Duro reclamo de las supervisoras destituidas hace más de un mes
Stella Maris Errotabere y Paula Frese publicaron un escrito en las redes sociales criticando al gobierno y a la conducción central del gremio Unter.
Hace poco mas de un mes que las supervisoras de Nivel Inicial de Cipolletti, Stella Maris Errotabere y Paula Frese fueron destituidas de sus cargos por el gobierno provincial. Tras numerosas manifestaciones y luego de que se reivindicara este hecho en los reclamos que integraron una serie de medidas de fuerza que llevó a cabo Unter, publicaron ayer una carta en la que aseguraron sentirse “desprotegidas” por parte de la conducción central del gremio.
En ese sentido expresaron que, tras conocerse el acta de la reunión que mantuvo el gremio con el gobierno estaban seguras de que “en la paritaria se respetaría el mandato del último Congreso, el de nuestra restitución”. Sin embargo consideraron que “se ha dejado librado nuestro futuro al designio del sumario implementado ilegal e ilegítimamente por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos”.
Criticaron además a la cartera educativa provincial y consideraron que “no cumple” con su función y repudiaron la afirmación sobre la presunta falsificación de datos por parte de ambas supervisoras “e inclusive involucra a una mamá amparista”, explica el escrito.
Por otra parte, la nota hace referencia al fallo judicial favorable que obtuvo Unter en cuanto a la obligación de garantizar la escolarización a 42 niños que carecen de vacante en sala de 4 años. “El ministerio de Educación y Derechos Humanos lejos de cumplir lo determinado por el juez, cambió el foco de la problemática real y nos puso a ambas en la palestra, incumpliendo todo lo determinado por justicia”, ratificaron.
Al respecto, el secretario General de la seccional local del gremio consideró que “a partir de elecciones es un punto prioritario que se las restituya”, y agregó que “si el gobierno no retrocede se avecina una gran conflictividad”, aseguró.
Krahulec anticipó además que la semana entrante presentarán una demanda penal contra la ministra de Educación, Mónica Silva, por “calumnias e injurias, ya que ella aseguró que aportamos datos falsos, ante lo que se le envió carta documento para que se retracte, y no lo hizo”, destacó.
