Denuncian al TSJ neuquino por el despido de un funcionario

NEUQUEN – Una demanda contra el Estado que presentó un ex director de Informática del Tribunal Superior de Justicia que fue cesanteado, amenaza con provocar un escándalo en la cúpula del Poder Judicial de la provincia porque allí se denuncia que sus miembros utilizaron en un simple sumario administrativo, información sobre llamadas telefónicas del ex funcionario despedido sin la orden de un juez competente, como manda la ley.

El año pasado, el TSJ decidió poner en marcha un plan de informatización de la justicia y para eso creó una nueva dirección. Allí fue designado Daniel García Cáneva y como director técnico asumió Agustín Di Crocce.

En junio de 1998, los integrantes de esta dirección se reunieron con empresas del ramo por cuanto habían surgido algunos inconvenientes en la instalación del sistema. Llamó la atención en esa reunión la información que poseía la firma Caldenia y Asociados SRL, una de las convocadas, no sólo sobre el problema en sí sino sobre la disposición de los edificios del Poder Judicial.

Un mes antes la firma Caldenia se había presentado a una licitación convocada por la municipalidad de General Roca. Entre la documentación aportada, figuraba el currículum de Di Crocce.

Una vez que se detectaron estas dos situaciones, el TSJ inició un sumario administrativo para investigar la conducta de Di Crocce, ya que la jerarquía de su puesto hacía incompatible su participación en una empresa privada.

De la investigación surgió que Di Crocce efectuó entre febrero y julio de 1998, 22 llamadas telefónicas a la empresa Caldenia desde internos del edificio del TSJ. Además que mantuvo dos horas de comunicación a través de su teléfono celular.

El sumario determinó también que la firma Caldenia obtuvo información «reservada», que sólo estaba en conocimiento de los integrantes de la dirección de Informática, sobre los problemas de «conectividad» que se presentaron a la hora de implementar la informatización del sistema judicial.

Demanda contra el Estado

Agustín Di Crocce aseguró que no suministró información a Caldenia y que, en cambio, el proveedor de los datos fue García Cáneva.

Hace pocos meses, el ex funcionario cesanteado presentó una demanda contra el Estado por su despido, en la que no sólo exigió la restitución en su puesto y el pago de los sueldos caídos, sino también 200.000 pesos de resarcimiento por el daño que le causaron el despido y su difusión.

Todas las causas administrativas contra el Estado deben ser resueltas por el TSJ, pero en este caso los miembros de la cúpula del Poder Judicial son parte. Por eso Di Crocce los recusó a todos. El TSJ ya había remitido el sumario al fiscal Ignacio Cano para que investigue si se había cometido un delito.