Critican fallo del Tribunal Superior por caso Squilario18-4-03

«Podría concluirse que hay una justicia para mi clase de defendidos, y otra cuando el condenado es un abogado», dijo Marcelo Hertzriken NEUQUEN (AN).- «Respeto la decisión del Tribunal Superior de Justicia, pero no la comparto», dijo el defensor del Juzgado Penal de Chos Malal, Marcelo Hertzriken, para atacar la resolución de la Corte provincial por la cual concedió el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que presentó el abogado Adrián Rodolfo Squillario, quien fue condenado a dos años de cárcel efectiva por estafar en 300.000 pesos a una familia de aquella ciudad del norte neuquino. «Puede ser el primer caso en la historia jurídica provincial, en que un abogado debe ir a la cárcel por un fallo», dijo Hertzriken Velasco, quien también lanzó duros cuestionamientos al TSJ, por no haber evaluado el contenido de las denuncias que realizó el año pasado sobre el caso, respecto del manejo y destino que el condenado le dio al dinero que, según se demostró en el juicio, no le entregó a la familia Moya, por un juicio que le ganó a la Provincia. La reacción del denunciante tiene varias motivaciones. Por un lado alertó que al admitirse el recurso que plantearon los abogados porteños Rafael y Mariano Cúneo Libarona, en representación de Squilario, la causa corre riesgo de «caer», porque a fin de año se cumplen los seis años de pena que contempla el delito de estafa. «Es más, si llegan a cambiarle la carátula, por ejemplo por hurto, prescribirá», dijo el denunciante, quien fue el fiscal de cámara actuante en el caso. Pero también, en inequívoco cuestionamiento, apunta al criterio empleado por los vocales del TSJ que «en los nueve años que defiendo personas condenadas, ningún recurso de casación interpuesto ante el TSJ sostenido por el defensor, fue concedido». Y arremetió: «Si se construyera una norma a través de estos casos podría concluirse que hay una justicia penal para mi clase de defendidos y otra para cuando el condenado es un abogado». Sin embargo, morigeró a renglón seguido la afirmación al sostener que «puedo estar equivocado, porque aún me siento orgulloso del modo en que diariamente administramos justicia en Neuquén». Squilario fue condenado a dos años de cárcel y a tres de inhabilitación para ejercer su profesión, por haber estafado a la familia Moya. El profesional se quedó con el dinero que el Estado pagó por un accidente, en el que Marta Rosana Moyana perdió un ojo al recibir una perdigonada de un escopetazo, que se le escapó a un maestro en la escuela rural de El Alamito -o Chacay Melehue-. El accidente ocurrió el 16 de diciembre de 1997. El establecimiento educativo está a 15 kilómetros de Chos Malal y la víctima del disparo accidental tenía 12 años. Hertzriken Velasco dijo que la causa no fue «ni compleja no voluminosa» para demandar tanto tiempo de tramitación y que ha sido «instrumento de persecución del condenado viabilizado por el propio TSJ». Señaló su disconformismo con el fallo que concede del recurso al condenado «porque la sentencia del TSJ que confirma la sentencia de Cámara», «es de lujo y no da lugar a crítica razonable alguna». El magistrado rechazó los cuestionamientos que hicieron los abobados Cúneo Libarona, uno de ellos es que se desempeñó como fiscal y juez de instrucción de la causa. Nada más inexacto». También que haya dificultado el acceso de Squilario al expediente. No sólo lo negó sino, que comentó que averiguó qué tareas desarrollaba y se llevó uno de los elementos que había secuestrado. Se trató de una tarjeta en la que figuraba el número de boleto de compra de Bonex, adquiridos en el mercado electrónico de valores. «Pero también se perdieron 200 fojas del expediente y nadie respondió por ello», dijo.