El futuro de los planes sociales en Argentina: de datos contundentes a definiciones electorales
Los planes para los planes sociales | Un reciente informe de la UCA y las recientes declaraciones de los posibles precandidatos presidenciales evidencian lo difícil que será gestionar la asistencial social en la Argentina que viene.
Planes sociales: reciente movilización de organizaciones en la ciudad de Neuquén. Foto: Matías Subat.
La situación social es delicada. La población argentina no para de empobrecerse a causa de la informalidad laboral creciente y, principalmente, de una inflación voraz que ya supera el 114% en la comparación interanual.
La raíz de los males que hoy aquejan a la economía nacional le “hace honor” a muchas de las crisis que atravesamos en varios pasajes de nuestra historia. Hablamos de un déficit fiscal persistente y elevado que no se financia genuinamente. No es casual que las ideas ortodoxas que apuntan a la rápida reversión del rojo fiscal ganen protagonismo en la consideración pública, e incluso en el relato (más que en la gestión) del actual ministro de Economía, Sergio Massa. Parece, finalmente, haberse tomado conciencia.
Sin embargo, en un contexto socioeconómico como el actual, hay partidas de notable ponderación dentro del gasto público que se vuelven más inflexibles al recorte. En este caso haremos foco en aquellas que se suelen englobar dentro del término “asistencia social”. Es inimaginable que con cada vez más “sueldos de pobreza” el Estado deje de garantizar ayuda a las personas y familias que lo necesitan, incluso para subsistir (como veremos más adelante).
La Argentina está entrampada. Por un lado, necesita reducir con fuerza el gasto público para cortar el actual proceso de empobrecimiento que lleva ya más de una década. Por otro lado, hacerlo implicaría ajustar rubros sin los cuales la frágil situación social puede terminar por hacerse añicos.
Los aspirantes a ocupar cargos políticos en Argentina son conscientes de esto, y se refieren con moderación al futuro de la política asistencial del Estado. Incluso quienes consideran que la situación actual amerita la aplicación de un programa económico de shock, plantean que la quita de planes sociales debe ser gradual. A continuación analizaremos más en detalle esta dicotomía.
El asistencialismo
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó hace unos días un documento titulado “privaciones sociales y desigualdades estructurales”. En su tercer informe temático aborda el acceso a programas de protección social en la Argentina y sus efectos sobre las tasas de indigencia y pobreza. Los datos son contundentes.
En el año 2022, más de la mitad de los argentinos percibía programas sociales. Para ser más precisos, el porcentaje de la población que en 2022 residía en hogares que recibían programas sociales de transferencias monetarias, asignaciones familiares no contributivas o asistencia alimentaria directa era del 51,7%.
En el mismo sentido, 4 de cada 10 hogares argentinos recibían en 2022 algún programa social. Esto incluye la asignación universal por hijos (AUH), AUH por embarazo, jubilaciones no contributivas, programas de empleos, tarjeta Alimentar, cajas o bolsones de alimentos, recepción de comida de comedores públicos, etc.
Como se aprecia en el gráfico adjunto, estos valores no solo marcan un aumento respecto del 2021, sino que son los segundos más altos de la serie, sólo debajo del pico de 2020. Ese año estuvo signado por la irrupción de la pandemia por la Covid-19 y la cuarentena (aislamiento social preventivo obligatorio), lo que obligó al Gobierno a expandir la ayuda social a través, principalmente, del ingreso familiar de emergencia (IFE).
Es posible concluir que la cobertura de la política asistencial del Gobierno es amplia y, hasta 2022, creciente. Pero otro punto clave de la misma está vinculado a sus efectos sobre la calidad de vida de las personas y hogares alcanzados. ¿Los planes sociales ayudan a que cubran sus necesidades básicas? Los resultados aquí también son contundentes.
Pese a que 3 de cada 4 personas pobres recibe ayuda social, la misma reduce la tasa de pobreza en menos de 7 puntos porcentuales, de acuerdo con las estimaciones del ODSA de la UCA. Sin embargo, si se eliminaran completamente los programas sociales, un 11,5% de la población argentina caería inmediatamente en la indigencia. Dicho de otra manera, la cantidad de personas que no pueden alimentarse adecuadamente en nuestro país se multiplicaría por 2,4 sin ayuda social estatal.
Dato
- 76,9%
- Es el porcentaje de personas en situación de pobreza que recibe algún tipo de asistencia social pública.
Son datos impactantes, pero que ponen de manifiesto que la política asistencial del Estado cumple con el objetivo de garantizar el acceso a un derecho tan fundamental como el de una apropiada nutrición.
Venimos asistiendo un incremento en la tasa de pobreza (que se ubica por encima del 40%) pero una reducción de la tasa de indigencia. Esto significa que la política pública asistencial alcanza para que muchas personas logren acceder a una canasta básica de alimentos, pero no para que cubran sus necesidades de vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera.
La política pública asistencial no permite que muchas personas cubran sus necesidades de vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera.
¿Demagogia o realismo?
¿Acaso quienes pedían por una Argentina con un Estado presente aspiraban a lo descrito en el apartado anterior? Si la respuesta es afirmativa, debería ser motivo de interpelación, pero no hay dudas de que modificar ese estado de cosas es, en lo inmediato, muy difícil.
Dato
- 11,5 puntos porcentuales
- Sería el incremento inmediato estimado de la tasa de indigencia si se eliminaran los programas sociales.
En un año electoral, los aspirantes a las principales posiciones de poder en Argentina se ven obligados a plantear qué harán con los planes sociales. Hay, en ese aspecto, algo que emparenta a todos los posibles precandidatos a la presidencia de la Nación: nadie habla de una inmediata eliminación de los programas sociales. Veamos declaraciones, propuestas y hechos provenientes de distintos sectores para ilustrar esto.
“Hace falta asistencia social, pero no hay que aceptar una dualización de la clase trabajadora: un sector que trabaje bajo convenio y otro sector que esté condenado de por vida a la asistencia social”, sostuvo en una entrevista con La Voz la diputada nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, quien asimismo ha sido crítica del ajuste sobre los planes sociales que, entiende, lleva adelante el Gobierno.
Ajuste en el sector público, dureza con los planes sociales, contratación laboral barata para el sector privado que ya se embolsó U$S 41.000 millones de los trabajadores durante este gobierno. Busca reiniciar el ciclo de endeudamiento y viene un gran tarifazo. De Massa a mazazo.
— Myriam Bregman (@myriambregman) August 3, 2022
La actual política asistencial de este último constituye, acaso, la aproximación más certera de lo que una futura presidencia de Unión por la Patria podría hacer en materia de asistencialismo. Como vimos, hubo una ampliación en la cobertura de los programas sociales.
Similar extrapolación puede hacerse con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A comienzos de mayo, el dirigente de Juntos por el Cambio informó que los beneficiarios del programa “ciudadanía porteña” deberían cumplir dos nuevos requisitos para seguir siéndolo: capacitarse y buscar trabajo. No se trata de una eliminación de los planes, claro está. Pero aún más contundentes fueron algunos de sus dichos en el anuncio de la novedad, con explícito tono electoral. “Los planes así como están no funcionan; si me eligen presidente el día uno termino con la intermediación”, dijo. Léase bien: terminar con la intermediación no es lo mismo que terminar con los planes. Para mayor muestra de esto, citamos otro textual del alcalde porteño ese mismo día: “no quedan dudas de que hay que asistir a quienes lo necesiten”.
Las propuestas que al respecto esboza el ala más dura de Juntos por el Cambio no son, precisamente, duras. Patricia Bullrich, en una entrevista brindada a CNN Radio en la semana, señaló que en caso de llegar a la presidencia “desde el primer día le vamos a decir a la gente ‘si usted tiene un plan, puede trabajar, no es incompatible; vaya, lo anotan en ANSES, saca el monotributo social o el monotributo común y no se le va a ir el plan por un tiempo‘”.
No quedan dudas de que hay que asistir a quienes lo necesiten.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas declaraciones de los dos principales precandidatos de Juntos por el Cambio quedaron de algún modo plasmadas en la plataforma electoral de la coalición opositora. En la misma se plantea que para el programa Potenciar Trabajo habrá una “transición a la baja”, a la vez que se propone “la transferencia directa de recursos a los hogares para que adquieran alimentos de manera autónoma”.
Por último, la ultraderecha argentina personificada por Javier Milei e institucionalizada por su partido “La Libertad Avanza” no se distancia de lo propuesto por otros sectores de la política. En su plataforma electoral se advierte que no habrá una eliminación de planes sociales en la primera etapa de reformas; por el contrario, tal supresión se hará “en forma progresiva” y apenas comenzará en la segunda etapa.
El tema de los planes no se puede resolver instantáneamente, el que te diga que puede hacerlo te miente.
Javier Milei, diputado nacional por el partido La Libertad Avanza.
No da precisiones de qué plazos de tiempo implicaría tal progresividad, pero en una entrevista a Radio Continental sugirió que “una salida dinámica” llevaría “unos 10 a 15 años”. Esto contrasta con su “plan motosierra”, pero no debería extrañarnos si se tiene en cuenta que, según se consigna en la plataforma electoral, el horizonte de tiempo previsto para llevar adelante todas las reformas que pregona es de 35 años. Una de las frases del precandidato libertario en esa misma entrevista es, quizás, la más contundente de todas: “el tema de los planes no se puede resolver instantáneamente, el que te diga que puede hacerlo te miente”.
La principal conclusión que puede extraerse de este compendio es que, independientemente de quien se consagre en las elecciones presidenciales de este año, la eliminación de los programas sociales no será inmediata ni formará parte de un eventual programa económico de shock en los primeros meses de la nueva gestión.
En un contexto tan complejo como el actual y con perspectivas tan oscuras en el corto plazo, dejar a tanta gente sin los ingresos necesarios para alimentarse es imposible e inadmisible.
Que desde todos los espacios políticos se diga que la supresión de la asistencia social será gradual podría interpretarse como intentos para no socavar las chances electorales: al fin y al cabo, es una cuestión que toca el bolsillo de más de la mitad de la población. Sin embargo, más que demagogia parece realismo: en un contexto tan complejo como el actual y con perspectivas tan oscuras en el corto plazo, dejar a tanta gente sin los ingresos necesarios para alimentarse es imposible e inadmisible.
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