Declaran imprescriptibles los crimenes de la Triple A

 BUENOS AIRES (DyN) – Justo en la víspera de la extradición al país de uno de los jefes de la Triple A, Eduardo Almirón, la Cámara Federal ratificará que los crimenes perpetrados por esa banda terrorista paraestatal son de lesa humanidad y, en consecuencia, no prescriben.

Así lo aseguraron esta mañana fuentes judiciales, que adelantaron que el fallo partirá este mediodia de la Sala I de la Cámara Federal hacia el juzgado federal de Norberto Oyarbide, que lleva la causa por la Triple A, en la cual ha pedido a España la extradición de la ex presidenta «Isabel» Perón.

El voto decisivo para este fallo pertenece al presidente de la Sala II de la Cámara Federal, Horacio Cattani, quien debió desempatar entre sus pares de la Sala I, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes habían votado en disidencia: por el sí y por el no, respectivamente.

En este expediente, que data de 1976 pero fue reabierto el año pasado, la principal imputada es la ex presidenta María Estela Martinez viuda de Perón, de 75 años, que desde hace un año cumple arresto preventivo en su chalé de las afueras de Madrid, España, a la espera del trámite de extradición a Argentina.

 La imputación de «Isabel» provocó el año pasado una fuerte reacción de algunos sectores del peronismo que empapelaron las fachadas de Buenos Aires con carteles que llevaban la consigna «No jodan con Perón». Aparte de «Isabel» y Almirón, los otros imputados son el ex policía Miguel Angel Rovira, que cumple prisión preventiva y Felipe Romeo, ex director de la revista ultranacionalista «El Caudillo», que está prófugo.

Un caso distinto lo constituye el ex comisario Juan Ramón Morales, suego de Almirón y ya fallecido. Oyarbide les imputa el presunto delito de «asociación ilícita» en la dirección de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), la banda terrorista paraestatal que, según cálculos de organismos humanitarios, de 1973 a 1976, asesinó a casi un millar de opositores políticos. Y, siempre en el marco de la causa número 6511, caratulada «López Rega, José, sobre asociación ilícita», también les imputa responsabilidades en cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974.

En concreto se trata del crimen del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, ametrallado el 31 de julio de 1974 mientras descendía de un taxi en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Arenales e iba acompañado de su esposa Elena Villagra.

El segundo homicidio es el de Julio Tomás Troxler, ex jefe de policía bonaerense y a su vez sobreviviente de los fusilamientos de peronistas en 1955. El 20 de septiembre de 1974 Troxler fue secuestrado y horas después lo arrojaron maniatado desde un Peugeot negro, como el que solía usar Almirón Sena. Sus captores le gritaron «corre…corre» y lo acribillaron desde las ventanillas del vehículo.

Los otros dos atentados fueron simultáneos. En el expediente judicial consta que a «Luis Ángel Mendiburu lo mataron el 27 de septiembre de 1974 cuando intentó impedir que -no menos de nueve personas- secuestren al profesor universitario Silvio Frondizi, de su casa de la calle Cangallo 4474».

Frondizi era hermano del ex presidente argentino Arturo Frondizi y horas después fue encontrado acribillado en Ezeiza. Ortega Peña y Troxler eran dirigentes del Peronismo de Base, mientras que Fronzidi y Mendiburu profesaban ideas marxistas.

La Triple A debutó en 1973 mediante un atentado con bomba al entonces senador radical Hipólito Solari Irigoyen, que sufrió heridas en las piernas y salvó su vida de milagro, y a partir de allí ejecutó entre 800 y 1.000 atentados contra la oposición política y la guerrilla, además de amenazas a intelectuales, artistas y cantantes.

A mediados de 1975 en medio de protestas populares por el plan económico denominado «Rodrigazo», López Rega abandonó el Gobierno y fue enviado por «Isabel» a vivir España como embajador plenipotenciario, junto a Morales y Almirón. Todos se instalaron en la residencia «17 de Octubre» del barrio madrileño Puerto de Hierro en que Juan Perón había vivido exiliado.

Esta causa judicial se inició hace 32 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizarri Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. Pero el 2 de febrero de 2007 fue reabierta a raíz de que el fiscal federal Eduardo Taiano entendió que los de la Triple A fueron crimenes de lesa humanidad, a la vez que requirió la extradición del ex policía argentino detenido en España Ricardo Taddei, imputado del secuestro extorsivo del empresario Osvaldo Sivak.