El camarista Bernardi camino a la destitución

JUDICIALES

El sumario seguido al camarista penal suspendido, Juan Bernardi, inició el camino hacia el enjuiciamiento.

Por unanimidad el Consejo de la Magistratura de la primera circunscripción judicial resolvió en la sesión de ayer formarle causa al juez y remitir las actuaciones a la Procuración General de la Provincia para que formule la requisitoria pertinente.

Al comienzo de la audiencia la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo, Adriana Zaratiegui, puso a consideración de los consejeros dos hechos nuevos elevados por el juez penal Favio Igoldi: uno vinculado a un testimonio del que surgiría alguna conducta de Bernardi en relación a un presunto consumo de drogas y la otra relativa al contenido del CPU secuestrado del despacho del camarista, en el marco de la causa judicial sobre corrupción de menores. En este último caso se habrían detectado imágenes sexuales. Se dispuso una investigación preliminar sobre estos dos hechos.

El camarista penal Marcelo Chironi concluyó que “Bernardi tuvo una conducta impropia de su investidura” al informar ante los consejeros sobre el sumario realizado por el Consejo en dos hechos. Uno vinculado a la intervención de Bernardi como juez en una causa por amenazas contra Julio Antueque, hombre encargado del mantenimiento de su chacra, y el otro por su presunta vinculación con situaciones de corrupción de menores.

Puntualizó que el camarista suspendido recibió a Antueque cuando el trámite le correspondía a Carlos Reussi, quien ese día se encontraba trabajando y en funciones, “circunstancias que no podía desconocer. Bernardi recibió a Antueque en presunto estado de ebriedad y luego de haber manifestado al personal de Presos y Liberados que lo acompañaban que tenía un arma de fuego con la que “mataría por lo menos a dos o se pegaría un tiro. Lo atendió en esa causa cuando éste ya era su empleado, razón por la cual era incuestionable su incompatibilidad además de conocerlo desde hacía tres años y mantener una estrecha relación. Bernardi lo recibió en el marco de un expediente judicial que ya no le correspondía y benefició la situación de Antueque”.

Chironi observó además que “en su rol de magistrado, Bernardi le ofreció trabajo remunerado a una persona que se encontraba condenada por él y que además incumplía con las pautas impuestas, como no consumir bebidas alcohólicas. En esa audiencia le ofreció trabajo cuando Antueque ya lo estaba prestando en la chacra, con lo que Bernardi terminó blanqueando una situación que ya se daba en los hechos. Además Bernardi no documentó nada de lo sucedido en esa audiencia”. Agregó que ante los dichos de Antueque que tenía un arma, “el juez se limitó a pedirle la devolución en su domicilio o bien a quien se la había proveído. Poco importa corroborar si estaba o no armado sino cuál fue la actuación funcional del magistrado. Tampoco bregó por la seguridad de Antueque ni de los operadores del organismo, con lo cual entiendo que esto ha estado compuesto por un sinnúmero de irregularidades”.

Asado con menores

El segundo hecho vinculado a compartir un asado con menores de edad que surge de la causa sobre corrupción de menores en la que están imputados Bernardi y Antueque, Chironi explicó que la imputación es que Bernardi consumó por lo menos un encuentro en su propiedad del que participaron menores de edad institucionalizadas y en riesgo, donde se proveyó alcohol y un espacio para consumirlo con la presencia de Antueque, también en situación de vulnerabilidad por problemas de droga y alcohol .

Tras aclarar que en este sumario no se trató la comisión de delito sino desarreglos de conducta y cuestiones disfuncionales, Chironi interpretó que “Bernardi no podía ignorar esa circunstancia por su condición de haber sido juez en lo correccional, de Instrucción y camarista penal. Siempre con el grado de probabilidad que implica este sumario surge también de las constancias que Bernardi sabía que se trataba de menores de edad”, aclarando que el objeto de este sumario fue un asado porque así se delimitó en este Consejo.

Para Chironi “resulta impropio de la investidura la organización, participación o permisión de este tipo de encuentros en los que aparecen involucrados menores de edad tomando alcohol, sobre todo, en situación de vulnerabilidad con seguimiento institucional cuyo nexo indiscutido era Antueuque, otra persona en riesgo e institucionalizada. Los dos hechos tienen una clara relación entre si. Bernardi aseguró una situación más beneficiosa, entre comillas, porque fue desde lo legal y procesal pero no proteccional en favor de la situación de vulnerabilidad de Antueque y esto más allá que Bernardi lo hubiera hecho con la mejor intención del mundo. Tiene una investidura y una función que no le permite efectuar este tipo de acciones ni tener estas actividades”.

DeViedma