Crímenes en Cipolletti

Aunque la serie de impresionantes crímenes ocurridos en Cipolletti pudiera no tener relación alguna entre sí y fuera nada más que una secuencia trágica de asesinatos con motivaciones específicas en cada caso, no puede negarse que el clima de temor, estupor e indignación que se evidencia en esta ciudad está plenamente justificado dada la inseguridad que transmite, sumado a la sensación de que la impunidad se debe, en la mayoría de los casos a la ineficacia de la investigación policial y a una actuación poco convincente de los funcionarios judiciales.

Es casi inevitable que siempre exista un porcentaje de delitos no resueltos, ya sea por impericia de los investigadores o por la habilidad del autor del crimen para no dejar huellas. Al fin y al cabo, todavía persiste el misterio de Jack el Destripador, el más célebre fracaso de la más famosa policía del mundo: Scotland Yard. Pero es incuestionable que aquí existe una proporción desmesurada de casos no resueltos, mal resueltos o que dejan profundas dudas respecto de las conclusiones que cierran el caso.

La primera responsabilidad y sin duda la mas gravitante es la ineficacia de las fuerzas de seguridad. Es evidente que entre sus miles de integrantes no tiene los profesionales especializados capaces de actuar con la solvencia que se requiere cuando se trata de crímenes con un mayor grado de complejidad; los típicos detectives de homicidios cuya presencia inmediata a partir del descubrimiento del crimen, asegure la preservación de las pruebas, muchas veces destruidas por policías inexpertos, así como las investigaciones posteriores que requieren además del apoyo de expertos, una tarea paciente de seguimiento de pistas a menudo débiles o aparentemente intrascendentes.

No se trata de falta de personal, como se afirma habitualmente para justificar su inoperancia. La cantidad de policías en Río Negro, como en el resto del país, excede largamente las proporciones que, en relación a la población, se aceptan como estándar universal en la opinión de los organismos especializados. La verdadera causa radica en la falta de calidad, en la inexistencia de cuerpos especializados sometidos periódicamente a procesos de capacitación y entrenamiento y que cuenten con los medios técnicos adecuados para aprovechar las ventajas que el avance de la ciencia brinda a la investigación.

Aunque en ocasiones la Justicia deba pagar el precio de investigaciones policiales deficientes o incompletas, es indudable que los fiscales no asumen el rol activo que requiere una investigación y los jueces, en algunos casos notorios como el de Río Colorado y el de Janet Opazo, dictan fallos increíblemente desacertados contribuyendo a crear serias dudas respecto del nivel de su preparación profesional y del rigor del sistema por el que fueron designados.

Aquí tampoco, como en el caso de la policía, la razón radica en la cantidad insuficiente de tribunales. Por el contrario, al desmesurado crecimiento de los juzgados, en especial del ámbito penal, debe atribuirse parte de la responsabilidad por la designación de funcionarios no idóneos, o promovidos sin la experiencia requerible.

A los límites constitucionales y tal vez la falta de exigencia en la adjudicación de los concursos, se suma la falta de renovación periódica de la permanencia en los cargos. En otras latitudes a veces los mismos jueces, pero más habitualmente los fiscales, deben renovar periódicamente su mandato en elecciones, de modo que existe un fuerte control popular de su gestión. Aquí, en teoría, este rol lo debería cumplir el Consejo de la Magistratura, pero su intervención se ha limitado a muy pocos casos y en situaciones límites, con lo que su aporte al mejoramiento del sistema ha sido hasta ahora casi intrascendente.

De modo que en definitiva, los sufrientes habitantes cipoleños están pagando el precio de años de desidia y abandono de sus instituciones por parte del gobierno, inmersos en el clientelismo y el favoritismo en la asignación de empleos y la crisis financiera generada tanto por el despilfarro irresponsable como por el latrocinio sistemático. Su superación aparece como incierta dada la escasa convicción que muestran sus políticos para modificar las pautas tradicionales con que asumen la tarea de gobernar y en cualquier caso, si acaso se lo propusieran, requerirá años de esfuerzos perseverantes para mejorar el penoso estado de la administración pública provincial.