Dos modelos de fiscales: los “díscolos” y “los del poder”
DEBATES
BUENOS AIRES (ABA).- Hay fiscales “díscolos”, como José María Campagnoli, o como lo fue el fallecido Alberto Nisman. O -si extendemos la mirada al plano internacional- los procuradores que actuaron en Estados Unidos en el célebre caso “Watergate” que derivó en la renuncia de Richard Nixon; también los hay proclives a custodiar al gobierno como en nuestro país son los ahora “oficialistas” de Justicia Legítima, o aquel que -volviendo al país del Norte- en el affaire conocido como “Los Papeles del Pentágono” hizo lo posible para preservar al presidente.
Los fiscales son algo así como el “nervio” de la Justicia, el que investiga, busca pruebas y acusa ante el magistrado. Nada menos. Ésa es la misión en el sistema acusatorio que rige en varias provincias argentinas y se acaba de implementar en el país con la reforma -aún no puesta en marcha- del Código Procesal Penal de la Nación.
En esencia hay dos regímenes: el inquisitivo, en el cual la función central la cumple el juez y el fiscal es prácticamente un auxiliar, y el acusatorio, que pone al integrante del ministerio público en el centro de la escena.
En este marco, el fiscal -designado con acuerdo del Senado- representa los intereses del Estado; por supuesto no los del gobierno, si estamos hablando de una república.
Diferente fue la fiscalía Especial de la AMIA, puesta a investigar el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país y que fue creada por el Poder Ejecutivo.
Ahora bien, ¿en qué consiste la polémica instalada en el ámbito judicial a partir de la reforma del Código Procesal Penal impulsada por la administración de Cristina Kirchner, aprobada por el Congreso Nacional, con varios pasos pendientes para poder implementarla?
Fundamentalmente a que según sus críticos el Ejecutivo busca designar fiscales “adictos” designados de la mano de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, vinculada con el kirchnerismo a través de Justicia Legítima. Ello con la fuerza que van a tener los encargados de acusar en el marco del flamante Código.
El fiscal y vicepresidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Ricardo Sáenz, es contundente: “Hay un consenso casi pleno en cambiar el Código Procesal, ¿quién no quiere un Código Acusatorio? La discusión no es ésa, sino por qué Gils Carbó de inmediato buscó llenar los cargos con fiscales subrogantes”.
Siendo que el Código no está vigente (dado que hay que reformar la ley de Ministerio Público, tarea a cargo de una comisión bilateral) el cuestionamiento es que la procuradora general decidiera anticiparse designando fiscales subrogantes (en algunos casos trasladados desde otros distritos a los que habían sido asignados). De los 16 nuevos fiscales a quienes pensaba tomarles juramento Gils Carbó (quedó trabado por una medida cautelar dictada por el juez Lavié Pico), la lupa está especialmente sobre los dos nuevos fiscales asignados a la Cámara Federal de la Capital Federal (donde tramitan todas las causas de corrupción y están encargados de controlar a los fiscales de primera instancia), conocidos por su afinidad al oficialismo, que se sumarían al anterior Germán Moldes, con perfil independiente.
Unos y otros
De tal modo no fue malo el remedio, sino los médicos puestos a prescribirlos. Y en ese marco la suerte del nuevo Código es un interrogante.
La muerte de Nisman -sea cual fuere su causa- muestra de modo escalofriante el final que puede tener plantársele al poder; en términos menos dramáticos están los casos de Campagnoli (quien atravesó un escandaloso jury) o de Guillermo Marijuán, desplazado de una fiscalía.
Entre los ejemplos emblemáticos a nivel mundial se recuerda al fiscal estadounidense Archibald Cox, quien descubrió que el presidente Nixon había autorizado la instalación de micrófonos para realizar grabaciones de modo ilegal. Cox pidió esas cintas, pero Nixon las negó. Al contrario, pidió la cabeza de Cox hasta que finalmente lo logró, pero éste fue sustituido por dos fiscales sucesivamente, Leon Jaworski y Henry Ruth, quienes buscaron y consiguieron que la Suprema Corte autorizara la entrega de dichas cintas.
Un antecedente emblemático: pueden tumbar a un fiscal, pero no a la institución si quienes la ocupan están empapados de un espíritu de independencia. Una alegoría de lo que podría pasar en la Argentina después de Nisman, o no.
Claudio Rabinovitch
crabinovitch@rionegro.com.ar
Claudio Rabinovitch
