El drama habitacional
La tensiones vividas en el sector de Balsa Las Perlas por reiterados intentos de toma y el debate sobre la reubicación de un asentamiento en Neuquén para concretar las obras del Paseo Costero actualizaron el debate regional sobre la crítica situación habitacional, que entre las dificultades para acceder a una vivienda propia y la disparada de precios y retracción del mercado de alquileres han vuelto un verdadero drama para miles de familias el simple hecho de tener un lugar donde vivir.
En julio pasado, unas 50 familias ocuparon un terreno propiedad de un particular en Las Perlas. Tras una orden judicial, la policía desalojó este mes ya en dos oportunidades el predio y dispuso una custodia, pero la tensión se mantiene, ya que los vecinos aseguran que no cejarán en sus reclamos hasta conseguir alguna respuesta habitacional por parte del municipio o la provincia. En la protesta, los ocupantes denunciaron que hay poca transparencia en la venta y adjudicación de terrenos en el sector.
Otro foco de tensión está en Virgen de Luján, donde el municipio neuquino pretende reubicar un asentamiento donde residen entre 105 y 150 familias, a la vera del río, cerca de un gasoducto y bajo la línea de alta tensión. Sin embargo, el principal argumento para la reubicación es que esta toma bloquea las obras del Paseo Costero, prioridad para el municipio. La mayoría de las familias se resisten a dejar el lugar, porque viven allí desde hace 20, 30 y 40 años en casas de material y desconfían del lugar donde pretenden relocalizarlos, lejos de sus trabajos y con problemas de servicios, aseguran.
Más allá de estos casos puntuales y del hecho de que el Estado no puede convalidar modalidades de hecho e ilegales para resolver los conflictos habitacionales, las situaciones desnudan también enormes demoras y escasez de acciones por del sector público para resolver un problema urgente.
Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en conjunto con referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) conocido esta semana señala que en Argentina, uno de cada tres hogares no tiene una vivienda adecuada, es decir que más de cuatro millones de hogares tienen déficit habitacional. Entre las situaciones descriptas figuran la falta de acceso al agua potable, cloacas, gas o luz, viviendas precarias. Más de cinco millones de personas viven en los barrios informales, donde el 66% no tiene acceso a la luz; 90%, al agua potable; 97%, a la red cloacal, y 99%, al gas, según datos de 2022. El relevamiento destaca que los hogares en peores condiciones representan el 32% de todo el país: 1,3 millones de ellos lo hacen en viviendas compartidas, donde se superponen dos o más hogares por vivienda, y 2,6 millones residen en viviendas que requieren ampliación y mejoras por falta de servicios esenciales.
A históricas complicaciones para acceder a una vivienda propia, agravados por una década de crónica inflación que se traduce en la casi inexistencia de créditos hipotecarios para la clase media y el retraso o cancelación de proyectos nacionales y provinciales para construir viviendas sociales, se suma la retracción del mercado de alquileres, que debido a una legislación inadecuada y a la fuerte suba de precios, ha dejado a millones de inquilinos en extrema vulnerabilidad e incertidumbre.
Entre las propuestas de solución, las organizaciones destacan la sanción de normativas de ordenamiento territorial, planes de mejoramiento integral de viviendas, la implementación de un programa nacional de alquiler asequible, la sostenibilidad de los procesos de integración socio urbana en barrios populares y la promoción de soluciones habitacionales temporales de emergencia.
Todas iniciativas interesantes y debatibles, que debieran ser uno de los ejes centrales de la presente campaña electoral y que sin embargo ocupan un lugar muy marginal en el discurso de los principales candidatos a ocupar lugares públicos de relevancia.
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