Debaten hoy el relevamiento indígena con el conflicto de Río Negro de fondo

Debe extenderse la vigencia de la ley de Emergencia Territorial  si se pretende avanzar con el censo. El reclamo mapuche y las acusaciones de terrorismo sobrevuelan el análisis que hoy se dará en el Senado. ¿Cómo votan los rionegrinos?

El reclamo de la lof Quemquentrew en Cuesta del Ternero se mantiene vigente con integrantes de la comunidad rodeados por las fuerzas de seguridad, cerca de El Bolsón. En Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, la lof Lafken Winkul Mapu permanece con sus reivindicaciones a pesar del avance judicial en su contra. Son las dos acciones mapuches con mayor visibilidad en el último tiempo en la región y que forman parte de la antesala del debate de la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 que hoy se debatirá en el Senado.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), junto a pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, y el gobierno nacional, abogan por una nueva extensión de 4 años de la ley que fue sancionada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que obliga al Estado a cumplir con un relevamiento de tierras donde se encuentran las comunidades indígenas y frena los desalojos.

El debate está abierto con varios conflictos territoriales sin resolver y unas 600 órdenes de desalojo frenadas en el país. También como telón de fondo está el debate en torno del concepto de “terrorismo” que impulsa el gobierno de Río Negro y dirigentes de Juntos por el Cambio, respecto a los últimos ataques incendiarios en la cordillera.

La Ley de Emergencia territorial Indígena tuvo tres prórrogas desde su sanción original. Los impulsores de la extensión consideran que el mayor problema se encuentra en Diputados, no solo por la conformación sino también por los plazos ya que, para no perder vigencia, se debería tratar antes del 21 de noviembre.

“Aunque no resuelve el problema, la ley es fundamental porque es una herramienta que le brinda a las comunidades el relevamiento y el primer documento institucional donde se las reconoce con su territorio”, explicó a RÍO NEGRO Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro.

Con el relevamiento del territorio se cubren aspectos sociales, se conoce cuántas familias son en cada comunidad, cómo viven, su historia, entre otras cuestiones que forman parte de la carpeta técnica que deben realizar equipos interdisciplinarios en los que participa el INAI, las comunidades y las provincias.

El relevamiento indígena, que es el núcleo de esta ley, está demorado en todo el país. Río Negro no escapa al común denominador del resto de las provincias y también registra atrasos. Aquí hay 164 comunidades mapuches conformadas (70 tienen personería solicitada) y hasta 2013, se completaron 54 comunidades relevadas, según afirmó Carriqueo, quien estimó que en los años siguiente se habrán sumado otras 10 o 12, la última fue la comunidad Buenuleo de Bariloche cuyo territorio fue reconocido por el INAI.

Desde el INAI esta semana achacaron a Carreras que no firmaba el convenio como lo hizo recientemente Neuquén. Legisladores de Juntos Somos Río Negro señalaron que la provincia “suscribió el convenio oportunamente, el problema fue que el organismo nacional nunca destinó los fondos ni los insumos ni el personal (la parte que le tocaba) para avanzar”. Este diario intentó sin éxito tener una respuesta del Gobierno provincial.

INAI, provincia y la representación de las comunidades deben acordar cómo avanzar con el relevamiento, qué prioridades se dan y poner en marcha los equipos. Nación debe otorgar el presupuesto, que según la ley será de 1.200 millones para los 4 años.

En Río Negro hay comunidades que tienen orden de desalojo vigente, como el caso de la Cañumil en Chenqueniyen, a pesar de haber sido relevada. También hay casos de loncos que mueren por vejez, como José Collueque, de cerro Bandera, sin lograr solución a su conflicto territorial.

Para el INAI y los mapuches la ley es fundamental, aunque solo el relevamiento implica el territorio actual donde están asentadas, pero también que la provincia otorgue títulos comunitarios. Por ahora, no se concedió a ninguna comunidad.


En Río Negro unas 70 comunidades (poco más de la mitad del total) solicitó personería jurídica a la provincia. El relevamiento no exige contar con ella.


Weretilneck negocia algunos cambios


Los senadores de Río Negro están bajo presión. Ayer circulaba por redes sociales un video en el que difundían los rostros de los tres representantes provinciales, Silvina García Larraburu (Frente de Todos), Martín Doñate (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos), para exigirles el rechazo de la ley, atribuyendo los ataques incendiarios de la cordillera a grupos mapuches y aludiendo a que la ley “protege delincuentes”.

El Frente de Todos promueve la prórroga de la ley, por lo que sería una sorpresa si alguno de los dos senadores de la fuerza rechaza la iniciativa en el recinto.

El senador Weretilneck, que ha tenido una voz crítica con el conflicto mapuche y comparte la premisa de atribuir los hechos violentos al “terrorismo”, ayer no tenía decidido su voto ya que había presentado observaciones al proyecto original y aguardaba una respuesta del oficialismo para introducir cambios, según confiaron desde su entorno a Río Negro.

Desde Juntos por el Cambio  apelan al rechazo de la ley. El legislador Juan Martín se puso al frente de este reclamo: “Es una ley que se pensó para beneficiar a las comunidades originarias y de la que terminaron aprovechándose un montón de vivos con la complicidad de algunos funcionarios”, afirmó.


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