¿Cuánta transparencia estamos dispuestos a exigir?
La pulseada entre corrupción y transparencia está haciendo crujir los cimientos de las democracias latinoamericanas, no sólo en nuestro país. Pone en jaque a gobiernos y políticos de todos los partidos; a presidentes, expresidentes y candidatos presidenciales en la picota. Hace tambalear gobiernos. Es crisis de crecimiento.
Son los jueces y fiscales que se animan a avanzar sobre las prerrogativas de los gobernantes y derriban el cerco de la impunidad. Son los medios nacionales e internacionales, ONG y redes sociales que ventilan la trastienda en la que se pergeñan operaciones que van a afectar la vida de millones o que van a beneficiar a unos pocos favorecidos por su cercanía al poder o que ya produjeron estragos o perjuicios económicos y sociales. También son las normativas que se fueron incorporando en los últimos años para prevenir y combatir estas maniobras. ¿Aumentó tanto la corrupción que colmó la paciencia social o es que hay menos tolerancia a la misma y lo que antes se dejaba pasar –por las razones que fueran– ahora resulta inadmisible?
También es crisis de adolescencias tardías. En tiempos de relativa prosperidad y crecimiento económico, “viento de cola” y “derrame”, parecía que la cuestión era secundaria o subsidiaria. Mientras el modelo diera dividendos sociales, ¿qué importarían esos “detalles”, los “vueltos” y comisiones que la política le cobra al capital? Pero demasiado tiempo en el poder, con presidencias que tuvieron amplias facultades y débiles controles institucionales, arma una burbuja en la que cualquier gobierno, no importa si es de izquierda o de derecha, neoliberal o populista, termina encandilado, intoxicado o manchado. En los 90 fue con Menem, el breve Collor de Mello y Fujimori. En los 2000, ocurrió en lo que fue de los sueños bolivarianos de Chávez al actual desastre de Maduro, del apogeo de Néstor al final de Cristina, de las cumbres de Lula a los padecimientos de Dilma. Bajo ese paraguas que termina agujereado se incubaron empresas y empresarios exitosos, políticas “cortesanas” y negocios de grupo a espaldas del pueblo o, peor aun, expuestos a este con total desparpajo. Entonces, ¿es la corrupción el síntoma o la enfermedad? ¿La excusa o el móvil?
El patrón se repite en distintos países. En Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff cada vez más comprometido arrastra tras de sí un descalabro del sistema político brasileño cuya malla de contención está compuesta por los mismos sectores de poder que usufructuaron de este esquema de transacciones y beneficios. La Operación Lava Jato y el caso Petrobras –el Mani Pulite brasileño– están sometiendo al escrutinio público –ahora en manos de la Justicia y con exposición en los medios de comunicación– una vinculación entre política y dinero que tuvo amplia aceptación y aliento en sus tiempos de expansión y ahora, en el declive de la ola, deja en evidencia sus operatorias al margen, o por encima, de las leyes. Las revelaciones de los Panamá Papers muestran la dimensión global de este pozo ciego, empresas o compañías que funcionan como pantalla para otras operatorias: evasión fiscal y lavado de dinero; sociedades offshore y paraísos fiscales que dan cobertura al financiamiento ilícito que nutre las arcas de la política, la visible y de superficie y la de las trastiendas y los submundos.
En nuestro país se está descorriendo un telón sobre el tinglado político-económico que se armó durante “la década ganada”, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. El Grupo Szpolski, con los medios de comunicación paraoficiales inyectados con publicidad estatal, que se desarma como castillo de naipes; Ricardo Jaime, con las concesiones y contratos irregulares en transportes que terminaron en la tragedia de Once; Lázaro Báez, con los contratos de obra pública ‘llave-en-mano’ y las cuantiosas sumas de dinero cuyo origen y destino investiga ahora la Justicia. Tres ejemplos que explican por qué en el último informe de Transparencia Internacional la Argentina ocupó el puesto 107 del ranking que incluye a 168 países: sacó 32 puntos sobre 100 posibles ubicado en la misma línea con Ecuador; en Sudamérica sólo quedaron peor ubicados Venezuela, último de la tabla, y Paraguay.
Los efectos pueden resultar paradojales. Como señalan los especialistas Kevin Casas Zamora y Miguel Carter, más que nunca antes los ciudadanos latinoamericanos están en condiciones de enterarse de muchos aspectos de la vida interna de las instituciones públicas. Y lo que llegan a conocer es casi siempre desolador. De ello se deriva una implicación crucial: las reformas que aumentan los niveles de transparencia pueden tener un efecto ambiguo en la legitimidad de los sistemas políticos. En el largo plazo, el aumento de la transparencia puede prevenir irregularidades y tener un efecto saludable en la vida pública. En el corto plazo, sin embargo, estas reformas pueden arrojar una amarga cosecha de escándalos de corrupción, frecuentemente demoledores para la legitimidad democrática.
¿Cuánta corrupción estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuánta transparencia y rendición de cuentas estamos dispuestos a exigir en el camino hacia una democracia más limpia, una república más decente, un Estado que garantice efectivamente los derechos de todos y un acceso igualitario a los bienes públicos y servicios básicos?
(*) Politólogo y periodista
Fabián Bosoer
@fabianlautaro
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