Cuando Chile libere a Jones Huala






El activista mapuche nacido en Bariloche cumple una pena de prisión por el incendio de una vivienda, pero la condena expira en 2024, si es que antes no le dan la libertad condicional.


Chile va a liberar al activista mapuche Facundo Jones Huala. Será este año o el que viene mediante el beneficio de la libertad condicional y, llegado el caso, el 26 de junio de 2024, cuando se agote su condena de seis años de prisión por el incendio de una vivienda y la tenencia ilegal de armas de fuego. Y cuando salga de la cárcel va a volver a Bariloche, la ciudad donde nació, hace 35 años.

Nada le impedirá caminar por las calles, las rutas, los bosques y los cerros como una persona libre. Habrá cumplido su condena y hasta donde se sabe no tiene procesos abiertos ni en Chile ni en Argentina.

Los ataques incendiarios en El Bolsón y Bariloche de las últimas dos semanas torcieron por un momento el eje de los enfrentamientos entre el gobierno nacional y la oposición en torno de la inflación, el manejo de la pandemia, la deuda externa y las causas judiciales. Y en ese angosto callejón que deja la grieta se coló el gobierno rionegrino y su partido, Juntos Somos Río Negro, para sacar provecho y entusiasmarse con lo que hace dos meses era una completa ucronía: quedarse con las dos bancas de Río Negro en la Cámara de Diputados de la Nación que están en juego este año.

La habilidad del estratega (el senador Alberto Weretilneck) no debería empañarse por los sucesivos disparos a los pies que se dio esta semana el gobierno nacional, que contribuyeron de manera gravitante en la estrategia.

El presidente y su ministro de Seguridad no sólo tardaron en reaccionar al pedido de asistencia de la gobernadora Arabela Carreras, sino que antes salieron a cruzarla gratuitamente con argumentos tan débiles como alejados de la realidad. Y para colmo, en cuestión de horas, cambiaron de convicciones y enviaron casi 100 gendarmes de General Acha a Bariloche y El Bolsón.


El gobierno nacional reaccionó de la peor manera frente a la intensidad con la que se repiten los ataques incendiarios, la mayoría con reivindicaciones de los pueblos originarios.


No debería ponerse demasiado contento Aníbal Tortoriello, el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, que esta semana le hizo manejar en Cipolletti y sin licencia habilitante uno de los camiones de su flota comercial a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo cuya administración ocurrió, en Villa Mascardi, el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de una bala de Prefectura. De este río revuelto, no está claro si la derecha va a salir favorecida. El partido provincial hizo apropiación de su discurso, a sus dirigentes no les molesta y eso les rinde.

Al Frente de Todos rionegrino el rumbo que tomaron los acontecimientos le resulta altamente peligroso. Hacia su interior hay referentes mapuches que no sólo se guardan eventuales críticas a los modos violentos de los jóvenes encapuchados de Villa Mascardi y a los incendios de edificios, sino que además los apoyan, en lo ideológico y en la praxis; y también hay dirigentes que esta semana se desgañitaron con llamados a la Casa Rosada para explicarle al que quisiera escuchar que los votos se les escapan inexorablemente.

Jones Huala tiene 35 años y una mezcla de lo anglo con lo mapuche en su apellido que resume algo de la historia de la Patagonia. Le corresponde de sobra la libertad condicional que este año la Justicia de Chile se la está negando por segunda vez (hay que llegar hasta la Corte Suprema), pero por cuestiones más políticas que jurídicas sigue detenido y todo indica que agotará el plazo de la condena en prisión.

¿Qué va a ocurrir cuando salga en libertad y decida regresar a Bariloche? A los que fantasean con responder esa violencia con más violencia habría que recordarles aquella frase de un jefe policial romano: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no puede permitirse implantar la tortura”. Fue en 1978; el líder demócrata cristiano estaba secuestrado por las Brigadas Rojas y terminó asesinado.

La Justicia Federal, que recibió la denuncia por terrorismo de la gobernadora, tiene la posibilidad, con la fiscalía reforzada, de demostrar que puede encontrar a los responsables de los ataques y juzgarlos. Será la mejor manera de frenar la escalada antes de que estalle.


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