Políticas de niñez-adolescencia en Río Negro: éxito del fracaso

La política pública de Río Negro en el área de Niñez y Adolescencia ha transitado en los últimos años un turbulento camino, caracterizado por cambios de funcionarios, migración de profesionales, subejecución presupuestaria, falta de dispositivos adecuados y de recursos para que funcionen los programas, escasez de condiciones necesarias para que los trabajadores desempeñen sus tareas, poco apoyo a organizaciones sociales que abordan esta problemática, etc.

Frente a esta realidad –expresada en forma permanente y de múltiples formas por los distintos actores que conforman el ámbito de la Niñez y Adolescencia rionegrina (trabajadores del Estado, organizaciones sociales, consejos locales, Poder Judicial)– se podría llegar a la conclusión que la política pública de Niñez y Adolescencia del gobierno de Weretilneck ha fracasado rotundamente. Y mayor intensidad podría atribuirse a este fracaso si se consideran los logros en ampliación de derechos que tiene la legislación en esta materia (ley nacional 26061 y ley provincial 4109). Se agrega la creación de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, jerarquizándola al nivel de un ministerio.

En resumen: a pesar de que existe una legislación de vanguardia y se priorizó el área al máximo rango dentro del organigrama provincial, no se logran implementar los programas concretos que mejoren la situación de la franja más sensible y débil de nuestra sociedad, que son las niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados.

En términos más sencillos, el Estado tiene la obligación y responsabilidad de garantizar los derechos de la población infantil y adolescente a la que –por múltiples causas– sus entornos familiares no han podido garantizar.

El efecto del fracaso de la implementación y la gestión del Estado genera que esta población sufra doblemente, ya que a la falta del núcleo familiar que los contenga se le suma un Estado que no llega, o que llega mal y tarde.

“Ciclos” negativos

Sin embargo, si se entiende la política pública como modalidad de intervención en forma estable y sostenida frente a un problema, se podría afirmar que el gobierno de Weretilneck no ha fracasado para nada en esta área, sino que lisa y llanamente esto que viene sucediendo es su política pública en niñez y adolescencia…

Planteado sintéticamente, el modelo de implementación se podría describir como una serie de acciones que ocurren una tras otra, para luego repetirse una y otra vez durante años.

Este “ciclo” comienza con el nombramiento del funcionario/a responsable del área ( generalmente desconoce el ámbito y tiene que tomarse “un tiempo” para ponerse en tema), luego éste no logra ejecutar con eficacia y eficiencia el presupuesto, ponerse al día con las deudas y compromisos atrasados, generar los dispositivos adecuados frente a situaciones de extrema urgencia, responder en tiempo y forma a los pedidos de los juzgados de Familia y cumplir con las condiciones mínimas de trabajo que vienen solicitando largamente los trabajadores.

En algún momento estas cuestiones generan una crisis que deriva en la renuncia del responsable del área, y llega un nuevo jefe o jefa, quien vuelve a “necesitar un tiempo” y así se repite la misma historia (en los últimos años el promedio de gestión de cada autoridad máxima del área fue de un año). El mismo “ciclo” se repite en las regiones y delegaciones.

Si bien se puede matizar esta mirada, reconociendo que aparece cada tanto una acción de gobierno esperanzadora –como el contrato a los trabajadores en negro o la jerarquización de la Secretaría– la política pública sigue siendo la misma.

Las medidas positivas sólo atenúan o retrasan la siguiente crisis terminal, que inaugurará un “nuevo ciclo”.

Las excusas frente a esta compleja e inestable situación suelen ser que “se está “comenzando de nuevo”; “hay que darle tiempo a la nueva gestión” o “no me puedo hacer cargo de lo que hizo o no hizo el anterior…”.

Negativo contexto actual

La realidad y el contexto nacional actual agravan los efectos de esta forma improvisada y errática de implementar la política pública en niñez y adolescencia, reflejado en diversas manifestaciones e investigaciones sobre esta problemática.

El Cietes ( Instituto Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad) – a pedido del Movimiento de Infancia de Bariloche– da la alarmante cifra de unos 6.600 niños pobres de esta ciudad que no cubren sus necesidades básicas (1).

En el mismo sentido, Río Negro tiene el triste primer puesto en cantidad de niños pobres de la Patagonia, según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA). “La cifra es de 2017 y representa un alza de 2% respecto de 2016, alcanzando el nivel más alto desde 2013”(2).

Se supone que una parte significativa de toda esa población debería ser alcanzada por los insuficientes, inexistentes y/o desmantelados programas preventivo-promocionales de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Río Negro. (3)

Posiblemente vendrán nuevas crisis, que deriven en nuevas medidas y anuncios rimbombantes. Será una muestra más de la política elegida por este gobierno, que consiste en “tirar la pelota para adelante”, o siempre “volver a empezar”. Lamentablemente, las niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados no pueden esperar, su tiempo es hoy, ¡su futuro es ya!

*Magíster en Política Pública y Gobierno (UNRN) y legislador del FpV

1) Diario “Río Negro”, 6/7/2018

2) Agencia ADN , 30/7/2018

3) Colectivo Al Margen, 16/7/2018