Dilema de la deuda
Lo mismo que su antecesor y apadrinador Eduardo Duhalde, el presidente Néstor Kirchner ha elegido tratar la deuda pública como si en su opinión fuera una carga claramente injusta que por motivos siniestros el FMI y una hueste de corporaciones foráneas nos han obligado a llevar. En base a esta tesis, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, insiste en que cualquier acuerdo con el FMI tendría que permitir que el país crezca a un ritmo de por lo menos cuatro por ciento anual, dando a entender de este modo que los únicos obstáculos que podrían surgir en nuestro camino serían los atribuibles a la hostilidad ajena. Sin embargo, aunque fronteras afuera todos comprenden que la deuda sí constituye un problema muy grave, pocos comparten la teoría de que por haber sido el resultado de una forma novedosa de agresión muchos acreedores merecerían perder casi todo su dinero. La retórica oficial no obstante, los más se niegan a olvidar que durante años funcionarios argentinos viajaron por el mundo procurando conseguir nuevos préstamos comprometiéndose solemnemente a cumplir con las condiciones previas. Tampoco les impresiona la idea de que puesto que a fines del 2002 la Argentina rompió con “el modelo menemista” que fue la causa de todos sus males, su gobierno actual no tiene responsabilidad alguna por las deudas que fueron alegremente acumuladas cuando el país aún era considerado confiable por los demás.
Pues bien: aunque no cabe duda de que la actitud de Kirchner hacia la deuda externa -es culpa de Carlos Menem y los “neoliberales”- le ha sido políticamente provechosa porque, al fin y al cabo, a muchos les encanta ser informados de que no tuvieron nada que ver con los desastres colectivos de los años últimos, esto no quiere decir que gracias a ella al país le esté resultando más fácil recomponer su relación financiera con el resto del mundo. Por el contrario, al esforzarse tanto por “denunciar” la deuda, achacando su existencia a la rapacidad de especuladores y a la perversidad de los economistas, lo que ha logrado es difundir la idea de que la Argentina no se sienta constreñida a honrar sus obligaciones. Así las cosas, no sorprende que muchos acreedores se hayan opuesto a los intentos oficiales de conseguir una quita ni que las negociaciones con el FMI, el malo de esta película como de tantas otras, se hayan complicado por la voluntad de nuestros representantes de tratarlas como un conflicto entre víctimas que reclaman justicia por un lado y victimarios desalmados por el otro.
A la larga, el país se vería beneficiado si el gobierno, acompañado por el grueso de la clase política, lograra convencer al resto del mundo de que la sociedad en su conjunto sabe que cometió un error al permitir que la deuda adquiriera su magnitud actual y otro festejando el default, aunque como atenuante podría señalar que las condiciones financieras internacionales imperantes hace dos años no ayudaban, pero que en adelante haría lo posible por satisfacer a los acreedores. En tal caso, sus interlocutores estarían más dispuestos a llegar a un acuerdo destinado a asegurar que los pagos no frenaran el crecimiento que, en última instancia, convendría tanto a los acreedores como a los endeudados. Pero, desafortunadamente, una estrategia de dicho tipo sería políticamente negativa para un gobierno como el actual y enfurecería a los muchos que se han persuadido de que eludir los compromisos es una postura muy honorable pero tratar de hacerlo equivaldría a un crimen de lesa patria. Puesto que aun cuando Kirchner lo quisiera no estaría en condiciones de subordinar sus aspiraciones políticas inmediatas a los intereses a largo plazo del conjunto, es de prever que sigue brindando la impresión de creer que el FMI y los acreedores son adversarios de cuidado a los que tendría que engañar, aunque en buena lógica tal forma de encarar el problema planteado por la deuda pública no podrá ser sino contraproducente porque toda vez que el gobierno se anote un nuevo “triunfo” sobre sus presuntos enemigos, más convencidos estarán los inversores en potencia, trátese de argentinos o extranjeros, de que sólo a un masoquista financiero se le ocurriría confiar en la voluntad de un político argentino de respetar los compromisos asumidos por sus antecesores.
