Disquisiciones criminológicas

MARTÍN LOZADA (*)

Resulta manifiesta la distancia existente entre el pensamiento criminológico acuñado en ámbitos académicos y la praxis político criminal orientada de acuerdo a las conveniencias coyunturales, los discursos políticos y la acción de los medios de comunicación. A punto tal que no sería ingenuo preguntarnos qué lugar ocupa el saber criminológico en nuestra sociedad contemporánea. O si ocupa siquiera alguno. Ese divorcio entre el análisis, la reflexión y la investigación empírica, por un lado, y la fuerza de las medidas que suelen adoptarse para neutralizar un escenario social marcado por el miedo y la sensación de inseguridad, es una constante que delimita dos territorios que tan sólo excepcionalmente suelen converger. Así, una suerte de criminología mediática intenta ofrecer un pretendido enfoque neutro y racional, orientado tan sólo a la persecución de las más manifiestas formas de criminalidad. Es decir aquellas que afectan la integridad corporal de las personas o su propiedad, producto de interacciones conflictivas y en ocasiones violentas. Todo ello marcado por la lógica y las secuencias propias de la sociedad del espectáculo. Ese discurso mediático no suele, sin embargo, ir más allá de algunas proposiciones a la fecha bien conocidas: un adicional poder de policía, la creación de nuevas figuras penales, el aumento de las penas existentes y la puesta en movimiento de procesos más rigurosos de persecución penal. Allí coinciden presuntas soluciones de un mismo corte y color, todas circunscriptas al incremento de las respuestas retributivas en contra de quienes infringen el orden penal del Estado. De modo que los criminólogos, y sobre todo aquellos que abrevan de la herencia de la criminología crítica, tienen buenas razones para sentirse auténticos extranjeros en suelo nacional. Estudiosos de un campo condenado a ocupar un lugar marginal dentro de los saberes sociales, lo cual no deja de resultar paradójico si tenemos en cuenta que las cuestiones vinculadas al delito y a la inseguridad son las que quizá poseen mayor trascendencia para los argentinos en la actualidad. ¿Es posible que la criminología académica salga de los reducidos espacios por los que transita y se oriente a incidir en los programas de política criminal? ¿Acaso sus perspectivas y hallazgos puedan influir en la actual construcción social de los conceptos de “delito”, “miedo” y “reacción estatal”? Pese a lo impopular que a estas horas puede resultar volver sobre algunos conceptos básicos, no por ello deberían los criminólogos abandonar los hallazgos producidos durante varias décadas de trabajo alrededor de esa construcción social definida como delito, su sobresaturación conceptual, y en torno a la marginación de otras alternativas menos violentas frente a la conflictiva social que la pena privativa de la libertad y la prisión. Hace ya muchos años que la criminología británica advirtió acerca del peligro que conlleva dejar estas cuestiones en manos de los sectores sociales más conservadores, que propugnan por políticas simplistas, simbólicas y efectistas, sin vínculo efectivo con las exigencias propias de sociedades complejas, desiguales, marcadas por el miedo y la sensación colectiva de inseguridad. Acaso sea hora, entonces, de reivindicar la criminología como disciplina social llamada a contribuir con la puesta en ejercicio de sistemas penales menos selectivos, violentos y antidemocráticos. De jerarquizar un saber que mucho tiene para explicar acerca de cómo y a través de qué procesos hemos venido construyendo sistemas de persecución que tan sólo focalizan algunas conductas protagonizadas por los miembros de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y más aún. Los procesos por los cuales esos mismos sistemas suelen dejar de lado, como regla general, aspectos inherentes a las violencias sistémicas propias del funcionamiento ordinario de nuestras sociedades. Es decir violencias sutiles y menos espectaculares que un crimen ordinario, pero que resultan generadoras de fuertes perjuicios colectivos, de rupturas en materia de confianza y solidaridad social, con efectos altamente desocializantes y marginalizadores. Que la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) esté dictando una Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses en la ciudad de Cipolletti y que la Universidad Nacional del Comahue (UNC) imparta una Maestría en Criminología en la ciudad de Roca resultan circunstancias muy auspiciosas para generar en lo sucesivo nuevos debates y elevar la altura de los ya existentes en la región. (*) Juez penal


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