Las rutas del dinero

En la semana que pasó dos noticias aparentemente sin relación mostraron una realidad inquietante para nuestro país. La primera, la detención en Perú de los principales acusados por el triple femicidio de Florencio Varela. La segunda, el escándalo que tiene al borde de la renuncia a su candidatura al diputado nacional libertario José Luis Espert, por sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico y fraude en Estados Unidos y que espera la definición de su extradición.

Ambos plantean preocupantes interrogantes sobre la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. Los perfiles y el accionar criminal del peruano Tony Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, y su mano derecha, el argentino Matías Agustín Ozorio, ya enviado a nuestro país, muestran la impunidad con la que operaron entre el conurbano bonaerense y CABA y cómo, a pesar de ser los criminales más buscados por la justicia y fuerzas federales y provinciales, lograron pasar por al menos cuatro provincias, la frontera con Bolivia y de allí hacia Perú.

Afortunadamente errores de principiantes y la colaboración de fuerzas de ambos países permitió capturarlos, pero el raid de huida mostró la debilidad de los controles.

El último reporte de la institución especializada “InSight Crime” sobre nuestro país destaca este punto: aunque señala que el nivel de tráfico y violencia no llega al de países vecinos, “la porosidad de sus fronteras ha facilitado el auge de economía criminales, como el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas”, asociados al narcotráfico. Advierte que hay fuertes indicios de que grupos criminales locales han desarrollado lazos con actores transnacionales que “están creciendo en sofisticación y capacidad para ejercer violencia”.

La deficiente vigilancia en las fronteras, una robusta industria química y farmacéutica, una legislación ineficaz para regular el lavado de activos y elevados niveles de corrupción política e informalidad económica la transforman en un “país maduro para la explotación de grupos criminales”, asegura el reporte.

Para ello colaboran dos procesos simultáneos, según el historiador experto en el conurbano, Jorge Ossona: la descomposición gradual del Estado en sus facetas de prevención y contención social desde hace más de 30 años junto a la creciente pobreza y desintegración social.

Es en este punto donde también se conectan las denuncias ventiladas contra Espert en la actual campaña electoral.

El financiamiento de las campañas electorales ha estado en el centro del debate político desde hace décadas, desde las valijas de Antonini Wilson en 2007 hasta los bolsos de José López en 2016 en el kirchnerismo; las denuncias de aportantes “truchos” a las campañas de Cambiemos en 2017 y 2018 o las actuales sospechas que envuelven a los libertarios con empresarios de dudosa trayectoria que aportan vehículos blindados, aviones privados y cifras no justificadas.

Las provincias no escapan a la dinámica: en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, el financiamiento de las campañas del Movimiento Popular Neuquino estuvo en el centro de la escena.

Aquí se unen dos problemas: una economía que por sus crisis recurrentes, alta inflación y fuerte presión impositiva mantiene tasas de informalidad cercanas al 40% y un sistema de financiamiento de la política que tiene lagunas que permiten redes paralelas de recolección de fondos y el desvío de recursos públicos para la política partidaria. Los partidos nuevos tienen dificultades para financiarse y a menudo son cooptados por grupos de interés que esperan ganar influencia si llegan al poder.

La clase política debe replantearse la subestimación del avance del fenómeno narco en el país, que no se reduce a su presencia territorial y al tráfico, sino que ha permeado estructuras políticas, judiciales y económicas en todos los niveles.

El control del lavado de dinero no puede recaer solo en la Justicia, necesita entes ejecutivos de alta especialización técnica, con recursos y coordinación entre Nación y las provincias. Rubros como las financieras, la construcción, la hotelería, el juego, la venta de armas y de obras de arte debieran ser objeto de especial atención y monitoreo, señalan los expertos.

También es urgente una reforma de las leyes de financiamiento de los partidos y las campañas electorales, que brinden herramientas para mejorar la fiscalización de los fondos que reciben las fuerzas y candidatos en los 24 distritos electorales y cierren las ventanas de oportunidad que hoy permiten el ingreso de dinero criminal o de dudoso origen a la actividad política.