Demandan a Río Negro por los días sin clases

Una madre pidió un resarcimiento de 22.500 pesos. Su hijo de 9 años inició el ciclo lectivo este mes.

Redacción

Por Redacción

CIPOLLETTI (AC) – La madre de un chiquito de 9 años que recién hace trece días comenzó las clases de este año entabló una demanda contra el gobierno rionegrino por daño moral y psicológico. La mujer pide un resarcimiento de 22.500 pesos.

La demanda la tiene ahora el juez civil de Cipolletti Alejandro Cabral y Vedia.

Sandra Piaggi tiene tres hijos. El más grande -cuyo nombre se reserva por tratarse de un menor- tiene 9 años y en marzo debería haber comenzado a cursar su cuarto grado en la escuela 264 del barrio Luis Piedrabuena.

Como casi todos los chicos de su edad, el hijo de Piaggi no pudo iniciar las clases en marzo, pero tampoco en abril ni en mayo.

Primero fue el largo conflicto salarial entre el gobierno y los docentes. Y más tarde el edificio del colegio tenía tales averías que era imposible dictar clases y hubo que disponer refacciones.

Los chicos rionegrinos que están en la primaria regresaron a la escuela a mediados de mayo después de cuatro meses de vacaciones entre merecidas y obligadas.

Esta mujer intentó inscribir al pequeño en un colegio privado -contó- pero se encontró con que todos los cupos de la ciudad se habían agotado.

Piaggi no responsabiliza a los docentes ni a Unter por la falta de clases para sus hijos, sino al gobierno de Pablo Verani.

La demanda fue patrocinada por el abogado Eduardo González, en cuyo estudio -ubicado en Neuquén- trabaja Piaggi.

El abogado sostiene que no hay antecedentes de este tipo de demandas por incumplimiento en las funciones del Estado.

Dijo además que el medio año sin clases que pasó el hijo de su patrocinada le causaron al chiquito «daños psicológicos y morales por las falencias en la formación».

Ambos, la madre y su abogado, recalcaron que aunque reclaman un resarcimiento, no los mueve el dinero. «La cifra es lo de menos, el problema es la falta en la que incurrió el gobierno de Río Negro, no el Estado», quiso hacer una distinción.

El abogado ensayó una explicación sobre la formación que precisa un chico de esa edad: dijo que a ella debe aportar la familia, pero también la escuela.

La falta de escolarización le impide a los pequeños adquirir costumbres de socialización y fomenta hábitos negativos, como la impetuosidad, opinó sobre la base -dijo- de opiniones de pedagogos.

Los niños en esta situación -continuó- «carecen de pautas que da la escuela para ser una persona de determinadas características»

La madre también hizo notar que su hijo debe incorporar los contenidos de todo un año lectivo en apenas cinco meses. Contó además que detectó en su hijo las consecuencias de la falta de escolarización: «Cuando terminó tercer grado, mi hijo sabía dividir y ahora no se acuerda».

Los amparos que fracasaron

CIPOLLETTI (AC) – Hace dos meses casi dos centenares de padres habían intentado en vano mediante la presentación de amparos masivos que el gobierno garantizara el dictado de clases.

Fueron presentado el mismo juez civil que ahora deberá resolver esta demanda presentada por una madre que pide un resarcimiento de 22.500 pesos. Se trata de Alejandro Cabral y Vedia, que en ese entonces se declaró incompetente y elevó los amparos al Superior Tribunal de Justicia.

La demanda que Sandra Piaggi presentó bajo el patrocinio del abogado Eduardo González no busca el dictado de clases porque, de hecho, el ciclo lectivo empezó para su hijo el primero de junio.

«Tenemos un gran respeto por la Justicia y sabemos que en Río Negro enfrenta los embates del gobierno», le dijo ayer el abogado González a este diario.

Cabral y Vedia fue también el juez que se impuso como garante de pago por la atención de una chiquita en grave estado de salud que, para sobrevivir, debía ser trasladado del hospital local a uno de Neuquén.


CIPOLLETTI (AC) - La madre de un chiquito de 9 años que recién hace trece días comenzó las clases de este año entabló una demanda contra el gobierno rionegrino por daño moral y psicológico. La mujer pide un resarcimiento de 22.500 pesos.

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