Deuda y soberanía

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Los políticos irlandeses entienden que, dadas las circunstancias, no les queda más alternativa que la de aceptar el plan de rescate que fue elaborado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, pero la mayoría de sus compatriotas se le opone porque a su juicio haría de su país un protectorado gobernado desde Bruselas, destino éste que compartiría con Grecia y, tal vez, Portugal. Por motivos comprensibles, los irlandeses creen que se trataría de un precio insoportablemente elevado, pero aunque están dispuestos a someterse a un régimen de austeridad draconiana a fin de conservar su independencia, las deudas acumuladas por su sistema bancario son demasiado grandes como para permitirlo. Según parece, para mantener los bancos a flote serían necesarios más de 100.000 millones de dólares, un monto colosal para un país de apenas 4,3 millones de habitantes. El problema no sería tan grave si sólo fuera cuestión de bancos europeos con la casa matriz en Dublin, pero sucede que en la Unión Europea –y en la Eurozona– los distintos países siguen resistiéndose a abandonar sus prerrogativas tradicionales, con el resultado de que los gobernantes y empresarios de países pequeños, como Grecia e Irlanda, actuaron como si creyeran que, por formar parte de un mercado común con una población de más de 500 millones, ya no dependerían del estado de la economía local. Desgraciadamente para los griegos, irlandeses, portugueses y españoles, la debacle financiera del 2008 los devolvió a la realidad. Para funcionar bien la Eurozona, tendría que existir un solo gobierno económico que, tal y como sucede en países con su propia moneda, antepusiera los intereses del conjunto a aquellos de sus partes. Los artífices del euro sabían que tarde o temprano las diferencias enormes entre las economías de los distintos países que aceptaran adoptarlo darían lugar a una crisis de proporciones, pero previeron poder aprovecharla para fortalecer las instituciones de la UE en desmedro de las de sus miembros. Pues bien: el proceso que tenían en mente ya está en marcha, pero no hay garantía alguna de que termine como anticiparon los más optimistas, puesto que todos los países se aferran a su propia soberanía. Aun cuando el gobierno irlandés actual, como el griego, se comprometa a acatar las órdenes enviadas desde Bruselas, la resistencia popular a verse subordinado a burócratas extranjeros podría provocar estallidos. Asimismo, nadie sabe lo que ocurriría si un país grande como España o Italia necesitara ser “rescatado” por sus socios. En Europa, el malo de la película que está rodándose no es el FMI sino el gobierno alemán encabezado por Angela Merkel. A los alemanes no les gusta para nada sentirse obligados a repartir subsidios entre socios que a su entender son pedigüeños haraganes y corruptos o, en el caso de los irlandeses, personas irresponsables que se dejaron seducir por el canto de sirena de los financistas “anglosajones” en vez de dedicarse a fabricar bienes materiales para entonces exportarlos. Por motivos políticos, Merkel tiene que asumir una postura mucho más severa y menos comprensiva que la del FMI que, acostumbrado como está a negociar con los gobernantes populistas de países subdesarrollados, entiende la importancia de tomar en cuenta los reparos políticos ajenos. Para agravar todavía más la situación, los alemanes son alérgicos a la inflación y creen fervorosamente en los méritos de una moneda fuerte, mientras que casi todos sus socios estarían más que dispuestos a convivir con una tasa de inflación mayor que la actual y, desde luego, quisieran ver desplomarse el valor internacional del euro. Así, pues, Europa se encuentra en una encrucijada. Si los socios en apuros se resignan a ser rescatados, la Eurozona pronto estará administrada económicamente por un gobierno dominado por los alemanes, lo que sería una pésima noticia para los habituados a cierto grado de flexibilidad. Si, luego de algunos meses o incluso años de austeridad extrema, los miembros periféricos de la Eurozona deciden que los costos son excesivos y los beneficios previstos serían magros, el experimento emprendido por los resueltos a incluir a 16 países muy diferentes en una sola área monetaria fracasaría, una eventualidad que con toda seguridad tendría consecuencias dramáticas.

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