Minorías autoritarias

Esta semana se cumplen 40 días desde que un grupo minoritario de docentes y estudiantes decidiera ocupar la sede del Vicerrectorado de la UNRN en Roca, pese al repudio generalizado del resto de la comunidad universitaria y rechazando todo intento de conciliación pacífica de las diferencias.

La medida fue adoptada el 12 de septiembre pasado, en medio de una ola de protestas en todo el país y la región por los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno nacional y la tensa negociación paritaria con los gremios docentes. Un grupo de docentes y estudiantes de Cipolletti tomaron la sede de Roca, agregando el reclamo específico de la construcción de una sede propia en esa ciudad para las carreras de Artes Visuales y Criminología y Ciencias Forenses.

La medida fue adoptada pese a que la semana anterior una asamblea interclaustros, donde Cipolletti estaba representada, había decidido por amplia mayoría medidas de fuerza para reclamar por mayor presupuesto y mejores salarios docentes, pero excluyendo explícitamente la toma de sedes. Las autoridades universitarias hicieron una denuncia judicial en resguardo de las instalaciones y los valores y documentación sensible depositada en el lugar.

Desde entonces, los gremios docentes universitarios de todo el país llegaron a un acuerdo paritario y se levantaron las protestas, mientras se mantienen gestiones por el presupuesto. Sin embargo, la sede roquense permaneció tomada. Quienes la realizan agregaron nuevas demandas que van desde la “democratización del presupuesto” hasta el “fin de la persecución judicial” de la que aseguran ser objeto, tras el procesamiento de dos docentes por la usurpación. Ante diversas instancias de diálogo y ofertas de suspensión de las acciones judiciales, respondieron con negativas.

Desde entonces, se acumulan los problemas administrativos y económicos generados por este reclamo minoritario que afecta la gestión de 22 carreras: retraso en revisiones de planes de estudio, gestiones para la llegada y estadía de profesores viajeros, designación de docentes, egresados que no pueden tramitar ni recibir sus títulos y problemas con las rendiciones de cuentas de fondos, que amenazan con tener costos varias veces millonarios para la institución.

No es la primera vez que una minoría intensa paraliza una sede universitaria. El año pasado, otra ocupación ilegal por un reclamo laboral de tres integrantes de una empresa de limpieza impidió durante meses el funcionamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, sin que las autoridades ni la Justicia pudieran hacer nada, hasta que la Provincia de Río Negro incorporó a las reclamantes como empleadas públicas y destrabó el conflicto.

La autonomía universitaria es un concepto extendido en el mundo. Su objetivo es garantizar la libertad académica y evitar que intereses y disputas políticas coyunturales alteren arbitrariamente el funcionamiento y gobierno de estas instituciones. En nuestro país fue reconocida a partir de la reforma universitaria de 1918, que reclamó el derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias autoridades, la dirección y gobierno de las instituciones por sus propios órganos, la libertad de cátedra, la designación de profesores mediante procedimientos trasparentes y criterios académicos que garantizaran su idoneidad, la aprobación de sus propios planes de estudio y la elaboración y manejo de su presupuesto. A partir de 1994 está garantizada por la Constitución. Ninguna fuerza pública puede ingresar “si no media orden escrita y fundada de juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Es preocupante que sectores políticos radicalizados puedan interpretar esta autonomía como una especie de “extraterritorialidad” propia de las embajadas para quedar fuera del alcance de la ley y la autoridad del Estado. La universidad pública queda así indefensa ante minorías autoritarias, que se autoasignan la representación universitaria para realizar acciones de fuerza que atentan contra el bien común y ni siquiera tienen el respaldo de la mayoría de la comunidad.

Editorial