Venezuela, drama regional

27 may 2018 - 00:00

La votación que definió un nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro difícilmente pueda ser calificada como una elección democrática, ya que careció de los mínimos estándares de transparencia, justicia y competitividad que el sistema requiere. Y sólo servirá para agravar aún más la crisis económica y social que vive ese país, que podría tener un negativo impacto en toda la región sudamericana.

Las reacciones posteriores al comicio no fueron alentadoras. El país caribeño recibió una nueva andanada de sanciones económicas de Estados Unidos, mientras que Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, México, Canadá y Costa Rica llamaron a sus embajadores en protesta por las enormes irregularidades que presentó todo el proceso electoral. Sólo los países del “eje bolivariano” (Cuba, Bolivia y Nicaragua) y aliados extrarregionales como Rusia avalaron al presidente reelecto.

En sus primeras palabras, Maduro llamó formalmente a una “reconciliación nacional”, pero sus gestos concretos estuvieron lejos de cualquier acercamiento: juramentó el cargo ante la cuestionada Asamblea Constituyente ignorando al Congreso, todavía dominado por la oposición, y realizó una severa advertencia por un supuesto “complot” en las (hasta ahora) monolíticas Fuerzas Armadas.

Los analistas políticos vaticinan un negativo escenario poselectoral: mayor aislamiento internacional, profundización de la crisis económica y un elevado nivel de conflictividad que obligará al gobierno chavista a reforzar sus dispositivos autoritarios. El apoyo de Rusia, China e Irán no alcanzará para que el país con mayores reservas petroleras de la región pueda compensar las represalias económicas que seguramente recibirá de Washington y Europa, sus principales socios comerciales, al mismo tiempo que el desconocimiento de la elección por parte del Grupo Lima (13 países latinoamericanos más Canadá) reduce su margen de acción político en el continente.

Los comicios desnudaron el escuálido respaldo popular con que cuenta hoy el presidente. En una votación donde el chavismo controló el organismo electoral, proscribió a los principales candidatos y fuerzas opositoras y puso en acción masivamente los recursos del Estado para movilizar el voto a su favor, apenas logró una participación inferior al 46% del electorado. Datos extraoficiales la reducen incluso al 30%. La protesta de quienes se negaron a ir a las urnas se extendió a su base electoral chavista: Maduro recibió un millón de votos menos que en el 2013. La oposición que aceptó participar ratificó también su desconexión con los venezolanos: no llegó al 21% de los sufragios emitidos.

Un gobierno con exigua legitimidad política y acosado por nuevas sanciones externas deberá enfrentar ahora una crisis que ha contraído el PBI un 45% desde el 2013 y generado un proceso hiperinflacionario que cerraría este año con una suba de precios del 13.800%. A pesar de la fuerte suba del petróleo en el mercado mundial, la producción de crudo en Venezuela, el 96% de sus ingresos, cayó a su nivel más bajo en 30 años. La crisis humanitaria que vive la población, con salarios de hambre y escasez crónica de medicinas y alimentos ha llevado a un éxodo que se estima en más de un millón de personas desde el 2015, poniendo una fuerte presión a las zonas fronterizas con Brasil y Colombia.

Un gobierno con ínfima legitimidad popular y aislado internacionalmente enfrenta hoy a una oposición dividida y que también ha perdido la confianza de los ciudadanos. El agravamiento de la situación económica limita además la capacidad de Maduro para mantener los privilegios que garantizan el apoyo de las Fuerzas Armadas, el sostén político más importante del régimen, donde ya hay fisuras.

Todos estos factores conforman un cóctel explosivo cuyas ondas expansivas podrían extenderse más allá de sus fronteras. Esto pone a los países y organizaciones regionales en la delicada tarea de presionar por un verdadero diálogo nacional sin condiciones que permita una salida democrática a la crisis, pero evitando políticas que agraven aún más las penurias que hoy soporta el grueso de su población.

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