Cuestiones pendientes

Sería conveniente que el gobierno subraye la necesidad de que no sólo los uniformados, sino todos los ciudadanos tomen más precauciones que antes.

Por Redacción

Que el presidente Fernando de la Rúa quisiera que los miembros de su gobierno se acostumbraran a hablar con una sola voz es comprensible: la cacofonía que hasta ahora ha sido una de las características más notables de la coalición que encabeza ha contribuido enormemente a socavar su autoridad. También lo es que después de los atentados contra Nueva York y Washington el presidente haya intentado tranquilizarnos difundiendo el mensaje de que es poco probable que los terroristas nos incluyan entre sus blancos prioritarios. Con todo, no le convendría exagerar, como en efecto hizo al no intentar ocultar su molestia por la afirmación nada alarmista del secretario de Seguridad, Enrique Mathov, de que la Argentina no es un país totalmente seguro. Aunque ciertos medios trataron de interpretar lo que era una declaración anodina como una suerte de profecía de ataques catastróficos por venir, mientras que otros se regocijaron sugiriendo que el radical podría compartir el destino del frepasista Rafael Flores, que fue despedido de su cargo por formular un comentario de connotaciones antinorteamericanas a pocas horas de los atentados, Mathov sólo había señalado que en vista de lo ocurrido en Estados Unidos, de la presencia en nuestro país de grandes colectividades de cierto modo vinculadas con los problemas medioorientales y, huelga decirlo, de los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, calificar a la Argentina de «país seguro» sería un tanto excesivo. Tenía razón Mathov y ninguna persona sensata pensaría en negarlo. Asimismo, dadas las circunstancias quizás sería más inteligente subrayar la necesidad de que no sólo la Policía y la Gendarmería sino que todos los ciudadanos tomen más precauciones que antes; es por este motivo que en distintos países europeos los gobiernos han preferido advertirle al público de que los peligros son auténticos y que por lo tanto debería estar preparado para enfrentarlos.

Puesto que las elecciones legislativas están a apenas dos semanas de distancia, es inevitable que algunos políticos intenten aprovechar la situación haciendo hincapié en la vulnerabilidad a su entender extrema del país, mientras que otros opten por minimizar los riesgos, con el propósito por parte de unos de culpar al gobierno radical por su inoperancia y, por parte de otros, de reivindicar su gestión. Sin embargo, es de esperar que una vez concluida la campaña los políticos más serios concuerden en que no serviría para mucho intentar responsabilizar a políticos de movimientos determinados por el estado nada satisfactorio de la seguridad. Todos han hecho su aporte, pero lo hicieron en un período en que hasta los países más avanzados, entre ellos Estados Unidos, propendían a sentirse a salvo de las manifestaciones más violentas del terror, razón por la que se descuidaron.

Les guste o no a muchos dirigentes, todos tendrán que asumir el hecho de que en los años próximos el tema de la seguridad figurará entre sus prioridades no sólo por las presiones que sin duda alguna ejercerá Estados Unidos, sino también porque no habrá forma alguna de que la Argentina pueda alejarse de un conflicto cuyos protagonistas no tienen ninguna intención de respetar las fronteras internacionales. Durante los próximos tiempos, este debate que el país se debe girará en torno del deseo de algunos de que las fuerzas armadas y «los servicios» recuperen el terreno perdido a causa del Proceso y por la voluntad de otros de mantenerlos marginados pase lo que pasare. Sin embargo, si, como insiste el presidente norteamericano George W. Bush, estamos en la fase inicial de una «guerra mundial contra el terrorismo», resultará imposible impedir que los militares cumplan papeles que antes del 11 de setiembre hubieran sido considerados muy peligrosos para la democracia, lo cual significa que los dirigentes políticos ya deberían estar mejorando los mecanismos de control y también obligando tanto a las fuerzas armadas como a «los servicios» a alejar enseguida a todos sus integrantes que, a la luz de su trayectoria, podrían ser sospechosos de sentir más simpatía por personajes como Osama Ben Laden que por los líderes de las democracias occidentales.