Discurso progresista

Educación suma casos que distancian los hechos de las palabras.





DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Pocas cosas resultan más tentadoras y sencillas para los legisladores de todo tiempo y lugar que elaborar normas progresistas y abiertas a la participación. Más complejo, siempre, es que esas leyes se cumplan con respeto por su letra y espíritu. ¿Por qué la Provincia de Río Negro habría de ser una excepción a la regla en lo que se refiere a la brecha que –en términos generales– aleja la teoría y la práctica de la política? “Democratizar” se ha vuelto una frase acomodaticia que la mayoría de las veces termina aludiendo a intentos de homogeneizar organizaciones y procesos hasta quitarles toda diversidad y posibilidad de disenso. ¿No hay acaso algo más contrario a la democracia que una uniformidad monocroma, sumisa, resignada, silente? La Constitución de Río Negro señala que el gobierno de la educación comprende la “participación necesaria” del Consejo Provincial de Educación, integrado por representantes de docentes en actividad, consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo. Ya ese texto de la nueva Constitución de 1988 fue un retroceso respecto de la carta magna fundacional de la provincia, que confiaba la dirección técnica y la administración de la educación al Consejo Provincial integrado por representantes de docentes en actividad, de consejos escolares locales y del Poder Ejecutivo y la gestión local a consejos escolares electivos en cada distrito. La “democratización” de la cual se escriben ríos de tinta ha concentrado el gobierno de la educación en manos de un ministro designado y removido por el gobernador y ha dejado al Consejo de Educación como un organismo virtualmente decorativo y formal, poco más que un órgano asesor. Además, el representante de los docentes en actividad en el CPE es, en la práctica, un “vocal gremial”, aunque tal virtualidad se vea en parte subsanada porque –si bien la organización sindical se impone en la formulación de candidatos– nadie impide que grupos o personas se propongan en forma autónoma y compitan en elección sobre la base de todo el padrón de docentes activos. No obstante, es difícil que algún grupo posea la estructura necesaria para hacer campaña en toda la provincia y, de hecho, sólo una vez hubo una alternativa. Pero pese a todo este deterioro de la verdadera “democratización” en el gobierno de la educación, nada ha resultado tan contrario a ese declamado fin como los últimos hechos generados por el poder político provincial: el intento de que el vocal representante de los consejos escolares sea en realidad un “vocal de los padres” designado no por éstos sino por los legisladores es un abuso que orilla lo ridículo. Para empezar, los consejos escolares no existen o funcionan escasamente. Para cumplir con la manda constitucional habría que comenzar por favorecer su actividad en cada localidad o distrito. Por alguna razón, durante el debate de la ley 4819, a fines del año pasado, los representantes del oficialismo plantearon la necesidad de modificar la norma anterior –la 2444– señalando que ésta no había redundado en que se integrara la representación de los padres en el CPE. Pero no es posible culpar a una norma de aquello que no hacen quienes deben implementarla. Lo cierto es que la nueva ley –la 4819–, en su artículo 144, considera a los padres, madres o tutores de los estudiantes menores de edad “protagonistas imprescindibles en los procesos educativos de sus hijos y por lo tanto su participación en la educación y en la vida escolar cobra suma relevancia”. Pese a tan rimbombante declaración y a asignarles el derecho a “representar y ser representados” en el CPE, los legisladores buscan arrogarse la potestad de elegir al representante de los padres, en contra del artículo 162 de la ley por ellos mismos aprobada, que prevé: “El vocal representante de los padres y madres, tanto titular como suplente, son elegidos por el voto directo y secreto” (sic). Pese a ese texto legal, el ministro Marcelo Mango ha embarcado al Ejecutivo, a los legisladores e incluso a gran cantidad de padres que se han propuesto para participar en esta excepción “contra lege” por la cual el vocal de los padres va a ser en realidad un vocal de los legisladores de la mayoría. Es decir, un vocal gubernamental. Incluso, para obtener el número necesario, el oficialismo ha puesto al primer suplente como prenda de reconciliación con el bloque del FpV disidente “Eva Perón”. Y esto le trajo problemas con el radicalismo, que reclamó el primer suplente por ser la primera minoría. Cómico fue que la UCR propusiera modificar la ley para adecuarla a la realidad, en lugar de exigir que se cumpla la norma. En fin, el discurso democratizador queda sólo en eso, en palabras. Con “ánimo fundacional”, el gobierno se apura para avanzar en reformas que, si se mira bien, están vaciadas en sus cimientos. Del mismo modo, se habla de fortalecer las escuelas técnicas pero en la práctica éstas se quejan de que les falta lo elemental. Esta semana, lo único que recibieron en el promocionado acto de Fernández Oro fue un diploma que las hace acreedoras a una suma que no han visto ni saben cómo obtendrán. Por su parte, la escuela de verano no mostró que los alumnos hayan podido adquirir los conocimientos que no alcanzaron a aprehender el año anterior sino sólo que obtuvieran –de docentes y programas ajenos a su escuela– una papeleta que los habilitara como aprobados y que lucirá muy bien para disminuir la estadística oficial de repitencia. “Discurso” también parece, hasta el momento, el intento por evitar las horas libres en los colegios secundarios, una loable iniciativa que –en la práctica– se contradice con la decisión de que las faltas no se computen para que los alumnos no queden “libres”. Lo que los directivos ven en las escuelas es que si un alumno quiere irse nadie puede impedírselo, esté o no el profesor que debe dictarle la clase. A fines del año pasado, esta contradicción entre realidad y discurso fue evidente cuando este medio demostró que, en el mejor de los casos y sin contar ningún problema edilicio, los estudiantes secundarios habían tenido 166 días de clase y los primarios 169. Muy por debajo de los 190 días que anunciaba el ministro Mango. Como única respuesta, el funcionario acusó al diario de dar “malas noticias”, sin aclarar ni desmentir. Esta semana, una nueva contradicción afectó la ya inestable suerte del “discurso” de democratización y transparencia: una arquitecta que debía controlar trabajos de reparación y ampliación de escuelas en San Antonio Oeste detectó y denunció irregularidades y por ello fue despedida. La educación, se sabe, es un fenómeno complejo en el cual, si bien los bienes materiales desempeñan un papel importante, no lo son todo. Es la calidad y la coherencia que se logre en la transmisión social de saberes y valores lo que justifica la existencia del servicio público que garantice el ejercicio de un derecho esencial de las personas. Y para ello, cumplir las leyes es tarea insoslayable. Sin discurso. Con hechos.


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