El BPN sigue sin control de la Legislatura

NEUQUEN (AN).- Cuando el Banco Provincia de Neuquén estaba apunto de naufragar, la Legislatura salió en su auxilio y aprobó en diciembre de 2000 una ley que transformó la entidad en Sociedad Anónima. Pasaron más de 19 meses de aquel salvataje, y los diputados neuquinos todavía no constituyeron el órgano de control de gestión del banco, que establecía la norma, para monitorear la administración encabezada por Luis Manganaro.

Las autoridades del BPN SA tampoco presentaron información relacionada con el balance general, los estados de resultados contables a la Cámara tal como lo prevé la ley, pero los legisladores no los han solicitado.

Así lo confirmaron a «Río Negro» diputados de distintos bloques, quienes admitieron que es una deuda pendiente. Este diario intentó comunicarse con algún directivo del BPN SA para conocer la posición de la entidad; sin embargo las gestiones a través de la oficina de prensa fueron infructuosas.

La ley 2351 -en vigencia desde enero de 2001- prevé en su capítulo segundo la creación de una comisión técnica de control con la responsabilidad de evaluar la gestión económica financiera del banco, analizar la dispersión y composición de la cartera de créditos y su grado de morosidad, realizar un seguimiento especial de las distintas líneas u operatorias de crédito, evaluar las tasas activas y pasivas utilizadas, realizar el análisis de los costos financieros, verificar el cumplimiento de los objetivos fijados por el directorio y controlar los gastos de funcionamiento, inversiones en equipamiento y bienes de uso.

Además, la comisión tiene que presentar un informe trimestral a la Legislatura con un análisis de la gestión empresaria del período, particularizando en la evaluación de la gestión económica financiera y el análisis de los costos.

El órgano de control, según estipula la normativa, estará conformado por tres miembros designados por la Legislatura a propuesta de cada uno de los bloques con mayor representación parlamentaria. Los integrantes tienen un mandato de cuatro años y deben ser contador público nacional, licenciado en Economía o Administración.

El banco se transformó en SA gracias a un salvataje de unos 60 millones de pesos que sirvió para capitalizarlo. Y en paralelo se condonó una deuda de 70 millones mediante la transferencia de la cartera de deudores al Iadep.

La ley que convalidó el proceso incluyó un programa de propiedad participada que asignó al Estado provincial el 90% de las acciones y el 10% restante quedó en manos de los empleados.

La delegación local de la Asociación Bancaria mantiene una disputa legal con la conducción del BPN SA por supuestas irregularidades en la transferencia de parte de las acciones del personal y la representación que les corresponde a los empleados en la administración de la entidad (ver aparte).

El presidente del bloque del Justicialismo, Aldo Duzdevich, dijo que «el MPN demoró la puesta en funcionamiento de la comisión» de control. Y opinó que «se tendría que empezar a cumplir con la norma». De todos modos, destacó que el BPN SA tiene otras instancias de fiscalización como una sindicatura interna, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas de la provincia.

El emepenista y presidente de la comisión de Hacienda, Eduardo Carbajo, puntualizó que los integrantes de la comisión «no se han designado porque no salió el tema». Pero planteó que el poder de contralor lo tiene el Poder Ejecutivo, mientras no funciona la comisión de fiscalización.

Jorge Tobares (MPN) aseguró que «no hubo seguimiento del estado patrimonial, financiero y contable del BPN SA, y la entidad no envió información».

«Estamos en falta», indicó el aliancista Ricardo Villar. Pero recalcó que «el banco es tierra virgen». La Alianza pidió meses atrás información sobre los gastos de publicidad de la Fundación del BPN SA. La solicitud chocó con el hermetismo de las autoridades de la entidad y, por el momento, se dirime en la justicia.

Sus compañeros de bloque, Osvaldo Forsetti y Jorge Taylor afirmaron que el banco no ha presentado hasta el momento información sobre los estados contables y situación financiera.

Forsetti recordó que crear un órgano de control «fue una propuesta del bloque Justicialista». «A nosotros (por la Alianza) no nos cerraba la idea porque no estaba determinado quién pagaba los honorarios de los profesionales y había que tener un mínimo de infraestructura para que trabajen», confió.

El menemista Carlos Asaad sostuvo que «no se conversó nunca el tema del banco». Pero afirmó que la reglamentación de la ley depende de la presidencia de la entidad porque «son ellos los que tienen que dar cumplimiento a la ley».

El diputado del ARI, Carlos Moraña, admitió que la conformación del órgano «no la hemos propuesto». Dijo que la Cámara no pidió informes sobre la administración del banco y la entidad «nunca mandó nada» relacionado con su funcionamiento.

La Bancaria irá a la Justicia Federal por las acciones

NEUQUEN (AN).- El secretario general de la delegación local de la Asociación Bancaria, Francisco Melo, dijo que acudirán en los próximos días a la Justicia Federal para que interceda en la pelea legal que mantiene el gremio con las autoridades de la provincia y del BPN SA por una parte de las acciones de los empleados y su representación en la conducción de la entidad.

Melo sostuvo que ya fueron asesorados por la sede central del gremio, que los acompañará en la presentación judicial a raíz de la falta de respuestas a sus reclamos por parte de las autoridades del gobierno neuquino y el directorio del BPN SA.

Recordó que la causa se originó tras detectar que el 5 por ciento de las acciones correspondientes a los trabajadores del BPN SA están en poder del subgerente departamental David Gustavo Fernández, quien además asumió -sin autorización- la representación de los empleados por el programa de propiedad participada (PPP) contemplado en la ley 2351, que transformó al banco en Sociedad Anónima.

Esa ley dividió las acciones de la entidad -que representan 38 millones- en A y B. Las primeras quedaron en manos del Estado provincial, suman el 90%, y no pueden ser transferidas. Las B le corresponden a los empleados y conforman el PPP que equivale a 3.800.000 pesos.

De acuerdo con la norma, el 5% de esas acciones participadas, que suman 1,9 millón de pesos, se distribuyen en forma gratuita entre el personal. Y el 5% restante, la obtendrán previo pago.

Sin embargo, en mayo pasado cuando se constituyó el BPN en SA ante el registro público de comercio y la dirección de personas jurídicas, Fernández se presentó como representante del PPP. Por el Estado lo hizo el jefe de Gabinete, José Brillo. En consecuencia, Melo señaló que Fernández acumula acciones por 1.900.000 pesos, que le corresponde a la totalidad de los empleados porque no existe ninguna norma que acredite esa transferencia.

Esa supuesta irregularidad fue denunciada en mayo último para que la Fiscalía de Estado investigue si la provincia cometió el delito de falsedad ideológica, incumplimiento y violación de deberes de funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos. Pero la fiscalía derivó la causa a la justicia penal.

El dirigente gremial reclama que se cumpla un decreto del gobernador Sobisch según el cual la Bancaria debe asumir la representación de los trabajadores.

Advierten sobre una «campaña» contra Villar

NEUQUEN (AN)- Un grupo de militantes radicales salió en defensa del legislador Ricardo Villar, a quien consideraron blanco de «una campaña de desprestigio» impulsada por el Movimiento Popular Neuquino, con el objetivo de «quitarle credibilidad» a un dirigente «que se caracteriza por su inclaudicable oposición al régimen gobernante en la provincia desde hace 40 años».

En una nota conocida ayer, los militantes advirtieron que «esta campaña no tiene como finalidad manifestar preocupación por un favoritismo en la adjudicación de un préstamo», que Villar recibió «cuando no ocupaba ningún cargo electivo».

«Esta campaña demuestra claramente la obsesiva búsqueda del manejo absoluto del poder por parte del sobischismo, postura ideológica que no tolera disenso», dicen los firmantes, entre otros Daniel Verdinelli, Alcira Trincheri, Rubén Chafaux, Osvaldo Di Luca, Demetrio Taranda, Elena Reznik, Sonia Masip y María Montiel.

Advierten por último que «el sobischismo, basado en su concepción totalizante de la política, su verticalismo autoritario y su poder económico, no tendrá límites para perseguir a quienes marquen diferencias con sus políticas de gobierno o que traten de desnudar ante la sociedad la perversidad de sus alianzas estratégicas con grupos económicos».