Doñate pide un ley para no pagar deuda con recursos naturales

El diputado lo planteó en una carta personal dirigida al gobernador Weretilneck y a los bloques políticos de la Legislatura Provincial.

El diputado nacional Martín Doñate (Frente de Todos) reclamó a los poderes de Río Negro alcanzar un acuerdo político y legal para evitar que el presidente Mauricio Macri pueda afectar recursos naturales de la Provincia como garantía del pago de la deuda externa que contrajo la actual gestión nacional.

En ese sentido, solicitó la sanción de una ley provincial destinada a “ratificar la inembargabilidad de los recursos naturales de nuestra Provincia y fortalecer la protección jurídica de nuestra riqueza contra toda arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad”, según lo planteó en una carta personal dirigida al gobernador Alberto Weretilneck con copias a la electa Arabela Carreras, al vicegobernador Pedro Pesatti y a los bloques políticos de la Legislatura Provincial.

Argumentó que “los bienes del dominio privado del Estado provincial, como los hidrocarburos, yacimientos líquidos y gaseosos, fósiles y minerales, turísticos e hídricos, más los correspondientes por la plataforma marítima continental, bajo ningún aspecto pueden disponerse como garantía del pago de la toma de deuda por parte del gobierno nacional”.
La misiva es acompañada por los fundamentos y el articulado normativo como modelo de proyecto de ley para que se remita a la Legislatura a fin de su tratamiento urgente.

Toma como referencia legislación comparada y posicionamientos similares abordados por otras provincias como Santa Cruz, Neuquén, Chaco y Tierra del Fuego.

La alerta lanzada por Doñate está fundamentada en una serie de Decretos del Poder Ejecutivo a la luz de los cuales resulta dable afirmar que el gobierno nacional ha renunciado a lo que se denomina defensa de inmunidad soberana, lo cual significa que dicha renuncia trae aparejada la afectación de recursos naturales, entre ellos, los provenientes de sustancias fósiles, para eventuales casos de litigios por incumplimientos de pago, además de someterlos a jurisdicción de jueces de Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña y Suiza.

En particular, se trata de los Decretos Nº 29/2017 y 231/2017 del gobierno de Macri por los que se renuncia a la defensa de la inmunidad soberana, al hacer expresa referencia a los bienes de Dominio Público a los que no renunciará y omite en su enumeración los enunciados en el Artículo 236º del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que están descritos y mencionados los recursos mineros.

Interpretó que esta omisión coloca a dichos recursos, de propiedad de los Estados Provinciales, en real vulnerabilidad jurídica, potencialmente ejecutables ante cualquier planteo por el que pudiera judicializarse una eventual, aunque más que probable, controversia con algún acreedor externo, lo que resulta a todas luces inaceptable jurídica y políticamente, tanto para el Estado Nacional como para los verdaderos propietarios de los recursos.
Este accionar gubernamental ha sido objeto de denuncia penal en el fuero federal porteño, entre otras razones, por nada decir la normatividad dictada sobre los bienes comprendidos en los incisos b) y c) del Artículo 236º del Código Civil y Comercial.


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