Delincuencia y disuasión: una brecha que crece

La historia demuestra que la seguridad –como expresión de una necesidad vital de los seres humanos que viven en comunidad– siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de quienes gobiernan, y es una condición fundamental para el desarrollo de la sociedad como de las personas que son miembros de ésta. En toda sociedad humana hay criminalidad e inseguridad.

Algunos autores haciendo referencia a los términos de criminalidad e inseguridad sostienen que los mismos deben encuadrarse dentro de los límites económicos y socialmente aceptables, alrededor de una “media óptima” para un funcionamiento de esta sociedad. Pero ese índice no es constante sino que varía en función de las características sociales y territoriales de cada momento histórico, por cuanto la evaluación de estos términos en función de riesgo y certeza es indispensable al momento de planificar el porvenir.

La Criminología como ciencia permite observar los aspectos políticos del control y darle un carácter neutral y objetivo. Por esto, desde las raíces mismas de su nacimiento como disciplina crítica está presente la revisión del sistema político por un lado y del poder jurídico por el otro.

En las últimas décadas se acumuló una vasta literatura que intentó testear el modelo económico del delito, estimando el efecto de las variables económicas sobre la tasa de transgresiones. El supuesto general es que las fluctuaciones económicas afectan la tasa delictiva al cambiar los ingresos y los costos esperados derivados de la realización de actividades legales e ilegales. Durante las expansiones el ingreso proveniente de las actividades legales aumenta, pero también las oportunidades disponibles para las actividades delictivas, con lo cual la relación entre delitos y actividad económica depende del impacto de estos efectos opuestos.

Los modelos teóricos del crimen emergen como una extensión de la escuela económica del delito, la cual constituyó un importante aporte en la identificación de variables asociadas con la evolución de la actividad criminal, donde sus estudios demostraron que la posibilidad de que un delincuente cometa un delito pasa primero por las probabilidades concretas de que lo atrapen, segundo porque sea hallado culpable y por último por la pena completa que cumpla por el delito cometido. A esta relación se la conoce también como “mecanismo disuasivo de la delincuencia” que se centra en la respuesta institucional, es decir, en la capacidad del sistema de capturar, enjuiciar y hallar culpables a quienes cometen faltas, lo que el lenguaje popular llama “pagar por el delito cometido”. Al utilizar mecanismo estadístico se puede visualizar la coordinación del sistema policial que depende del Poder Ejecutivo, el funcionamiento de las reformas en materia judicial en la aplicación de las leyes y la evolución del Servicio Penitenciario.

Según los datos, en Río Negro entre el 2005 y 2012, mientras la tasa de delitos aumentaba, las funciones con las que se medía el efecto de disuasión disminuían.

No se debe perder de vista que en esta teoría el comportamiento delictivo o la disposición de delinquir es una decisión de los agentes racionales que buscan maximizar su utilidad mediante la comparación de los beneficios y costos esperados, donde los primeros están dados por el botín y los últimos por la forma de pagar por el delito cometido.

Así para captar el efecto disuasivo se utilizan variables que estiman el costo de realizar actividades delictivas, a saber: la posibilidad de ser arrestado una vez cometido el delito (total de arresto / expedientes ingresados), la probabilidad de que se dicte sentencia (total de sentencias / expedientes ingresados) y la posibilidad de condena efectiva una vez sentenciado (total de condenados /expedientes ingresados). Es claro que cuando estas tres funciones aumentan se espera que disminuya el número de delitos. Las funciones se construyeron a partir de datos obtenidos del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena y el Sistema Nacional de Información Criminal.

Los delitos se obtuvieron a partir de los hechos presuntamente delictivos que surgen de las denuncias realizadas por la población de Río Negro entre el 1º de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2012, donde están incluidos los delitos contra la propiedad, las personas y la libertad. Para la confección de las tasas de delitos (delitos/población) se tomaron los datos poblacionales de los censos realizados por el Indec con su variación anual. (Ver cuadro)

Según los datos, en la provincia de Río Negro entre el 2005 y 2012, mientras la tasa de delitos aumentaba, las funciones con las que se medía el efecto de disuasión disminuían (tuvieron todas tendencias negativas). De esta manera se observa una baja importante entre lo acontecido en el 2012 respecto al promedio del período 1995-2012, donde las relaciones son: tasa de detenidos promedio de 0,35 contra 0,09 para el período 2012; la tasa de procesados promedio de 0,07 contra 0,02 y la tasa de condenados de 0,28 contra 0,08. Esto refleja que el efecto disuasivo disminuyó considerablemente en ese año respecto al promedio de los últimos ocho. Y por otro lado, y en sentido totalmente inverso, la tasa de delitos promedio para todo el período fue de 0,27 frente 0,34 para el 2012.

*Experto en Criminología, doctor en Desarrollo Territorial y docente de la Universidad Nacional de Río Negro