Los conflictos identitarios
Es necesario ser enormemente cuidadosos para evitar que estos conflictos escalen en magnitud por actuaciones torpes basadas en una simplificación extrema.
En estos días se acaban de cumplir diez años desde que la organización armada ETA anunciara su disolución, poniendo fin a la actividad terrorista en el País Vasco. El conflicto político se prolongó a lo largo de medio siglo y se estima que casi 1.000 personas perdieron la vida en España y Francia por obra del terrorismo y de la respuesta antiterrorista. Como señala Amin Maalouf, todas las matanzas que se han producido en los últimos años, así como la mayoría de los conflictos sangrientos, tienen que ver con complejos y antiquísimos “contenciosos de identidad”. Añade que el error más común que se comete en el abordaje de estos conflictos es cuando se asigna a una comunidad el papel de cordero y a otra el de lobo. De modo que se debiera evitar caer en simplificaciones y en cuestiones complejas saber separar lo que es distinto para ofrecer soluciones proporcionadas a cada problema.
Los conflictos identitarios son inherentes a la naturaleza humana, y la concepción tribal de la identidad sigue predominando en muchas partes del mundo. De modo que las heridas del pasado son leídas de diferente modo por los protagonistas actuales y existen reivindicaciones razonables frente a otras que parecen fruto de visiones delirantes. Es un terreno fértil para que surjan interpretaciones extremas de los fenómenos que se convierten en ideologías radicales cuyos portadores pretenden agudizar los conflictos –“cuanto peor mejor”- porque se ilusionan con la idea de que es posible alcanzar una solución final a través de la violencia. Por eso es muy importante ser enormemente cuidadosos en el tratamiento de estos conflictos para evitar que escalen en magnitud por actuaciones torpes basadas en una simplificación extrema, creyendo que los conflictos políticos se resuelven utilizando el palo de abollar ideologías al que se refería Mafalda.
En el conflicto identitario que envuelve a la comunidad mapuche en las provincias de Río Negro y Neuquén, existen reivindicaciones legítimas que se basan en lo dispuesto en el artículo 75 apartado 17 de la Constitución Nacional que “reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” para lo que garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, advirtiendo que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. El cumplimiento efectivo y no retórico de estos derechos no es una tarea sencilla y las demoras en el abordaje del mandato constitucional pueden dar lugar a nuevos conflictos. Estas circunstancias pueden alentar a grupos de jóvenes más exaltados a buscar mayor visibilidad acudiendo al uso de acciones violentas. Ese tipo de acciones, que entran en el terreno del Código Penal, deben ser objeto de investigaciones policiales que permitan identificar a los autores, de modo que el despliegue de fuerzas de represión en el terreno tiene valor más simbólico que operativo.
Se debiera evitar que estos conflictos, que suelen prolongarse a lo largo de mucho tiempo y afectar a gobiernos sucesivos de diferente coloración política, sean utilizados en las luchas partidarias y en las batallas electorales. Es muy tentador para la oposición acusar al Gobierno de “connivencia” con las acciones terroristas por el solo hecho de que se actúe con la prudencia y el cuidado necesario para evitar incrementar el conflicto. Las visiones maniqueas pueden acarrear algunos votos pero no contribuyen al despliegue de los métodos más adecuados para abordar la complejidad. Paradójicamente, la reacción excesiva o mal enfocada puede ser funcional a los intereses de los más violentos.
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