Delitos de opinión

Aunque la idea misma del "crimen de opinión" no tiene cabida en una democracia sana, abundan los grupos que creen lo contrario.



Acaso el acto más patético de los muchos que se celebraron el 24 de marzo fuera el protagonizado frente a la casa del ex general Jorge Rafael Videla por los actores Fernando Siro y Elena Cruz que, acompañados por un puñado de amigos, lo homenajearon cantándole el himno nacional. Sin embargo, lo que de otro modo hubiera quedado como evidencia de la soledad del hombre que durante cinco años trató de gobernar el país podría convertirse en un tema de cierta importancia debido a la decisión de diversos grupos de querellar a los videlistas por “apología del delito”, figura legal de legitimidad dudosa en una democracia, sobre todo cuando se la aplica a manifestaciones que podrían calificarse de políticas. Al fin y al cabo, de tomarse al pie de la letra la tesis de las agrupaciones que han denunciado a Siro y Cruz, un buen abogado no tendría demasiadas dificultades para acusar de la misma ofensa a una serie larguísima de militantes de organizaciones contestatarias. Por fortuna, hasta ahora ninguno se ha propuesto hacerlo, pero de prosperar la querella contra los partidarios de Videla algunos de opiniones derechistas podrían sentirse tentados a grabar las arengas de los adversarios más vehementes del statu quo y fotografiar los lemas que suelen enarbolar, con el propósito de encontrar evidencia de pensamientos a su juicio ilegales.

Es una suerte que existan estatutos de limitaciones, porque de lo contrario los resueltos a tratar a sus adversarios como criminales en el sentido estrecho de la palabra encontrarían que centenares de miles, tal vez millones, de argentinos han cometido el delito de manifestarse en favor de regímenes militares o civiles a sabiendas de que pisoteaban los derechos básicos de sus compatriotas. Después de todo, durante décadas las dictaduras eran tan “normales” como los gobiernos civiles y durante los primeros cuatro años de su gestión brutal Videla disfrutaba de la simpatía de sectores bastante amplios. Asimismo, los movimientos terroristas, los cuales nunca disimularon su propósito de rebelarse contra la legalidad “burguesa”, también gozaron en su momento del apoyo de muchos, algunos de los cuales siguen fieles a sus compromisos de hace un cuarto de siglo sin que se hayan visto forzados a desfilar por tribunales acusados de “apología del delito”.

Aunque la idea misma del “crimen de opinión”, porque es de eso que trata, no tiene cabida en una democracia sana, abundan los grupos que a pesar de todo lo ocurrido insisten en que el orden establecido debería poder defenderse encarcelando o multando a los partidarios de esquemas antidemocráticos. Mientras duró el Proceso, las víctimas de esta mentalidad eran por lo general izquierdistas culpables, según los simpatizantes del régimen, de sembrar pensamientos “subversivos” o “antiargentinos”. A partir de 1983, el lugar de éstos ha sido tomado por derechistas impenitentes que rehúsan reconocer que el Proceso fue un desastre. Son pocos, razón por la cual los deseosos de castigarlos afirmarían que no deberíamos preocuparnos por su destino: se equivocan, el que sean pocos, débiles y nada populares es de por sí razón suficiente como para dejarlos en paz.

Con la excepción de éstas, en la Argentina actual todas las personas pueden expresarse con libertad sin el temor de que sus opiniones – lo cual no quiere decir su forma de calificar a los demás – les conviertan en enemigos del Estado. Puede que para algunos la tolerancia así supuesta es mala, pero la verdad es que constituye la base misma de la convivencia pluralista. También, huelga decirlo, nos permite tener la seguridad de que pocos, poquísimos, sienten nostalgia por las dictaduras militares. Si es prohibido ovacionar a Videla o a cualquier otro representante del Proceso en público, sería fácil que grupos autoritarios afirmaran que en realidad muchos preferirían vivir bajo una dictadura militar pero que no se animan a decirlo por miedo a ser reprimidos por quienes creen representar el punto de vista mayoritario, planteo que si bien sería falso podría adquirir cierta verosimilitud si los activistas que tienen a Siro y Cruz en la mira siguieran una campaña que tiene demasiado en común con otras, de signo ideológico distinto, que vigilantes de opiniones diferentes emprendieron con frecuencia en la Argentina del pasado relativamente reciente.


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