Todos en el barro
Dos hechos recientes volvieron a recordar la baja calidad de la dirigencia política en nuestro país.
El primero, un escándalo en Diputados que frustró la sesión en donde debían renovarse las autoridades del cuerpo y tratarse proyectos consensuados.
Otro fueron las reacciones a la condena a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad, de apoyos a su líder y denuncias de “lawfare” en el oficialismo y satisfacción “por el accionar de la Justicia” en la oposición, pero sin que nadie propusiera remedios a un sistema que favorece la corrupción.
La trifulca en Diputados terminó paralizando al cuerpo, y quienes se encuentran por fuera de la “grieta” temen que la falta de confianza y respeto mínimo entre las coaliciones mayoritarias anule toda actividad legislativa. En medio de gestos obscenos y machistas, acusaciones de asesinato, amenazas e insultos cruzados, cada bando habrá creído que logró dejar un mensaje diferenciador, pero la forma se impuso al fondo y la conclusión de quienes miraron el penoso espectáculo es más simple: “son todos lo mismo”.
El fondo de la pelea es la elección de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura. Mientras el resto de los estamentos (jueces, académicos, abogados, el Ejecutivo) logró elegir a sus representantes por consenso o votación democrática, el Poder Legislativo es el único incapaz de nombrar a los suyos. Lo peor es, como advirtió la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que la parálisis del cuerpo dejará sin sanción a más de 40 jueces y funcionarios judiciales de todo el país acusados de mal desempeño o corrupción.
Esta percepción de “pelea en el barro”, donde es difícil diferenciar a los contendientes, se dio también tras el veredicto judicial que condenó a la expresidenta y a otros ocho acusados por defraudar al Estado en la contratación de la obra pública en Santa Cruz. El día anterior al veredicto, se publicó un chat donde un grupo de jueces, fiscales, políticos, empresarios de medios y publicistas discutían cómo ocultar datos y falsear documentación sobre un viaje realizado por ellos a la estancia Lago Escondido, con financiamiento turbio y objetivos desconocidos. La noticia generó una cadena nacional del Presidente, que validó sin confirmación una información obtenida de manera ilegal.
El oficialismo puso al caso como ejemplo del “complot” entre “medios hegemónicos”, empresarios y la Justicia que estaría detrás de la condena a la Vicepresidenta. La oposición criticó la difusión del chat y defendió a funcionarios de JxC implicados argumentando la “ilegalidad” de la prueba, olvidando que ya existían evidencias anteriores del viaje y que no es un tema político sino penal: que funcionarios reciban regalos es un delito, dádivas, y debe ser investigado a la brevedad.
En los cruces para ver quién es más o menos corrupto, nadie aportó iniciativas para resolver los problemas de fondo.
El fallo de Vialidad confirmó la obsolescencia de la ley de contrataciones del Estado, que tiene enormes agujeros por donde se cuela la corrupción. También la financiación ilegal de la política mediante el desvío de fondos públicos. Y la posibilidad de un funcionario de hacer negocios mientras ejerce la función pública. Que la discrecionalidad en las adjudicaciones, la falta de controles y la cartelización de la obra pública tiene en Santa Cruz el ejemplo más escandaloso, pero se repite en otras provincias.
El caso Huemules revela que el contubernio entre servicios, jueces y políticos sigue intacto desde el menemismo y sólo cambia el sentido según quién maneje el poder: quienes lo usaron en su beneficio ayer son los denunciantes perjudicados de hoy.
Mientras los sótanos de la democracia siguen intactos y las condiciones para la futura corrupción inalterables, la dirigencia hace honor al tango Cambalache. Su declamación de “no somos lo mismo” aparece poco creíble a una ciudadanía cada vez más escéptica de la política y que espera soluciones inmediatas a graves problemas económicos y sociales que suman décadas.
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