Dilma contraataca y pedirá el juicio político al vicepresidente
Aliado oficialista lo implica en el caso Petrobras. Detuvieron ayer a exsecretario del PT y a empresario.
RÍO DE JANEIRO (AP/DPA) _ Un aliado de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hizo una petición formal para que se adelantara un juicio político contra el vicepresidente Michel Temer, basado en un testimonio que lo implica en un escándalo de corrupción que ha removido los cimientos de la política brasileña.
La petición formal realizada por Cid Gomes, que fue ministro de educación del gabinete de gobierno de Rousseff, ocurre cuando es probable que la propia mandataria sea sometida a un juicio político acusada de violar normas fiscales. Si la presidenta es sometida al juicio, el vicepresidente sería el primero de la fila en reemplazarla, aunque su nombre ha aparecido en el creciente escándalo de corrupción conocido popularmente como Lava Jato (lavadero de autos), en la estatal petrolera Petrobras. Los líderes de la Cámara y el Senado, segundo y tercero en sucesión de Rousseff, también han sido involucrados en la investigación, y muestra lo mucho que la clase política de Brasil está involucrada en el escándalo de corrupción.
Gomes dijo que su petición se basa en un testimonio de en la investigación de Petrobras, que menciona a Temer, y que también incluye un mensaje de texto que sugiere que él habría recibido un pago ilegal de cinco millones de reales (1.4 millones de dólares).
En esta causa, un exsecretario general del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) y un empresario fueron detenidos ayer en Brasil por su presunta implicación en un esquema de “blanqueo de capitales” para saldar deudas de esa organización política.
Los detenidos son el exsecretario general del PT, Silvio Pereira, y el dueño del Diario del Gran ABC (en la región de Sao Paulo), Ronan Maria Pinto, precisó el procurador Diogo Castro en una conferencia de prensa.
Los fraudes se cometieron a través de un empréstito bancario concedido en octubre de 2004, por 12 millones de reales (3,2 millones de dólares), a un empresario, pero cuyo “destinatario real era el Partido de los Trabajadores”, precisó la Justicia de Paraná (sur).
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