Colombia: Petro asume el poder entre la ilusión y la incertidumbre

Su llegada marcará varios hitos: será el primer jefe de Estado de izquierda, el primer exguerrillero en comandar las FF.AA y su vice será Francia Márquez, la primera afrodescendiente en el cargo. Dudas entre militares y empresarios por posibles reformas.

Astrid Suárez AP

Gustavo Petro saluda a su llegada para votar en una segunda vuelta presidencial en Bogotá, Colombia (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

Gustavo Petro se calzará el domingo la banda presidencial de Colombia y marcará varios hitos: será el primer jefe de Estado de izquierda en 200 años de historia republicana, el primer exguerrillero en convertirse en comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tendrá como vicepresidenta a Francia Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo.

Petro genera esperanza en sectores políticos y sociales que nunca habían llegado a esas instancias de poder y de la población más vulnerable, que espera mayor equidad y respuestas a un descontento generalizado por la desigualdad que se evidenció en las multitudinarias protestas de 2021 contra las políticas del saliente gobierno del conservador Iván Duque.

Pero también hay incertidumbre entre militares, empresarios y un sector que desconfía de su pasado como guerrillero por las reformas fiscal, agraria y policial que busca llevar a cabo y por los posibles cambios en la economía para que no dependa tanto del extractivismo.

“Es el inicio del cambio. Es esa esperanza que teníamos hacia una perspectiva de la protección de la vida”, dijo María Violet Medina Quiscue, una indígena nasa. “El pueblo y los sectores excluidos fuimos los que le dimos la potestad y la fe para que llegara”, agregó. La transición política fue pacífica con el gobierno de Duque, quien cede el poder a su principal opositor y termina con baja popularidad. En contraste, tras resultar elegido Petro mejoró su imagen favorable, que pasó de 42% en febrero a 64% en julio en una encuesta de Invamer .

Petro, de 65 años, ambiciona grandes reformas en un país con altos niveles de pobreza, desigualdad y una creciente violencia y encarna a una izquierda que ha sido marginada y en ocasiones estigmatizada por el peso de cinco décadas de conflicto armado.

La firma del histórico acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) hace cinco años abrió espacio en el país a nuevas prioridades como la lucha contra la corrupción y el desempleo, aunque no terminó con la violencia de otros grupos armados ilegales. Petro aspira a dar un impulso hacia la “paz total”, lo que significa continuar la senda recorrida con las FARC y avanzar en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional -la última guerrilla activa-, así como plantear un sometimiento a la justicia de las bandas criminales, entre ellas el Clan del Golfo, el cártel de narcotráfico más poderoso del país.

Aunque se trata de una meta ambiciosa, la analista política Sandra Borda explicó a AP que Petro aprovecharía el apoyo popular y el impulso de su victoria electoral para sacar adelante reformas profundas y negociaciones con actores armados que generan resistencia en algunos sectores de la sociedad.

Petro inicia su mandato con mayoría en el Congreso. No sólo cuenta con el apoyo de una bancada inédita de izquierda, también logró consensos con partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador, de doctrina opuesta. Aunque en principio parece tener asegurado que se aprueben todas sus propuestas, los analistas coincidieron en que no tiene garantizado apoyo constante durante todo su mandato de cuatro años.

La primera prueba será la reforma tributaria que presentará al Congreso tras posesionarse. La lidera el reputado economista José Antonio Ocampo, designado ministro de Hacienda y quien ha caído bien en el mercado por su experiencia en política monetaria. “Confíen en que nosotros no vamos a hacer nada irresponsable en materia macroeconómica”, dijo. Se trata de una reforma clave con cuyos recursos Petro espera financiar programas sociales como educación universitaria gratuita y un plan contra el hambre. Ocampo ha dicho que el dinero saldrá de la capa más acomodada de la sociedad y del control de la evasión.

Desde el sector económico hay gran expectativa por el contenido de la reforma y por otras medidas, como una posible suspensión del otorgamiento de licencias mineras y de exploración petrolera con el objetivo de acelerar la transición energética.

La otra reforma que toca fibras sensibles en el país es la policial. El objetivo es que esa fuerza ya no dependa del Ministerio de Defensa y quede bajo jurisdicción del Ministerio de Interior o de un nuevo Ministerio de la Paz y la Seguridad.

Esa transición estará liderada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, un abogado con una larga trayectoria en la investigación de la corrupción y estructuras criminales que presidió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El perfil de Velásquez, enfatizó Borda, apunta a un proceso de transformación interno de las fuerzas armadas para acabar con la corrupción y promover el respeto a los derechos humanos.

También se espera un cambio relevante en las relaciones exteriores de Colombia: Petro se propone restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019. Entre los empresarios de ambos países hay alta expectativa por la apertura comercial de la frontera.

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña Mendoza, dijo a AP que esperan que se abra en agosto y se permita el paso del transporte de carga. Las proyecciones de Umaña indican que, si se abre la frontera, el comercio binacional podría alcanzar los 1.000 millones de dólares, una cifra superior a la de años pasados pero por debajo del pico de 2008 de más de 7.000 millones.

A su vez, Petro ha planteado cambios en la relación con Estados Unidos en la política antinarcóticos -angular en la relación- y el tratado de libre comercio firmado hace una década.

Camila Hernández, experta del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, aseguró que podrían generarse tensiones por la política antinarcóticos, aunque no descartó que se pueda llegar a un entendimiento porque “una relación de 200 años no se puede acabar con un solo tema”.


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