El aguantadero mercosureño
En un ocasión, el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica dijo creer que el gobierno argentino se había propuesto “hacer añicos” el Mercosur, ya que lo consideraba inútil y, de todas formas, no le importaban en absoluto las reglas que supuestamente debería respetar, pero parecería que se equivocaba. A mediados del año pasado, los estrategas kirchneristas decidieron que el bloque que se había improvisado con la finalidad de impulsar la integración de las economías de la región sí serviría para algo puesto que, con algunas modificaciones jurídicas, podría brindar a los legisladores del virtualmente ignoto, por tratarse de una asamblea meramente decorativa, Parlasur la protección legal que algunos necesitarían para no correr peligro de terminar entre rejas. Asimismo, al aprobar el Senado, merced a la presencia oportuna del expresidente Carlos Menem, una ley según la cual la elección de los representantes argentinos coincidiera con las presidenciales, se abrió la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabece la lista sábana que el Frente para la Victoria oficialista ofrezca al electorado en los meses próximos. Desde el punto de vista de los kirchneristas se trataría de un beneficio adicional, ya que le permitiría a la señora continuar desempeñando un papel protagónico en el escenario político nacional y, apuestan los optimistas, los ayudaría a cosechar más votos. Aunque es poco probable que se les hubiera ocurrido a los fundadores del Mercosur, el presidente Raúl Alfonsín y su homólogo brasileño José Sarney, que un día la entidad supranacional que esperaban fuera una versión latinoamericana de la Comunidad Europea, antepasada ella de la Unión Europea actual, podría degenerar en un aguantadero para políticos con buenos motivos para no querer quedarse sin fueros parlamentarios, acaso no se hubieran sentido demasiado sorprendidos por lo que sucedería. Con la excepción notable de Uruguay, todos los países miembros del Mercosur son notoriamente corruptos, de suerte que entre sus dirigentes siempre habrá personajes deseosos de mantenerse fuera de los alcances de la ley. Dicha realidad, combinada con lo extraordinariamente difícil que sería convencer a los distintos gobiernos a hacer algunas concesiones, por minúsculas que fueran, que los obligarían a subordinar sus propios intereses inmediatos a los del conjunto, aseguraba que, andando el tiempo, los integrantes más astutos de la clase política regional pensarían en cómo sacar provecho personal del proyecto mercosureño. En opinión de casi todos, entre ellos, es de suponer, muchos kirchneristas, la voluntad oficial de tomar en serio el Parlasur, una asamblea que desde el 2007 existe de manera embrionaria pero no funcionará como está previsto antes del 2020, se debe a la conciencia de que, sin fueros, a Cristina no le sería nada fácil defenderse contra quienes la acusan de amontonar una cantidad fenomenal de dinero en los años últimos con métodos que son incompatibles con su investidura. Con todo, aunque los dirigentes opositores dan por descontado que lo que quiere el oficialismo es garantizar la impunidad de su líder, el que hasta el 2020 el Parlasur sea una institución incompleta podría plantearle muchos problemas jurídicos, ya que los resueltos a poner en marcha el tan demorado operativo manos limpias local argüirán que los fueros no tendrán vigencia legal hasta que los eventualmente elegidos para integrar la asamblea hayan asumido formalmente. De surgir diferencias en torno a la vigencia, o no, de los fueros, tendrían que dirimirlas juristas de un tribunal latinoamericano o mercosureño, con el riesgo de que estallaran escándalos humillantes. Por cierto, el que el gobierno brasileño parezca decidido a librar una guerra sin cuartel contra la corrupción debería motivar preocupación entre los tentados por la idea de que ocupar un escaño en el Parlasur los blindaría contra la Justicia de su propio país sin que tuvieran que hacer mucho más que asistir a algunas sesiones nada exigentes. Igualmente malo, desde el punto de vista de los interesados en servirse así del parlamento del Mercosur, sería que algunos legisladores, quizás muchos, quisieran que resultara ser una institución prestigiosa y por lo tanto repudiaran los intentos de los gobiernos de países corruptos de hacer de él un escondite para malhechores.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 1 de octubre de 2014
En un ocasión, el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica dijo creer que el gobierno argentino se había propuesto “hacer añicos” el Mercosur, ya que lo consideraba inútil y, de todas formas, no le importaban en absoluto las reglas que supuestamente debería respetar, pero parecería que se equivocaba. A mediados del año pasado, los estrategas kirchneristas decidieron que el bloque que se había improvisado con la finalidad de impulsar la integración de las economías de la región sí serviría para algo puesto que, con algunas modificaciones jurídicas, podría brindar a los legisladores del virtualmente ignoto, por tratarse de una asamblea meramente decorativa, Parlasur la protección legal que algunos necesitarían para no correr peligro de terminar entre rejas. Asimismo, al aprobar el Senado, merced a la presencia oportuna del expresidente Carlos Menem, una ley según la cual la elección de los representantes argentinos coincidiera con las presidenciales, se abrió la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabece la lista sábana que el Frente para la Victoria oficialista ofrezca al electorado en los meses próximos. Desde el punto de vista de los kirchneristas se trataría de un beneficio adicional, ya que le permitiría a la señora continuar desempeñando un papel protagónico en el escenario político nacional y, apuestan los optimistas, los ayudaría a cosechar más votos. Aunque es poco probable que se les hubiera ocurrido a los fundadores del Mercosur, el presidente Raúl Alfonsín y su homólogo brasileño José Sarney, que un día la entidad supranacional que esperaban fuera una versión latinoamericana de la Comunidad Europea, antepasada ella de la Unión Europea actual, podría degenerar en un aguantadero para políticos con buenos motivos para no querer quedarse sin fueros parlamentarios, acaso no se hubieran sentido demasiado sorprendidos por lo que sucedería. Con la excepción notable de Uruguay, todos los países miembros del Mercosur son notoriamente corruptos, de suerte que entre sus dirigentes siempre habrá personajes deseosos de mantenerse fuera de los alcances de la ley. Dicha realidad, combinada con lo extraordinariamente difícil que sería convencer a los distintos gobiernos a hacer algunas concesiones, por minúsculas que fueran, que los obligarían a subordinar sus propios intereses inmediatos a los del conjunto, aseguraba que, andando el tiempo, los integrantes más astutos de la clase política regional pensarían en cómo sacar provecho personal del proyecto mercosureño. En opinión de casi todos, entre ellos, es de suponer, muchos kirchneristas, la voluntad oficial de tomar en serio el Parlasur, una asamblea que desde el 2007 existe de manera embrionaria pero no funcionará como está previsto antes del 2020, se debe a la conciencia de que, sin fueros, a Cristina no le sería nada fácil defenderse contra quienes la acusan de amontonar una cantidad fenomenal de dinero en los años últimos con métodos que son incompatibles con su investidura. Con todo, aunque los dirigentes opositores dan por descontado que lo que quiere el oficialismo es garantizar la impunidad de su líder, el que hasta el 2020 el Parlasur sea una institución incompleta podría plantearle muchos problemas jurídicos, ya que los resueltos a poner en marcha el tan demorado operativo manos limpias local argüirán que los fueros no tendrán vigencia legal hasta que los eventualmente elegidos para integrar la asamblea hayan asumido formalmente. De surgir diferencias en torno a la vigencia, o no, de los fueros, tendrían que dirimirlas juristas de un tribunal latinoamericano o mercosureño, con el riesgo de que estallaran escándalos humillantes. Por cierto, el que el gobierno brasileño parezca decidido a librar una guerra sin cuartel contra la corrupción debería motivar preocupación entre los tentados por la idea de que ocupar un escaño en el Parlasur los blindaría contra la Justicia de su propio país sin que tuvieran que hacer mucho más que asistir a algunas sesiones nada exigentes. Igualmente malo, desde el punto de vista de los interesados en servirse así del parlamento del Mercosur, sería que algunos legisladores, quizás muchos, quisieran que resultara ser una institución prestigiosa y por lo tanto repudiaran los intentos de los gobiernos de países corruptos de hacer de él un escondite para malhechores.
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