De Righi a Reposo
Al informarnos que es “un hombre de la presidenta y del gobierno”, Daniel Reposo se descalificaba a sí mismo para desempeñar el cargo de procurador general de la Nación para el que, para desconcierto de muchos, se ha visto nominado, ya que entre otras cosas le correspondería asegurar la independencia de los fiscales que, mal que le pese, tendrán que intervenir en muchos casos que podrían afectar a integrantes del gobierno, comenzando con el vicepresidente Amado Boudou. Se trata de una tarea que, a juzgar por sus palabras, no pensaría en cumplir con ecuanimidad. Asimismo, para que no quedaran dudas en cuanto a su propia independencia de criterio, ha atribuido el embrollo en que se encuentra Boudou a un ataque “al proyecto que encabeza Cristina” que, aclaró, “ha trabajado por la igualdad” pero tiene que enfrentarse con “sectores corporativos que han ganado mucho dinero y tienen mucho poder y se niegan a perder algunos beneficios”. Así, pues, en opinión de la persona seleccionada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para suceder a Esteban Righi como procurador general, Boudou es un luchador social y por lo tanto los únicos que soñarían con acusarlo de violar las reglas a fin de favorecer los negocios al parecer florecientes de su presunto amigo, Alejandro Vandenbroele, serían los comprometidos con aquellas “corporaciones” que se oponen al “proyecto” kirchnerista. De tratarse de un político del montón, las afirmaciones en tal sentido que acaba de formular Reposo serían juzgadas un tanto rudimentarias; en boca de un eventual procurador general, difícilmente podrían ser más penosas. Por cierto, parecen confirmar el juicio negativo de aquellos juristas opositores que insisten en que su trayectoria profesional y académica ha sido tan llamativamente pobre que sería absurdo considerarlo la persona indicada para ocupar un puesto clave. Al fin y al cabo, aunque Righi, un hombre de la izquierda peronista que, según sus críticos, obstaculizaba el trabajo de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, no se destacaba por su falta de prejuicios ideológicos, nadie cuestionaba su capacidad profesional y, claro está, era consciente de la necesidad de asegurar que sus declaraciones públicas no se prestaran a demasiados malentendidos. Sea como fuere, el que, luego de la renuncia de Righi por sentirse ofendido por las alusiones de Boudou a las supuestas actividades ilícitas –“tráfico de influencias”– del estudio que había fundado, Cristina haya seleccionado para sucederlo a alguien de antecedentes tan poco impresionantes y de actitudes tan polémicas como Reposo nos dice mucho sobre la calidad, cada vez más lamentable, de quienes cumplen funciones importantes en el gobierno nacional. Sucede que a Cristina, aún más que a su marido fallecido y antecesor, Néstor Kirchner, le es sumamente difícil tolerar la proximidad de funcionarios que podrían hacerle sombra o que, en ocasiones, podrían criticar sus decisiones. Así, pues, se ha verificado en las demás reparticiones del Estado nacional el mismo proceso que hemos visto en el Ministerio de Economía que, después de la destitución de Roberto Lavagna, ha tenido como titulares a una serie de personajes menores –acaso la única excepción haya sido Martín Lousteau, que duró poco–, entre ellos Felisa Miceli y, desde luego, Boudou, hasta que el manejo de la economía quedó en manos del tosco secretario de Comercio Guillermo Moreno. Que ello haya ocurrido es perfectamente lógico. En un gobierno que se ve dominado por una sola persona, por ser cuestión de la dueña de la mayoría de los votos, como en el caso de la presidenta actual, una que, para más señas, exige lealtad absoluta a todos sus subordinados, es natural que escaseen los auténticamente talentosos que estarían en condiciones de aportar algo más sustancial a la gestión que su compromiso, sincero o no, con “el proyecto”. También han contribuido al proceso degenerativo la negativa de Cristina a celebrar reuniones plenas del gabinete, es de suponer porque teme que, como suele suceder en otros países democráticos, se formen alianzas a favor y en contra de estrategias políticas determinadas, y el hecho de que ningún subordinado se animaría a decidir nada sin asegurarse antes de que cuenta con la aprobación de la presidenta.
