De Vido apuntó a López, provincias y comunas y dejó a salvo a Bonafini

El exministro de Planificación Julio De Vido responsabilizó ayer a sus ex subordinados y a funcionarios provinciales y municipales por los contratos del plan de viviendas Sueños Compartidos y defendió a la jefa de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien según el gobierno se “alzó” contra las instituciones al negarse a declarar en la causa que investiga un fraude con ese programa.

“En estas contrataciones no participé en forma personal ni funcionalmente”, dijo el ex ministro en el escrito de descargo que presentó en la indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, donde se negó a responder preguntas, y aseguró que “la actuación del Ministerio fue canalizada directamente por la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Vivienda”.

El secretario de Obras Públicas era José López, detenido en junio cuando intentaba ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento bonaerense, y Abel Fatala, su segundo, mientras como titular de la Subsecretaría de Vivienda estaba Luis Bontempo, fallecido en 2012.

De Vido hizo hincapié, en el escrito de 15 páginas que entregó con su abogado Adrián Maloneay, en que “las autoridades locales” de cada provincia y municipio donde se realizaban las obras “eran las responsables del régimen de contratación y del control de la ejecución”, así como del “cuidado de esos fondos y su utilización para los fines solicitados”.

Además, defendió a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, -imputada en la causa pero quien se resiste a ser indagada- al expresar su deseo de que la investigación no sirva “para manchar sin justificación el nombre de Bonafini, las Madres ni todos los esfuerzos realizados desde mi ministerio para brindar solución al problema de la vivienda”.

De Vido consideró que “todas las cuestiones que al juez le parezcan sospechosas” por eventuales “desvíos o de una administración sospechada de fraude” habrían sido realizadas por “los apoderados Schoklender”, en referencia a los hermanos Sergio y Pablo, que encabezaban el plan “Sueños Compartidos”.

Al salir de los tribunales federales de Comodoro Py, De Vido, que acumula tres procesamientos en ese fuero, declaró a los periodistas que contra él y otros kirchneristas “hay una persecución política llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional” actual.

En esta causa De Vido está imputado junto a otras 43 personas por el supuesto desvío de los fondos que el Estado aportó al plan de viviendas, que según el juez es de 748.719.414,64 pesos abonados a la Fundación Madres.

Para el miércoles se espera la indagatoria del ex gobernador y ahora senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora.

En el expediente ya declararon los hermanos Schoklender, principales responsables –según Bonafini– de los desmanejos de la fundación que con el plan debía construir viviendas para familias de bajos recursos.

Bonafini debe dar explicaciones por haber firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para que la cartera asistiera con 600 pesos a obreros que pertenecían a la fundación. Los obreros no habrían cobrado esa ayuda económica, que sumó 58.834.800 pesos, pese a que el dinero fue entregado a Madres.

“Las cuestiones que al juez le parecen sospechosas fueron realizadas por
los apoderados (Sergio y Pablo) Schoklender”,

consideró De Vido en el escrito de 15 páginas que entregó ayer al magistrado.

Para mañana se espera la indagatoria del exgobernador y ahora senador nacional por Santiago del Estero Gerardo Zamora, ahora exkirchnerista.