Planes y transparencia

La reactivación de la causa por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén, y el nuevo round entre el Gobierno nacional y las organizaciones piqueteras por las auditorías a los programas de asistencia actualizó el debate sobre la dispersión de los enormes montos que destina el Estado al sistema y los deficientes mecanismos de control contra la corrupción, el clientelismo y otros abusos de poder a menudo asociados a su implementación.

En Neuquén, tres exfuncionarios fueron detenidos tras la declaración de arrepentidos que aportaron nuevos datos sobre la trama de corrupción, en la causa que investiga el desvío de millones de pesos de programas provinciales destinados a los sectores más vulnerables y terminaron financiando la campaña electoral del MPN.

A nivel nacional, el debate es por la rendición de cuenta de programas que manejan organizaciones sociales como el Polo Obrero, Movimiento Evita y Barrios de Pie, intermediarios entre el Estado y los beneficiarios. A principios de año, el Ministerio de Desarrollo Social suspendió 180.000 planes (luego bajó a 40.000) porque las personas ya cobraban otros beneficios o porque su nivel de vida no se condecía con los bajos ingresos declarados. Allí se reveló que el Polo Obrero cobraba un “peaje” o comisión del 2% a sus 60.000 integrantes, para financiar “tareas logísticas”, unos 23,4 millones de pesos anuales. Otro dato de la auditoría fue la baja rendición de cuentas por la entrega de alimentos. Mientras las organizaciones recibieron este año transferencias por más de 800 millones de pesos, Unidad Piquetera sólo completó el 25% de las rendiciones por la mercadería entregada. Las denuncias de beneficiarios obligados a participar de marchas y actos son habituales.

La intermediación de las organizaciones sociales está asociada al estallido social de 2001. Ante la emergencia y la crisis de representación, los movimientos piqueteros, asociaciones civiles y las iglesias podían mediar en zonas marginadas adonde el Estado, partidos y sindicatos no llegaban. Con los años, del plan Jefes y jefas de Hogar se pasó a una docena de programas específicos, combinados con iniciativas amplias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones no contributivas. Se sumaron planes provinciales y locales, poco coordinados con Nación. En la actualidad, múltiples “unidades ejecutoras” (municipios, provincias, organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones civiles) administran más de un billón de pesos. Un debate es si no se debiera pasar a una administración local de los recursos, o articularlos en un salario universal, o fondo único de desempleo, sin intermediarios.

A la dispersión se suma la opacidad y escaso control. Un ejemplo extremo reciente se dio en El Chaco, donde el femicidio de Cecilia Strzyzowski dejó al descubierto que la organización liderada por Emerenciano Sena manejó durante años a su antojo millonarios fondos de Nación y de su provincia en planes sociales, de viviendas, para cooperativas de producción y educativos para construir un esquema de poder y de enriquecimiento personal, basado a menudo en la extorsión violenta y la impunidad.

La mayoría de los expertos coincide en que si bien el creciente gasto social ha sostenido a los sectores vulnerables y explica en buena medida que la crisis actual no derive en conflictos más graves, esta multiplicidad de “parches” sociales no sirve para erradicar la pobreza y por el contrario “cristalizan la desigualdad social” como señala Agustín Salvia, del observatorio social de la UCA. Y si bien es imposible retirar de golpe una ayuda que hoy sostiene a casi la mitad de los hogares del país, debiera articularse con reformas que promuevan la inversión privada y la creación de empleo formal genuino e inversión en infraestructura social, educación, salud y hábitat, para salir de la emergencia permanente. También considerar que garantizar la transparencia de gestión, la rendición de cuentas y sistemas expeditos para recibir reclamos y denuncias son la mejor manera de proteger los derechos sociales, al controlar los abusos del poder.


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