Donde manda la corrupción
Puesto que entre los sospechosos de haberse enriquecido ilícitamente a costillas de la ciudadanía rasa están la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, diversos funcionarios del gobierno nacional, varios gobernadores provinciales y centenares de intendentes, además, huelga decirlo, de sindicalistas y empresarios vinculados con el poder político, no es del todo sorprendente que la Argentina siga bajando en el ranking de la corrupción confeccionado por Transparencia Internacional (TI). Según la prestigiosa organización no gubernamental que el martes difundió el informe correspondiente al 2014, la Argentina ocupa el lugar número 107 de un total de 175 países. Si bien, conforme al “índice de percepción” en que se basa la tabla de posiciones de TI, nuestros funcionarios son considerados menos venales que sus equivalentes venezolanos, paraguayos y ecuatorianos, de acuerdo común son mucho más propensos a permitirse sobornar que los del resto de América Latina. Remediar esta situación nada grata no será del todo fácil. Horas después de hacerse público el informe más reciente de TI, el Consejo de la Magistratura se encargó de advertir a los interesados en investigar a los presuntos corruptos que les convendría desistir: le quitó al juez federal Claudio Bonadio el 30% de su sueldo. Es muy poco probable que tengan el efecto deseado la sanción, que es grotescamente mezquina, o las acusaciones de “golpismo” proferidas por voceros oficialistas asustados por las eventuales consecuencias judiciales para la presidenta, sus familiares y sus socios que podrían tener nuevas revelaciones acerca de sus negocios con el contratista santacruceño Lázaro Báez. En opinión de la mayoría, sólo han servido para confirmar que Cristina y sus adláteres entienden que, a menos que frenen muy pronto la investigación emprendida por Bonadio, tarde o temprano se verán obligados a rendir cuentas ante la Justicia por todo lo hecho en los últimos años, lo que para ellos sería una experiencia sumamente dolorosa aun cuando, con la ayuda de jueces decididos a demorar el desenlace previsible de los juicios, lograran permanecer en libertad. La corrupción institucionalizada es incompatible con el progreso económico y social. No es ninguna casualidad que aquellos países que, a juicio de quienes brindan a TI la información que necesita, son más honestos también sean los más prósperos, mientras que los corruptos, como Italia, estén depauperándose con rapidez. Es que los gobiernos de tales países siempre se sienten constreñidos a privilegiar los intereses personales de sus integrantes, razón por la que procuran asegurar que, mediante licitaciones fraudulentas, sobreprecios y otros arreglos afines, una proporción sustancial del dinero gastado por el Estado termine depositada en sus propias cuentas bancarias. Al adoptar buena parte de la sociedad los mismos principios, los recursos no pueden sino verse repartidos según criterios mafiosos, lo que perjudica enormemente a la mayoría que no tiene oportunidades para participar del saqueo sistemático aunque muchos quisieran emular a sus gobernantes. El país, en recesión, golpeado por una de las tasas de inflación más altas del mundo y aislado como está de los mercados de capitales internacionales, está sufriendo una crisis económica peligrosa, el narcotráfico está en vías de instalarse en el territorio nacional y en cualquier momento podrían estallar conflictos sociales muy violentos, pero para Cristina y otros miembros del gobierno tales problemas son secundarios, ya que a su juicio la prioridad consiste en impedir que la Justicia siga hurgando en sus negocios. Buena parte de la legislación que envía al Congreso para que la avale la mayoría automática, la política exterior, sus tácticas preelectorales y muchos asuntos más se ven subordinados a la necesidad que sienten de defenderse de los reacios a permitirles mantenerse por encima de la ley para conservar lo que han conseguido. Mal que nos pese, los intereses del gobierno kirchnerista se han alejado tanto de los del país que la posibilidad de que se reconcilien es virtualmente nula. Por ser la corrupción sistémica incompatible con el desarrollo, la Argentina continuará perdiendo terreno hasta que, por fin, se haya extirpado el mal que tanto ha contribuido a empobrecerla.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Viernes 5 de diciembre de 2014
Puesto que entre los sospechosos de haberse enriquecido ilícitamente a costillas de la ciudadanía rasa están la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, diversos funcionarios del gobierno nacional, varios gobernadores provinciales y centenares de intendentes, además, huelga decirlo, de sindicalistas y empresarios vinculados con el poder político, no es del todo sorprendente que la Argentina siga bajando en el ranking de la corrupción confeccionado por Transparencia Internacional (TI). Según la prestigiosa organización no gubernamental que el martes difundió el informe correspondiente al 2014, la Argentina ocupa el lugar número 107 de un total de 175 países. Si bien, conforme al “índice de percepción” en que se basa la tabla de posiciones de TI, nuestros funcionarios son considerados menos venales que sus equivalentes venezolanos, paraguayos y ecuatorianos, de acuerdo común son mucho más propensos a permitirse sobornar que los del resto de América Latina. Remediar esta situación nada grata no será del todo fácil. Horas después de hacerse público el informe más reciente de TI, el Consejo de la Magistratura se encargó de advertir a los interesados en investigar a los presuntos corruptos que les convendría desistir: le quitó al juez federal Claudio Bonadio el 30% de su sueldo. Es muy poco probable que tengan el efecto deseado la sanción, que es grotescamente mezquina, o las acusaciones de “golpismo” proferidas por voceros oficialistas asustados por las eventuales consecuencias judiciales para la presidenta, sus familiares y sus socios que podrían tener nuevas revelaciones acerca de sus negocios con el contratista santacruceño Lázaro Báez. En opinión de la mayoría, sólo han servido para confirmar que Cristina y sus adláteres entienden que, a menos que frenen muy pronto la investigación emprendida por Bonadio, tarde o temprano se verán obligados a rendir cuentas ante la Justicia por todo lo hecho en los últimos años, lo que para ellos sería una experiencia sumamente dolorosa aun cuando, con la ayuda de jueces decididos a demorar el desenlace previsible de los juicios, lograran permanecer en libertad. La corrupción institucionalizada es incompatible con el progreso económico y social. No es ninguna casualidad que aquellos países que, a juicio de quienes brindan a TI la información que necesita, son más honestos también sean los más prósperos, mientras que los corruptos, como Italia, estén depauperándose con rapidez. Es que los gobiernos de tales países siempre se sienten constreñidos a privilegiar los intereses personales de sus integrantes, razón por la que procuran asegurar que, mediante licitaciones fraudulentas, sobreprecios y otros arreglos afines, una proporción sustancial del dinero gastado por el Estado termine depositada en sus propias cuentas bancarias. Al adoptar buena parte de la sociedad los mismos principios, los recursos no pueden sino verse repartidos según criterios mafiosos, lo que perjudica enormemente a la mayoría que no tiene oportunidades para participar del saqueo sistemático aunque muchos quisieran emular a sus gobernantes. El país, en recesión, golpeado por una de las tasas de inflación más altas del mundo y aislado como está de los mercados de capitales internacionales, está sufriendo una crisis económica peligrosa, el narcotráfico está en vías de instalarse en el territorio nacional y en cualquier momento podrían estallar conflictos sociales muy violentos, pero para Cristina y otros miembros del gobierno tales problemas son secundarios, ya que a su juicio la prioridad consiste en impedir que la Justicia siga hurgando en sus negocios. Buena parte de la legislación que envía al Congreso para que la avale la mayoría automática, la política exterior, sus tácticas preelectorales y muchos asuntos más se ven subordinados a la necesidad que sienten de defenderse de los reacios a permitirles mantenerse por encima de la ley para conservar lo que han conseguido. Mal que nos pese, los intereses del gobierno kirchnerista se han alejado tanto de los del país que la posibilidad de que se reconcilien es virtualmente nula. Por ser la corrupción sistémica incompatible con el desarrollo, la Argentina continuará perdiendo terreno hasta que, por fin, se haya extirpado el mal que tanto ha contribuido a empobrecerla.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
