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¿Quién “gobierna” nuestros datos privados?
La pandemia aceleró un proceso de digitalización de nuestra vida cotidiana que ha implicado la cesión de información sensible al Estado y a empresas. Expertos aseguran que las políticas de protección de datos están desactualizadas y generan riesgos.
La pandemia que hemos sufrido en los últimos años nos ha empujado de lleno al mundo digital para muchas de nuestras actividades cotidianas. Trabajar, estudiar, reunirse con la familia, hacer las compras y trámites o simplemente entretenerse pasaron de ser actividades eminentemente presenciales a la virtualidad en pocos meses. Es cierto que ya había una tendencia a realizar muchas de ellas vía internet, pero los confinamientos y restricciones aceleraron brutalmente la transición. En este proceso, hay un aspecto que ha quedado minimizado o poco visible: la enorme cantidad de datos personales que entregamos cada día tanto al Estado como a empresas privadas y que cuando se filtran o caen en manos inadecuadas pueden generarnos serios problemas.
En este sentido, muchos expertos creen que tanto la legislación como las políticas sobre la “gobernanza de datos”, como se la denomina, ha quedado muy retrasada en el caso de nuestro país y en necesaria una urgente discusión sobre qué datos se piden y para qué, cómo se guardan, cómo y por dónde circulan, quién los puede borrar o almacenar y qué instancias nos protegen de su eventual uso para actividades ilegales o poco éticas por parte de algunas empresas, grupos e individuos.
Aunque varias provincias y dependencias del Estado nacional han adoptado ya prácticas de manejo transparente y protección de estos datos personales, aún no existe en Argentina una instancia que centralice acciones y dirija las políticas sobre la gobernanza de datos.
Como señala la presidenta de la fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, “el Estado es un gran generador de datos personales únicos, como el DNI”, que en esta pandemia la mayoría nos enteramos que tenía un número de trámite que es clave para entrar al perfil de Anses, de la información de Salud, entre otras.
Además, en el marco de las políticas excepcionales adoptadas durante la pandemia surgieron distintas aplicaciones como la Cuidar para facilitar las campañas de detección de casos, aislamiento y vacunación, muchas de las cuales tenían problemas de vulnerabilidad. Distintas dependencias del Estado compartieron información entre sí y con empresas privadas para poder coordinar políticas como el pago de sueldos y subsidios como el Repro, las campañas masivas de vacunación en las provincias, o el control de la circulación de las personas.
Hay aplicaciones como Mi Argentina que, si bien facilitan los trámites ante distintos organismos al reunir mucha información en el celular ( el DNI escaneado, permiso de conducir, datos de vacunación, etc.) al mismo tiempo debe ser resguardada de cualquier uso inapropiado.
Algunos hechos recientes generaron preocupación en las organizaciones.
El primero de ellos ocurrió en octubre del año pasado, cuando un hacker reveló que había logrado vulnerar la seguridad del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y difundió vía Twitter las fotos y frente de DNI de varios famosos. Este personaje aseguró además tener en su poder la información completa de 45 millones de DNI y que estaba dispuesto a negociar esta información si el estado argentino no pagaba rescate. El gobierno aseguró que no había sido vulnerado ningún servidor del organismo y que la situación estaba bajo control. Sin embargo, las explicaciones no fueron del todo convincentes, e investigaciones posteriores señalaron que el ataque se habría producido mediante “phishing” (correos maliciosos con virus) que infectaron computadoras de personal de Salud, que transitoriamente tenía acceso a la base de datos del Renaper para cargar la información sobre la pandemia y la vacunación. Antes, se habían reportado filtraciones y ataques informáticos a datos personales en la Dirección Nacional de Migraciones y a la obra social de las Fuerzas Armadas.
La polémica por el censo y el pedido de DNI
También la realización del censo generó controversias . Organizaciones como la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la fundación Vial Libre alertaron, y en el segundo caso iniciaron acciones judiciales, ante la propuesta de pedir los datos de DNI en la realización del censo nacional 2022, previsto para el 18 de mayo. En esta oportunidad, por primera vez existe la posibilidad de llenar anticipadamente el censo desde el 14 de marzo, a través de una página especial que permite responder a las preguntas online y entregar un comprobante en la visita del censista en mayo. Ante el reclamo de las organizaciones civiles, el Instituto de estadísticas y Censos (Indec) señaló que el pedido de DNI es sólo una fórmula para asegurarse en la página web que se trata de un humano y un “robot” y que la información no será almacenada ni se asociará con los datos censales. Pero las dudas permanecen y está vigente una acción de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, para asegurar que no se solicite el DNI en ninguna de sus versiones.
Más allá de las situaciones puntuales, el debate se mantiene vigente en nuestro país sobre cómo se clasifican y protegen los datos personales, que como señala Busaniche, aunque estén en poder del Estado o almacenados en empresas privadas “no les pertenecen a ellos, les pertenecen a las personas” y es deber del sector público proteger e informar cómo éstos se clasifican, se usan y circulan, protegiendo los derechos de privacidad de la población.
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