Rutas y desvíos
El Gobierno nacional ha convertido en dogma el sostenimiento del equilibrio fiscal, una idea que ganó consenso en la sociedad dadas las desastrosas consecuencias económicas y sociales que ha tenido en nuestra historia el financiamiento de abultados déficits con emisión monetaria y deuda. Sin embargo, las revelaciones sobre el destino de los fondos del impuesto a los combustibles y el pésimo estado de las rutas federales ponen en tela de juicio las formas en que se logra el superávit y su impacto institucional.
La Casa Rosada admitió esta semana que parte del dinero recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que por ley deben usarse para financiar el mantenimiento y ampliación del Sistema Vial Integrado (SisVial), fueron destinados a colocaciones financieras del Tesoro y así mantener el orden contable de la administración nacional.
La magnitud de las cifras oficiales ayuda a entender la importancia del problema. El impuesto vial recaudó cerca de 1,5 billones de pesos durante los dos años y medio de la gestión del presidente Milei, pero apenas la cuarta parte (26%) de ese fondo, se ejecutó en obras viales y acumula una subejecución del 74%. La diferencia no es una abstracción contable: son recursos que no llegaron a una infraestructura esencial para la producción, el transporte y la seguridad de los ciudadanos, que ya estaba en estado calamitoso antes de la gestión libertaria.
Aunque el mantra “obra pública cero” quizás fuera eficaz en el shock inicial de un plan de estabilización que buscaba evitar la hiperinflación, su permanencia es cuestionable. Más aún cuando en este lapso el componente impositivo de la nafta súper se actualizó 1.265%, superó con creces la inflación del periodo (320%) y pasó a representar una porción cada vez mayor del precio de los combustibles, mientras las rutas siguen abandonadas.
Cada vez que llena el tanque, el consumidor paga más por un impuesto que tiene una afectación legal precisa y sin embargo ese esfuerzo tributario, que repercute negativamente en sus ingresos, no se ve reflejado en mejor infraestructura.
Las consecuencias de este desfasaje en la región son evidentes. Río Negro y Neuquén negocian desde tiempo el traspaso de rutas nacionales como la 22, la 151 o la 40, pero advierten que no pueden recibir trazas abandonadas, con conflictos legales y sin dinero para ponerlas en condiciones, más allá de los planes de establecer peajes.
Tanto el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck como su par neuquino Rolando Figueroa cuestionaron el posible desvío de recursos y reclamaron transparencia sobre los recursos del SisVial, al que consideran vital tanto para la fruticultura y la ganadería como para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta. Rutas deterioradas aumentan los tiempos y costos del transporte, afectan la circulación de personas y mercaderías y reducen la competitividad de las economías regionales. Pero es además un problema que se mide en vidas humanas perdidas cada semana en los caminos de la región.
Sin embargo, existe una dimensión aún más delicada: la institucional. Un presupuesto equilibrado es un objetivo loable y legítimo de la política económica, pero no debiera ser indiferente el método utilizado para lograrlo. Si un impuesto tiene un destino específico definido por ley, modificarlo sin discusión parlamentaria tensiona un principio básico de la legalidad democrática. Más aún en un sistema federal, donde parte de esa recaudación corresponde a las provincias.
En la discusión, donde hubo varias denuncias penales y pedidos de informes, hay que evitar las simplificaciones y exageraciones. Como explicaron varios especialistas esta semana, la utilización política de recursos y la negociación entre Ejecutivo nacional gobernadores y legisladores forman parte de la dinámica habitual de los sistemas presidencialistas federales. Ocurrió en Argentina en el pasado y en países como EE.UU.
El problema es cuando la estrategia política afecta el Estado de derecho: entran a debatirse los límites del poder central y el respeto a la institucionalidad.
El conflicto por el ICL promete convertirse en uno de los ejes más calientes de la relación del presidente con los gobernadores y la negociación legislativa del Presupuesto 2027.
El superávit fiscal no puede justificar cualquier procedimiento. En este conflicto, el Congreso tiene que recuperar el rol que le corresponde: controlar al Ejecutivo, hacer cumplir la ley y garantizar que el federalismo no quede reducido a una negociación coyuntural. Porque junto a las rutas, se terminan deteriorando la producción, la seguridad y la confianza de los ciudadanos en el Estado.
El Gobierno nacional ha convertido en dogma el sostenimiento del equilibrio fiscal, una idea que ganó consenso en la sociedad dadas las desastrosas consecuencias económicas y sociales que ha tenido en nuestra historia el financiamiento de abultados déficits con emisión monetaria y deuda. Sin embargo, las revelaciones sobre el destino de los fondos del impuesto a los combustibles y el pésimo estado de las rutas federales ponen en tela de juicio las formas en que se logra el superávit y su impacto institucional.
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