Lecciones de los incendios

La grave emergencia que vive la Zona Andina Patagónica por los incendios forestales muestra que aún queda mucho por hacer en materia de prevención, combate e investigación judicial sobre este tipo de siniestros que causa un daño ecológico a menudo irreparable, pérdidas económicas cuantiosas pero sobre todo pone en riesgo vidas humanas y arruina décadas de trabajo y forma de vida de las comunidades que viven en estas regiones.

Entre 15.000 y 21.000 hectáreas de bosque nativo perdidas (algo así como la superficie de la Ciudad de Buenos Aires), decenas de casas destruidas y más de 300 personas evacuadas es el saldo provisorio de la primera quincena del año. Se espera que la temporada de alto riesgo de incendios dure al menos hasta marzo. El hecho de que los focos se hagan cada año más frecuentes y su expansión se haya tornado explosiva tiene causas variadas, según los expertos.

En la base están factores ambientales. Debido al cambio climático, las temperaturas en el sur del continente son cada vez más altas con olas de calor prolongadas, escasez de lluvias y con frecuencia fuertes ráfagas de viento que ayudan a expandir las llamas. Por otra parte, se ha acumulado en la base de los bosques una enorme cantidad de biomasa (pastizales, matorrales y ramas caídas) que no ha tenido un manejo adecuado, lo que facilita la rápida extensión de las llamas. Un tema sobre el que alertan los meteorólogos es la ocurrencia más frecuente de tormentas eléctricas sin caída de lluvia en zonas cordilleranas de difícil acceso, lo que dificulta el monitoreo y combate de focos en etapas tempranas.

Ambientalistas también apuntan a la importante cantidad de plantaciones de pinos y especies exóticas, algunas de ellas abandonadas por inviabilidad económica, que tienen como característica un sistema de expansión adaptado al fuego, donde las piñas explotan con el calor y se preserva la semilla, un esquema muy diferente al de la flora autóctona, más vulnerable. La expansión de población y viviendas hacia zonas naturales ha aumentado el riesgo de los incendios de interfase, que tienen otra complejidad y obligan a esfuerzos combinados de brigadistas y bomberos voluntarios, en una coordinación que demanda más esfuerzo y mejores equipos.

La adaptación de los esquemas de prevención y manejo del fuego del Estado a estas condiciones no ha sido la más rápida ni adecuada. Aunque este año Neuquén, Río Negro, Chubut y Nación han desplegado tempranamente importantes operativos de alerta y despliegue de equipos, no han resultado suficientes. El caso más emblemático es el presupuesto del Servicio Nacional del Manejo de Fuego, que en los últimos cinco años acumula una baja real del 69% de sus fondos. Esto se traduce en menor efectividad de alertas tempranas, menos horas de vuelo de aviones y helicópteros hidrantes, falta de equipamiento, menos personal y peores condiciones laborales de brigadistas y bomberos. Aunque en años recientes ha mejorado la cooperación entre el Gobierno nacional, las provincias, e incluso países vecinos como Chile o Paraguay, aún persisten fallas de coordinación y comunicación ante incendios masivos que no saben de límites administrativos sino que se propagan siguiendo la topografía, el clima y la carga de combustible.

Por último, en muchos siniestros recientes quedó en evidencia un origen en la acción humana, por descuidos, irresponsabilidad o intencionalidad, pero las fuerzas de seguridad y la Justicia no han sido eficaces a la hora de identificar con certeza a los responsables y fijar sanciones disuasivas. Son frecuentes las acusaciones genéricas y mediáticas que alimentan teorías conspirativas, pero lo cierto es que las causas se diluyen en el tiempo y no logran reunir pruebas suficientes para establecer autores, motivos y beneficiarios de esas acciones delictivas. La impunidad es la regla.

La dura experiencia de estos días indica que se requiere fortalecer, reformar o crear nuevos mecanismos de coordinación interjurisdiccionales con financiamiento adecuado y capacidad de prevenir, monitorear y dar respuesta rápida a los incendios. Desde lo judicial, acelerar las investigaciones e identificar quién prende el fuego, qué controles fallaron o se omitieron y quiénes se benefician de estas maniobras. Desde lo preventivo, aplicar y adecuar los planes de manejo forestal, educación y apoyo a las comunidades para reducir la biomasa combustible en las zonas de riesgo. Sin dudas queda mucho por hacer en articular esfuerzos desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil para mitigar el desastre ecológico, económico y humano que crece cada temporada.