política no hace más que restringir el poder del gobernador quien, sin margen de acción, termina alineándose a las decisiones del poder central. Es decir, se va progresivamente hacia una menor autonomía provincial.

Asimismo, parte de los fondos que llegan desde la administración central vienen, por lo general, con el “nombre del adjudicatario” incorporado, saliendo esta designación, en muchos casos, desde el mismo Ministerio de Planificación Federal.

Pero esto no ocurre sólo en Neuquén. La metodología que se usa en estas tierras patagónicas en pos de recaudar “caja para la corona” es la misma que se utiliza en otras provincias del territorio nacional.

Otro dato de importancia para destacar es que durante el 2007, año en que asumió Sapag la gobernación, el Tesoro neuquino (a través de recursos presupuestarios propios) aportó la casi totalidad de fondos provinciales que eran destinados a la obra pública (212 millones de pesos).

En el 2011 la mayor parte de este dinero (131 millones de pesos) llegó a través de la ley 2615 (renegociación de las áreas hidrocarburíferas) que son fondos extraordinarios que llegan a las arcas del Estado provincial.

La diferencia entre estos años mencionados está en la calidad del recurso que se destina a este tipo de gasto. Mientras que en el 2007 la obra pública era sostenida, en gran parte, por ingresos propios; hoy se mantiene, en una alta proporción, por un recurso que ingresa por única vez a las arcas provinciales.

Otra comparación importante es aquella que muestra que durante el último año de la administración Sobisch el endeudamiento, como fuente de financiamiento de la obra pública, representó el 39% del total ejecutado para esta partida. La cifra, en valores absolutos, se traduce en algo más de 145 millones de pesos.

En el 2011 unos 84 millones de pesos fueron los que se destinaron a la obra pública por la vía del endeudamiento, lo que representó el 24% total de los fondos orientados a esta partida (ver más detalles en infograma de página 2).

Al analizar el gasto de la obra pública neuquina por finalidad se observa que la mayor parte de estas partidas se destina a los servicios sociales (Salud, Educación y servicios de cloacas y agua potable) y, en menor medida, a los económicos (Energía, transporte y agricultura).

más o menos fondos

Contrariamente a lo que uno podría llegar a esperar, los fondos destinados a la obra pública durante el primer semestre del corriente año mostraron, en valores absolutos, un nuevo récord.

Según las cifras suministradas por el Ministerio de Hacienda de Neuquén, en estos primeros seis meses del año las erogaciones totalizaron los 203 millones de pesos. La cifra casi duplica a las transferencias ejecutadas para el mismo período del año anterior y es superior en un 45% respecto del promedio de los fondos destinados en los últimos cinco años.

Teniendo en cuenta los desequilibrios que presenta la provincia este año en materia fiscal, no era ilógico pensar en un ajuste sobre la obra pública para buscar de esta manera contener los desvíos presupuestarios.

Según fuentes del Ejecutivo, la administración Sapag apuesta a sostener este tipo de transferencias buscando mantener estabilizada la demanda de mano de obra generada por la actividad. Como contrapartida, el ajuste debe ser asumido por los empleados públicos, ya que en el actual estado de las cuentas fiscales “no hay dinero suficiente para dejar a todos conformes”, aseguraron fuentes cercanas al gobernador.

Sin embargo, cuando se toman los valores relativos del gasto en obra pública, este escenario cambia. Relacionándola con las erogaciones presupuestarias totales, se observa que esta partida refleja una tendencia decreciente en la participación presupuestaria.

Si bien el primer semestre del 2012 manifestó una leve recuperación respecto del 2011, la comparación con años anteriores sigue siendo significativamente menor (ver infograma adjunto).